Cuba y EE UU negocian el intercambio de prófugos

La comisión bilateral que este viernes se reúne en La Habana para redactar la agenda de asuntos pendientes entre Estados Unidos y Cuba no sólo abordará temas migratorios, Guantánamo, Radio Martí, derechos humanos y las indemnizaciones reclamadas por quienes perdieron sus propiedades a ser nacionalizadas. Washington planteará la revisión del estatus de refugiado político concedido por Cuba a fugitivos de la justicia norteamericana con cargos de asesinato, terrorismo, secuestro y estafa. A lo largo del medio siglo de confrontación política e ideológica, decenas de prófugos que se decían antiimperialistas encontraron refugio en la isla, mientras Cuba denunciaba a Estados Unidos por su supuesta complicidad con quienes intentaron acabar con la revolución a bombazos.

Durante la negociación de la hoja de ruta hacia la cooperación judicial se han manejado varios nombres, entre ellos los de Joanne Chesimard y el anticastrista Luis Posada Carriles. Chesimard, rebautizada como Assata Shakur, figura en la lista de los más buscados del FBI. Fue miembro de las Panteras Negras y condenada a cadena perpetua en 1977 por matar a un policía cuatro años antes. Escapó de una cárcel de Nueva Jersey en 1979 y vive en la mayor de las Antillas desde 1984. Se ofrecen dos millones de dólares por su captura. Posada Carriles es considerado el autor intelectual del atentado que costó la vida a los 73 pasajeros de un avión de Cubana de Aviación, en 1976. Vive en Miami y nunca ha sido imputado en Estados Unidos. Venezuela pidió su extradición.

Las dos delegaciones abordarán asuntos sobre los que existen “diferentes concepciones”, según la cancillería cubana. Cuba y EE UU discrepan conceptualmente sobre los motivos y circunstancias que indujeron al delito de los fugitivos. “Hace unos años Cuba decidió acoger a un grupo de personas luchadores por los derechos civiles en los Estados Unidos, a los que nuestro Gobierno legítimamente les dio asilo político”, declaró la funcionaria Josefina Vidal a la agencia Associated Press en diciembre del 2014. Al no existir un acuerdo de extradición vigente, expirar los suscritos en 1904 y 1926, y no estar Cuba dispuesta a la entrega de Chesimard y otros, deberán concebirse soluciones técnica y políticamente viables para llegar a un acuerdo.

Exceptuando el caso de la activista negra, cuyo domicilio figuró en el listín telefónico de La Habana, apenas hay información sobre el paradero de las personas incluidas en las requisitorias. El silencio cubano sobre su paradero y movimientos es absoluto. El FBI busca a William Morales, exmilitante de un grupo nacionalista portorriqueño implicado en atentados con explosivos en Nueva York que causaron cuatro muertes. Fuentes estadounidenses sitúan en la isla al exagente de la CIA Frank Terpil, que vendió armas al difunto dictador libio El Gadafi, al atracador Víctor Manuel Gerena, que se hizo con un botín de siete millones de dólares en Connecticut en 1983, y a un defraudador de fondos federales.

La lista de afrentas que los dos países se han infligido acogiendo delincuentes es larga. Robert Vesco fue un prófugo de perfil legendario: desaparecido en 1972 con los 224 millones de dólares robados a inversionistas de Wall Street, huyó a Cuba y allí murió en 2007. Entre 1959 y 2001 fueron desviados a punta de pistola 51 aviones cubanos, principalmente hacia Estados Unidos, entre 1968 y 1984, otros 71 fueron obligados a volar desde EEUU a hacia la isla. En 1980, Cuba quiso zanjar el problema entregando a dos secuestradores a la justicia norteamericana.

El Gobierno de La Habana anticipó años atrás cual sería su punto de arranque en unas eventuales negociaciones sobre fugitivos y entregas: Estados Unidos acogió a quienes atentaron contra intereses cubanos y “jamás ha intentado, siquiera, devolver a alguna de las personas reclamadas por la justicia cubana”.