Una huelga contra la austeridad paraliza Finlandia

Decenas de miles de trabajadores finlandeses han colapsado este viernes el centro de Helsinki en una multitudinaria manifestación en protesta contra los recortes anunciados por el Ejecutivo de centro-derecha del primer ministro Juha Sipilä. Al cumplirse los cien días desde su llegada al poder, el Gobierno tripartito se encuentra en franca confrontación con los sindicatos. Las tres principales organizaciones sindicales del país —SAK, STTK y Akava— han llamado a un paro que, según sus portavoces, ha paralizado el 75% de las actividades del país nórdico.

Bajo una intensa lluvia, miles de trabajadores se han concentrado en la plaza de la estación para escuchar a los líderes sindicales. "Finlandia la construimos con la cultura del acuerdo, no con decretazos que menoscaben los derechos laborales", ha dicho Lauri Lyly, presidente del principal sindicato, SAK.

Las tres organizaciones sindicales suman 2,2 millones de afiliados, lo cual equivale a cerca del 80% de la población activa del país. La de este viernes ha sido la mayor protesta obrera registrada en el país nórdico en las dos últimas décadas.

El Gobierno, surgido tras las elecciones legislativas de abril, ha intentado aplicar reformas con el fin de mejorar la competitividad del país, que se ha visto seriamente lastrada durante el último lustro. El primer ministro intentó en dos ocasiones sellar un amplio acuerdo social, que los sindicatos consideraron como un marco que protegía los intereses de la confederación de empleadores.

Hace 10 días, el Gobierno presentó su programa económico, donde estipula que el déficit de sostenibilidad es de 10 000 millones de euros. El documento prevé el ahorro de 4.000 millones por medio de recortes, otros 4.000 por reformas estructurales, además de la reducción de un 5% de los costes laborales.

Según Antti Palola, presidente del sindicato STTK, aquel día fue "un martes negro". El proyecto establece un recorte en todas las horas extraordinarias y de las vacaciones pagadas, y los derechos por enfermedad se ven seriamente afectados. El Gobierno informó de que si no se llega a un acuerdo, procederá a implantar dichas políticas a través de decretos por la vía urgente.

El proyecto gubernamental cayó como un balde de agua fría entre las organizaciones sindicales. Sirkku Alsthed es enfermera de maternidad. Según ella, el Ejecutivo intenta hacer pagar los costes de la crisis a los trabajadores y, en especial, a las trabajadoras con salarios más bajos. "El recorte en las horas extras es un tijeretazo a nuestros ingresos. Esto puede representar un 25% en nuestros escuálidos salarios. Si todos tenemos que aportar para salir de esta situación, también los empleadores deberían contribuir con su parte", dice la enfermera.

A menos de 48 horas de la huelga, el primer ministro se dirigió a la nación por radio y televisión. "El crecimiento económico de Finlandia es el más bajo de Europa, y nuestra economía ha menguado en los últimos años. En ningún otro país de Europa el desempleo crece tan rápido como en Finlandia. El Estado finlandés se endeuda casi un millón de euros cada hora, día a noche, y así hemos estado durante siete años. Así no podemos continuar. El dinero se acaba", afirmó.

Finlandia atraviesa una larga crisis económica. Según economistas e instituciones financieras, en 2015 la economía registrará un crecimiento negativo, y será el cuarto año consecutivo. El PIB de la otrora dinámica economía nórdica está un 4,5% por debajo de los niveles registrados en 2007. La deuda pública se ha duplicado hasta un 63% del PIB, y el desempleo llega a un 11%.

Los agentes sociales, en general, concuerdan con el diagnóstico del Ejecutivo, pero no en la forma en que este quiere sacar al país de la crisis. "Con ese paquete del Gobierno, durante la legislatura los trabajadores aportarían 3 600 millones de euros, y los empleadores, 30 millones. El negocio para ellos es redondo", dice Palola, dirigente de STTK.

"El Gobierno no puede fijar el precio del trabajo. Eso es cosa nuestra, de los trabajadores y los empleadores, de los agentes sociales. El Gobierno no puede estropear nuestra larga tradición de negociación y acuerdo", ha dicho Lauri Lyly, del sindicato SAK, a los manifestantes, en la plaza de la estación.