Maduro vaticina “un proceso duro y largo” para reabrir la frontera

“Que cesen las conspiraciones desde Colombia contra Venezuela. ¡No saben de qué somos capaces los bolivarianos!”. Con esta amenaza apenas velada, el presidente Nicolás Maduro dejó claro este lunes que Caracas se apresta a usar el incidente armado en el que, la semana pasada, tres militares venezolanos resultaron heridos por el ataque armado de presuntos paramilitares colombianos, como base para un litigio de mayor escala.

Maduro llamó a los medios internacionales a una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Quería rebatir “la campaña de la oligarquía mediática” que, denunció, le "quiere presentar como anticolombiano”, cuando todavía no se cumplían 72 horas desde que ordenara el cierre indefinido de la frontera binacional y la suspensión de garantías constitucionales en varios municipios del Estado de Táchira colindantes con Colombia.

Con el paso de las horas, las demandas iniciales de Caracas para superar el impasse —la captura de los responsables del ataque y la reactivación de los acuerdos de cooperación alcanzados en agosto 2014 durante un encuentro en Cartagena de Indias con el presidente Juan Manuel Santos— se amplían y maximizan. Ahora, para la reunión urgente que sostendrán el miércoles en la misma ciudad de la costa atlántica colombiana las cancilleres de ambas naciones, afirmó Maduro, Venezuela asistirá “con optimismo” pero con el objetivo de lograr “una refundación de la zona de la frontera”.

Interrogado por un periodista de la agencia oficial cubana si su Gobierno estaba preparado para una rápida reapertura de la frontera, contestó que no esperaba que se dieran las condiciones mínimas para ello en un plazo corto. “La frontera va a seguir cerrada, caballero”, dijo, y vaticinó un proceso “duro y largo” para restablecer la convivencia en la región.

Anunció que en los municipios donde rige el estado de excepción —seis del Estado de Táchira, después de que este lunes se agregara el municipio Rafael Urdaneta— se constituyó la llamada “Zona 1” con un jefe único militar, el general del Ejército Carlos Alberto Martínez. Admitió, sin abundar en detalle, que en los próximos días se intervendrán otras zonas fronterizas “siguiendo el mismo modelo”. Además de Táchira, otros estados que comparten fronteras con Colombia son Zulia, Apure y Amazonas.

Este lunes se completó la primera jornada laboral en la zona frontera desde que se declaró el estado de excepción. Parte del comercio permaneció cerrado en San Antonio del Táchira. Por la mañana, el Gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, declaró a la televisora estatal Tele Sur que durante los primeros dos días de la campaña se había puesto a la orden del Consulado de Colombia para su deportación unos 1012 ciudadanos colombianos. Algo más tarde, en su programa semanal de radio, el Gobernador Vielma —que permaneció apenas 48 horas al frente de la Zona 1— rectificó, precisando que 791 fueron capturados para su deportación en el barrio La Invasión de San Antonio, mientras otros 725 habían preferido dejar Venezuela “por su cuenta”. Según datos de Migración Colombia, 861 colombianos han sido atentidos desde el viernes: 691 deportados y 170 menores de edad repatriados.

La Invasión es desde el sábado en la mañana la zona cero de la campaña de las fuerzas militares y de seguridad. Durante su rueda de prensa, el presidente Maduro avisó que serán demolidas todas las viviendas de esa villa miseria, donde hasta ahora se congregaban 3.000 personas. Durante los allanamientos en el lugar, dijo Maduro, se confiscaron uniformes militares y armas. Un burdel con 300 prostitutas, algunas de ellas esclavas sexuales y menores de edad, fue descubierto y echado abajo enseguida. El mandatario venezolano también reveló las identidades de quienes presuntamente integran la banda paramilitar que atacó el miércoles a los militares venezolanos. Dijo que una de los componentes de la banda, Érica Mocada Higuita, de 29 años de edad, ha sido capturada. Los demás estarían fugitivos, algunos en Venezuela y otros en Colombia, según reportes de inteligencia.

En la frontera corrían como pólvora las versiones sobre maltratos y arbitrariedades por parte de las autoridades venezolanas. Mientras Maduro lo negaba, diciendo que ello era imposible debido al protocolo de trato instruido entre las tropas venezolanas, se contaban por decanas los testimonios recogidos por diarios y radioemisoras al otro lado de la línea fronteriza. Por lo demás, el cierre del paso entre los dos países significa una serie mayor de trastornos en la vida diaria de los vecinos de la zona. En Cúcuta se registraron largas filas en las gasolineras para cargar combustible a los automóviles particulares y comerciales, que solían hacerlo en el lado venezolano a precios muicho más baratos. Pacientes de diversas dolencias y estudiantes esperaron horas en el lado venezolano para hacerse de un puesto en el “Corredor Humanitario” que a discreción abren los militares.

Desde Bogotá viajaron el lunes a la fronteriza ciudad de Cúcuta (capital de la provincia de Norte de Santander) la canciller colombiana, María Ángela Holguín, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para pasar revista a la situación, que puede derivar en una crisis humanitaria mientras siguen llegando deportados desde Venezuela. Durante la inspección, recibieron abucheos de los transeúntes.

En cambio, al final de la tarde se acercó al cabo colombiano del puente internacional Simón Bolívar, sobre el fronterizo río Táchira, el expresidente colombiano y archienemigo del chavismo, Álvaro Uribe Vélez, a quien el régimen de Caracas señala como el cerebro de la conspiración en su contra. Uribe pronunció un breve discurso, vitoreado por los lugareños.

El contraste entre una y otra recepción ofrece indicios del problema político que se configura para el Gobierno de Juan Manuel Santos con la crisis fronteriza. Amplios sectores de la opinión pública, y sus adversarios políticos, creen que Santos se muestra permisivo en exceso con Venezuela a cambio de mantener abierta las relaciones comerciales con su vecino oriental –un ávido comprador de alimentos y bienes de consumo- y, sobre todo, de seguir contando con Caracas como fiador en el proceso de paz con las Farc en La Habana.

El expresidente Andrés Pastrana, por ejemplo, publicó este lunes este comentario en su cuenta de Twitter: “¿Qué más atropellos tienen que sufrir los colombianos para que el Gobierno llame a consultas a nuestro Embajador en Venezuela?”.

Santos reaccionó este lunes al prometer “firmeza” en la defensa de sus compatriotas deportados, aunque, matizó, siempre “con la sabiduría y la prudencia de la diplomacia”. A juicio del presidente colombiano una confrontación con Venezuela solo favorecería a “intereses individuales y electorales”, sin conducir a “una solución satisfactoria”.