Críticas en Venezuela a los excesos policiales contra los delincuentes

El Gobierno regional del Estado de Aragua ha admitido que la policía a su cargo mató a un supuesto delincuente desarmado la semana pasada en una operación llevada a cabo en el sector San Vicente de Maracay, la capital de esa provincia, ubicada en el centro de Venezuela. El vídeo, grabado con un teléfono celular, se viralizó el jueves en las redes sociales después de que los medios estadounidenses con sede en Miami, El Nuevo Herald y Univisión, lo difundieran en sendos reportajes. Al régimen chavista no le ha quedado otra que aceptarlo en medio de una generalizada condena de la opinión pública. 

En las imágenes tomadas con la cámara de un teléfono celular se aprecia cuando dos policías toman por los brazos a un hombre que usa botas industriales. Están parados delante de una camioneta roja. Luego un tercero le dispara a corta distancia y se desvanece en brazos de los oficiales. “Es la consecuencia de una repudiable y desviada práctica policial realizada por oficiales del cuerpo de policía del Estado bolivariano de Aragua”, ha afirmado el gobernador de esa entidad, Tareck El Aissami, en un comunicado difundido la noche del jueves.

Desde hace algunos meses San Vicente es el escenario de violentos enfrentamientos entre los delincuentes que controlaban el sector y las fuerzas de seguridad del Estado venezolano

El Aissami ha ordenado a la policía destituir a los oficiales comprometidos en el asesinato y dejarlos a cargo del Ministerio Público, que iniciará la investigación. El gobernador también le ha pedido al Ministerio de Relaciones Interiores que intervenga al cuerpo de policía. “El Gobierno bolivariano de Aragua reitera su compromiso en la lucha contra los antivalores de la humanidad, propios del modelo capitalista”, agrega el despacho de prensa.

El asesinato ocurrió el 5 de agosto pasado en el sector San Vicente, al oeste de Maracay, donde funciona un vertedero de basura que sirve de guarida a las bandas delictivas. San Vicente fue decretada como “zona de paz” por el presidente Nicolás Maduro en un esfuerzo por disminuir los altos índices delictivos de las principales ciudades de Venezuela. En las zonas de paz el Gobierno deja en manos de la comunidad el control del orden público. Con el tiempo se han convertido en territorios distendidos para que las bandas delictivas impongan su ley.

Desde hace algunos meses San Vicente es el escenario de violentos enfrentamientos entre los delincuentes que controlaban el sector y las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. En la madrugada del 13 de mayo una brigada conjunta de unos 1.500 policías y militares, supervisadas por el propio gobernador, había desalojado la zona y recuperado la custodia del módulo policial. En esa oportunidad fallecieron tres supuestos delincuentes, acusados por las autoridades de extorsionar a los comerciantes y de liderar el ataque con granadas a tres sedes de la Policía Científica en otras localidades del Estado Aragua.

La prensa local reseñó entonces con amplitud la incursión por las dimensiones del procedimiento y las quejas de los vecinos, que criticaron la desmesurada actuación de la policía. Pero el 11 de agosto, tres meses después del megaoperativo de San Vicente, unas 30 personas armadas, que llegaron camufladas en un camión del aseo urbano, volvieron a atacar la estación policial de la zona y mataron a un policía del Estado Aragua. Los medios dijeron entonces que el ataque obedecía al asesinato de cuatro miembros de una banda.

El Gobierno ha tomado nota de esos enfrentamientos y ha decidido enfrentar a la delincuencia organizada. Siguiendo el ejemplo de su antecesor Hugo Chávez, tan dado a bautizar con nombres cada acción del Gobierno, el presidente venezolano ha dicho que adelanta en varios sectores populares —en especial en los urbanismos construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela, el último de una serie de exitosos programas sociales creados por Chávez para cobijar a los damnificados por las inundaciones de 2010— la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

La arbitraria y desorganizada manera de asignar viviendas ha derivado en un conflicto entre los vecinos por el control de algunos edificios de apartamentos. El jueves Freddy Bernal, parlamentario del PSUV, el partido del Gobierno, aseguró que la OLP había logrado recuperar unos 1.000 apartamentos que estaban en manos de delincuentes. El chavismo, que tiene el agua en el cuello, busca con este y otros gestos cerrar la ventaja que lleva la oposición en las encuestas para las elecciones que renovarán el Poder Legislativo, pautadas para el 6 de diciembre.