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Nace el proyecto de un Tribunal Internacional contra el Terrorismo

España y Rumania presentan su propuesta de una corte especializada

Policías franceses en la intervención de Saint-Denis
Policías franceses en la intervención de Saint-Denis. Getty

El diccionario de la Real Academia de la Lengua califica el terrorismo de “dominación por el terror”. En la calle, la evidencia y devastación de un acto terrorista resultan evidentes. El derecho internacional, sin embargo, que trata de lograr un ideal de justicia acordado entre Estados soberanos, lleva décadas buscando sin éxito una definición para combatirlo con ayuda de la ley, y no de la fuerza. Y no es por falta de recursos jurídicos. Aunque la legitimidad de una corte de estas características merece un amplio debate, pero lo que de verdad impide crearla es la falta de voluntad política de la comunidad internacional. España y Rumania están convencidas de que ha llegado el momento de crear una instancia judicial para responder al terrorismo a largo plazo, y han presentado en Holanda el proyecto que patrocinan.

Entre 1963, con la firma del Convenio de Tokio sobre las infracciones cometidas a bordo de aviones, y 2007, fecha de la rúbrica de la convención sobre terrorismo nuclear, en Nueva York, han entrado en vigor al menos13 protocolos relativos a la lucha contra diversos tipos de terrorismo. Existe, por tanto, un marco jurídico amplio de cuya imposición se ocupan los Estados. Pero no hay tribunales internacionales competentes para juzgar a los que lanzan una bomba contra objetivos civiles. O bien para perseguir a los que les financian. Y las convenciones antes mencionadas solo pueden aplicarse dotando de competencia a los jueces nacionales. Esa laguna legal es la que Madrid y Bucarest esperan salvar “para que la actual respuesta militar y de refuerzo de la seguridad nacionales ante un atentado, de paso a la lucha contra el terrorismo con las leyes penales internacionales en la mano”, según Ion Gâlea, director general de asuntos legales del ministerio rumano de Exteriores, que ha presentado el proyecto de tribunal junto con José Martin Pérez de Nanclares, jefe de la división de derecho internacional del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Aunque en la cita holandesa nadie mencionó los atentados de París de la pasada semana, la urgencia para acordar una definición sobre el terrorismo vertebra el plan hispano-rumano. Como dijo la experta holandesa Bibi van Ginkel, “las respuestas militares son a corto plazo. Para proteger los valores que el terrorismo ataca, ya sean los derechos humanos, la sociedad civil, el patrimonio cultural o el imperio de la ley, solo se puede aplicar la ley”.

Gâlea y Pérez de Nanclares han visitado a la presidenta y fiscal jefe de la Corte Penal, para mostrarles el embrión del Tribunal, “y han visto que se trata de un complemento, y no de un competidor, de su trabajo”, dice el español. “El terrorismo es una de las grandes amenazas para la paz y la seguridad internacionales, y la regulación fragmentada que tenemos hoy no favorece la redacción de un tratado internacional. Es verdad que la definición es un problema, porque debe mantener el equilibrio entre la seguridad y la libertad. Y puede chocar con escollos como el terrorismo de Estado, o la violencia de los movimientos de liberación nacional, por ejemplo. Pero el terror que este tipo de atrocidades provoca entre la población es de carácter transnacional, y hay que buscar la armonía entre perseguir el acto criminal y mantener el Estado de Derecho. Se puede acordar una definición. Es, sobre todo, un problema de voluntad política. Y de presupuesto, claro”.

Los dos juristas pretenden abrir “un debate sobre la necesidad de cubrir la laguna actual para combatir el terrorismo con mecanismos judiciales; con complementariedad y subsidiariedad, es decir, cuando los Estados no puedan o no quieran abordarlo”, subraya el español. El proyecto está en la mesa de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, desde la Asamblea General del pasado septiembre. Esa fue la presentación política. La más amplia, apoyada en La Haya por el Instituto Asser de Derecho Internacional y Europeo, y el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, empieza ahora.

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