“Este acuerdo perpetúa la impunidad”

José Miguel Vivanco se ha vuelto omnipresente en Colombia. Desde que el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmasen el acuerdo de justicia, un punto de inflexión en las negociaciones que se desarrollan en La Habana desde hace casi tres años, el director para América de Human Rights Watch se ha convertido en uno de los mayores críticos con este pacto. Su oposición le ha colocado en un camino paralelo al del expresidente colombiano Álvaro Uribe, uno de sus mayores azotes durante años, que le llegó a tachar de “cómplice” de la guerrilla. Pese a que la conversación pretende ir más allá del proceso colombiano, lo pactado en La Habana está presente en todo momento.

Pregunta. ¿Qué le parece la posición del Gobierno frente al acuerdo de justicia?

Respuesta. Somos partidarios de la negociación para lograr el fin del conflicto armado colombiano, pero creo que es importante entender que no se trata simplemente de ponerse de acuerdo en unos términos. Lo importante es examinar cuál será el grado de impacto real que un acuerdo de esta naturaleza pueda tener en el campo colombiano, en aquellas regiones donde los campesinos o personas en una posición de vulnerabilidad han estado expuestas a miles de atrocidades y abusos, no solo de las FARC, también de agentes del Estado y paramilitares. Cuando uno examina este acuerdo y descubre que los responsables, a cambio de confesar sus crímenes, no irán a prisión inmediatamente la principal preocupación es hasta qué punto este acuerdo perpetua la impunidad, que ha sido la regla en Colombia durante tantos años. Obviamente, dado que se está negociando un acuerdo de paz es preciso ser conscientes de la necesidad de hacer concesiones muy fuertes, como por ejemplo la reducción de penas. La historia está cargada de ejemplos de que, frente a este tipo de atrocidades, hay impunidad. Esa ha sido la norma. La excepción ha sido la justicia. Esto nos retrotrae a Sudáfrica, hace 20 años. El servicio a la comunidad como sanción para crímenes de lesa humanidad resulta grotesco.

P. La Corte Penal Internacional (CPI) ha dicho que se trata de un “paso significativo” para el fin del conflicto. ¿Qué le parece esa reacción?

Sabemos que se tienen que hacer concesiones, pero esas pueden ser la reducción de penas"

R. No tengo comentarios al respecto. Me parece una declaración que podríamos compartir todos. No está diciendo que esté bien o está mal. Me parece casi protocolario, que es lo que correspondía hacer.

P. ¿Puede haber un equilibrio entre paz y justicia?

R. Creo que esa dicotomía existe pero no se puede plantear en términos simplistas, como usualmente se hace. Para que un acuerdo tenga peso e impacto, sea creíble y sea avalado por el pueblo, tiene que tener el componente de justicia. Sabemos que se tienen que hacer concesiones, pero esas pueden ser la reducción de penas, no una propuesta tan extrema como esta, que exime de prisión a criminales de guerra.

P. ¿Es inevitable exigir a las víctimas una mayor dosis de sacrificio en aras de lograr la paz?

La historia está plagada de ejemplos de impunidad frente a crímenes de guerra"

R. Yo creo que las víctimas lo han sacrificado todo. Las del Estado, las del paramilitarismo y las de la guerrilla. El sacrificio ha sido sublime. Me cuesta creer que alguien pueda plantear que no han sufrido lo suficiente. Lo mínimo que se les puede demostrar es que el Estado está con ellas. La historia está plagada de ejemplos de impunidad frente a crímenes de guerra. En el nombre de la paz, del derecho a la autodeterminación, de la transición de un régimen dictatorial a una democracia siempre hay valores superiores que se han invocado para justificar que los que han cometido hechos atroces no paguen por sus crímenes.

P. Más allá del caso colombiano, ¿qué proceso destacaría como el más equilibrado y el que menos?

R. Hay muy pocos ejemplos, y por ello la importancia del proceso colombiano. Sería el primero significativo que se da con el Tratado de Roma, que crea la CPI, en vigor. Es un test muy importante, que sirve para examinar en qué estamos. Representa un desafío existencial para la CPI. La razón de ser de la Corte es garantizar que frente a crímenes de guerra y lesa humanidad exista justicia. Si este acuerdo supera el test de la Corte Constitucional colombiana y la CPI termina tácitamente o explícitamente avalándolo estamos ante un nuevo modelo, que no es muy distinto al que se existía. En la práctica es un retroceso y pone en entredicho la razón de ser de la CPI.

P. ¿Qué espera de la Corte Penal Internacional?

R. Yo espero primero que esto se siga debatiendo en Colombia. El pueblo colombiano tiene derecho a participar activamente. Tengo gran fe en la Corte Constitucional, que siempre ha servido para dirimir este tipo de contiendas. Sus decisiones siempre han estado del lado de las víctimas.

P. ¿La llamada justicia transicional equivale a impunidad?

R. Se puede transformar en un eufemismo que ayuda a esconder la impunidad.