Grecia deberá pasar su primer examen ante los socios en octubre

El cronómetro ya está en marcha. Grecia debe aprobar este jueves las 35 medidas prioritarias —reformas a todos los niveles— para alcanzar el tan esperado tercer rescate estimado en 85.000 millones de euros y que tendrá una duración de tres años. Antes, sin embargo, deberá darle el visto bueno el Eurogrupo —la reunión de los 19 ministros de Finanzas de la eurozona—, que se celebrará el viernes en Bruselas. A pesar de lo anterior, la confianza en Atenas de los socios europeos no está restablecida y "todas las reformas tienen que llevarse a cabo para octubre necesariamente", según fuentes de la UE. Entonces Grecia se someterá al primer examen de las instituciones.

Según el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés), Atenas deberá promover un "enorme paquete de reformas" —mercado laboral, sistema de pensiones, sistema de salud, creación de un programa anticorrupción, liberalización de ciertas profesiones, liberalización del sector energético, privatización del sistema eléctrico, creación de un fondo de activos estatales...— para alcanzar cuatro objetivos: un sistema fiscal y financiero viable, promover el crecimiento, la competencia y la inversión y conseguir modernizar la Administración del Estado.

Todas las acciones que se tomen unilateralmente durante los tres años de programa se deberán haber consultado previamente a la Comisión, el BCE, el FMI y el Mede

El documento es claro y deja muy poco margen al Gobierno griego para salirse del camino hasta julio de 2018, cuando está previsto finalice el tercer rescate: "No se podrán tomar acciones fiscales y de ningún tipo de manera unilateral que minen la liquidez, solvencia o futura viabilidad de los bancos. Todas las medidas, sean legislativas o no, que se tomen durante los tres años (...) se deben tomar tras la consulta de la Comisión, el BCE, el FMI y el Mede". Es decir, el cuarteto de acreedores.

Para poner en marcha las 35 medidas prioritarias, el Parlamento heleno debe aprobar 57 leyes —que probablemente irán en un solo proyecto de ley— y no es tarea fácil. Atenas, no obstante, está determinada a sacarlo adelante en la votación de mañana para acceder al crédito. Uno de los motivos principales es el vencimiento de un pago de 3.500 millones al BCE el próximo 20.

Los secretarios de Estado de Economía de los Veintiocho volvieron a debatir este miércoles sobre la necesidad de conceder un segundo crédito puente para que Grecia pueda afrontar el pago, según fuentes de la Comisión. Atenas, sin embargo, sigue sin considerarlo necesario.

Medidas fiscales

Una de las medidas es la remodelación de toda la administración tributaria, más que los impuestos en sí, señalan fuentes de la UE. Aunque la situación financiera se ha estabilizado en los últimos días, la economía helena "se deterioró notablemente" debido al corralito (control de capitales) decretado el 28 de junio y que duró 20 días. El PIB de 2015 se contrajo un 2,3%, y en 2016, sostienen, se reducirá un 1,3%. A partir de ahí, el crecimiento es seguro (gracias al ejercicio de recapitalización bancaria con un total de 25.000 millones, de los cuales 10.000 serán "inmediatos") y llegará a un 3,1% en 2018.

Los objetivos fiscales de superávit primario, por tanto, se han modificado acordando lo siguiente: 0,5% para 2016, 1,75% para 2017 y un 3,5% para 2018.

Se ha acordado, aunque no se saben aún los detalles, estipular el salario mínimo de la población que, según estiman las fuentes europeas consultadas, será de unos 300 euros al mes por persona, aunque "todo dependerá de cada situación". En esta negociación, los acreedores seguirán las directrices marcadas por el Banco Mundial y la OCDE.

Medidas financieras

Lo más importante para el cuarteto es que, sin más demora, Grecia vuelva a la rueda de la importación y la exportación. Hay cierta presión para que esto se consiga entre septiembre y octubre de este mismo año. "La fecha es muy ajustada", reconocen desde la UE.

Habrá una recapitalización bancaria de 10.000 millones "inmediatos" aunque a lo largo de los tres años que durará el MoU, existen otros 15.000 millones. Los directivos de las entidades bancarias, según fuentes de la UE, se cambiarán con el objetivo de que tengan un perfil "más internacional".

Una vez se haya concluido la primera recapitalización (de 10.000 millones) es "clave" identificar las necesidades exactas de los bancos para ver cómo y cuándo se distribuyen los otros 15.000 millones restantes, algo que se debatirá en el seno del Eurogrupo.

Los acreedores creen importante que se active la recapitalización lo antes posible y, durante las próximas semanas, se creará un grupo de expertos en la materia para asistir a las autoridades helenas.

Crecimiento, competitividad e inversión

Se trata de un capítulo que va algo más lento, puesto que el primer examen se hará en marzo de 2016 en el que la lupa estará principalmente en la producción industrial. La educación —cuyo sistema de organización preocupa en Bruselas— también será objeto de examen y será sometido a las normas de la OCDE, según se ha comprometido el Gobierno heleno.

Existe un plan de dos años, además, para llevar a cabo una industrialización completa, regular ciertas profesiones, liberalizar el sector energético y el eléctrico. Este último ha sido un punto polémico en las negociaciones que han concluido con la más que posible privatización del sector eléctrico "para que haya un mercado justo y más competitivo", según fuentes de la UE.

En cuanto al fondo de activos estatales susceptibles de ser privatizados, tendrá un horizonte de 30 años, según Atenas, en el que se deberán generar unos 50.000 millones.

Por otro lado, en diciembre se creará una "fuerza especial" para supervisar este depósito de garantías, lo que significa que no estará activo hasta principios de 2016.

Modernización de la Administración

Los acreedores y Grecia, de acuerdo con el MoU de 29 páginas, se comprometen a "depolitizar la administración" a todos los niveles.

Atenas, no obstante, deberá aprobar unas medidas prioritarias que consisten en la eliminación de beneficios no salariales, tales como dietas, gastos de viaje y beneficios, a partir del 1 de enero de 2016. En septiembre de 2015, las autoridades adoptarán por ley el plan de reestructuración del OASA, Transporte para Atenas, acordado con las instituciones.

Basándose en el asesoramiento de expertos internacionales coordinados por la Comisión Europea, las autoridades deberán seleccionar a nuevos gestores para finales de 2016 aunque los puestos de directores generales y secretarios generales deberán haber sido decididos a finales de 2015. Los criterios, asegura el MoU, serán por "mérito y competencia".

El documento detalla también las reformas que llevará el país a cabo en la Justicia y en las maneras de enfrentarse a la corrupción. Se creará de esta forma un organismo de investigación a través de un órgano de coordinación Presidido por fiscales de Finanzas. Por otro lado, el documento especifica que se aumentarán "selectivamente" las tasas judiciales aunque explica también que se "garantizará la asistencia judicial a los más vulnerables".

Se renovará el instituto estadístico griego que será totalmente independiente —nombrarán "próximamente" a su presidente— e informará al Parlamento griego y a la Comisión Europea con periodicidad.