Perú crea un registro de víctimas de esterilización forzada bajo Fujimori

El Gobierno peruano aprobó ayer la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada, una política que desarrolló la Administración del expresidente Alberto Fujimori durante su último mandato (1995-2000). La Defensoría del Pueblo ha registrado más de 2.000 denuncias y 44 muertes por las cirugías de la entonces denominada “anticoncepción quirúrgica voluntaria”. El decreto que crea el registro busca “identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia”, así como permitir su acceso a la atención sanitaria.

En 1997, una obstetra confesó a la antropóloga estadounidense Kimberly Theidon que cuando se acabó la anestesia en una jornada de ligadura de trompas promovida por el Gobierno de Alberto Fujimori, cerraron las puertas para que los gritos de dolor no espantaran a quienes aguardaban su turno. Esterilizaron a 147 mujeres en dos días. Los trabajadores de salud estaban obligados a completar una meta de esterilizaciones que el Ejecutivo supervisaba.

La Defensoría del Pueblo ha registrado 2.074 denuncias y 44 muertes por la llamada “anticoncepción quirúrgica voluntaria” y, según un informe del organismo publicado en 2002, entre 1990 y 2001 se realizaron al menos 272.028 esterilizaciones.

El Gobierno aprobó ayer la creación del registro de víctimas de esterilización forzada entre 1995 y 2000. El decreto supremo indica que servirá para “identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia” y para que sean atendidas según las disposiciones del Seguro Integral de Salud. Además, asigna al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la atención psicológica y el acompañamiento social de quienes se encuentren en el registro.

Perú toma esta medida para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Perú toma esta medida para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que acudieron en 1999 los familiares de Mamerita Mestanza, una mujer que murió tras una cirugía de este tipo sin su consentimiento. En 2003, las partes llegaron a un acuerdo, y el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los políticos implicados, y a reparar a las víctimas.

La abogada Ana María Vidal, del Grupo de Seguimiento a las Víctimas de Esterilización Forzada, comentó que “la norma no contempla otro tipo de reparaciones, como las simbólicas o la indemnización”, es decir, no reconoce obligaciones aún pendientes ante el fuero interamericano, “pero es un primer paso que el Estado reconozca su obligación de atender a las mujeres afectadas por una política pública que se implementó desde los más altos niveles de Gobierno”.

En 2006, el Estado se comprometió a incluir en el Seguro Integral de Salud a las mujeres víctimas de esta práctica y a sus familiares, pero según la ONG Demus solo 83 han podido afiliarse desde entonces.

En un libro publicado en 2014 por la investigadora Alejandra Ballón, la antropóloga Theidon sostiene que las esterilizaciones forzadas no fueron solo un mecanismo de lucha contra la pobreza en la población rural, sino una “guerra quirúrgica contra las mujeres pobres” que podrían procrear niños que al crecer supuestamente iban a sumarse al grupo terrorista Sendero Luminoso.