El Canal de Panamá alerta de que la expansión peligra con la huelga
Los obreros demandan un aumento salarial que la constructora no quiere pagar
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) advirtió este lunes que ampliación de la ruta acuática “no aguanta una huelga más”, en respuesta al anuncio del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) de que el próximo miércoles, a partir de las 07.00, iniciará un paro en las obras de expansión para exigir el pago de un aumento salarial para los 6.000 obreros.
“Llevamos un 93% (de ampliación del Canal) y todos los materiales los tenemos. No hay razón para que se deba detener la obra”, aseveró el panameño Jorge Quijano, administrador de la ACP, una instancia estatal autónoma que dirige las operaciones de la centenaria vía interoceánica. Aseguró que la solución del problema salarial le corresponde “estrictamente” al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio internacional encabezado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo que construye las nuevas esclusas sobre los litorales Pacífico y Atlántico.
La huelga indefinida representará un nuevo atraso en el extenso listado de problemas enfrentados en la ampliación, en especial desde 2012 por líos financieros del Grupo. La ACP ha insistido en que la única forma de impedir que estalle la huelga es que el GUPC cumpla con sus obligaciones laborales salariales.
En una declaración que emitió el domingo, la ACP consideró “sumamente preocupante” la convocatoria a la huelga por parte del Suntracs en ambos litorales y recordó que “atender las demandas de aumento salarial, y en general, todo lo concerniente a las relaciones laborales de los trabajadores” contratados por el Grupo para ejecutar el proyecto “son obligaciones exclusivas del contratista GUPC”.
“La pretensión del contratista de trasladar sus obligaciones como patrono a la ACP es inaceptable”, insistió. Con esa advertencia, la ACP deja la opción de arreglo del conflicto en el terreno del GUPC, al que también pertenecen, como socios minoritarios, la firma belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
“En estos momentos lo que le toca a GUPC es seguir. No vamos a tratar con GUPC nada que no esté en el contrato”, recalcó Quijano en conferencia de prensa en la sede de la Autoridad en el área canalera. El director ratificó que el Grupo debe honrar los aspectos contractuales y evitar que la huelga perjudique el avance de los trabajos. Las obras deben estar finalizadas y operando en la primera semana de abril de 2016.
El panameño Saúl Méndez, secretario general de Suntracs, explicó que los trabajadores y la Cámara Panameña de la Construcción, con aval del Ministerio de Trabajo de Panamá, acordaron en 2014 un incremento anual de salarios del 8%. El consorcio, como miembro de la Cámara, debió de otorgar el alza que rige desde el primero de julio anterior, alegó Méndez.
La constructora adujo que el aumento otorgado en 2014 solo estaba vigente por una única ocasión. El Grupo reveló el pasado fin de semana que aunque pidió apoyo a la ACP para llegar a un arreglo económico “compatible con los pedidos del Sindicato”, la Autoridad mantuvo una “actitud intransigente y negativa” que ha evitado la huelga.
Problemas en la obra
El lío es un nuevo retraso en las proyecciones de la ampliación, que comenzó en 2007 a un costo de 5.250 millones de dólares. El programa inicial fue que la expansión quedara lista en octubre de 2014, pero las tribulaciones financieras que GUPC atribuyó a errores en la información que recibió de la ACP para diseñar las obras y los distintas huelgas postergaron la fecha final y se pasaron primero a noviembre de 2014, luego a mayo y junio de 2015, después a diciembre de 2015 y finalmente a principios de 2016.
GUPC ganó en 2009 un contrato por 3.118 millones de dólares para construir las esclusas, pero las paralizó en 2014 por un reclamo a la ACP por millonarios sobre costos adicionales. El diferendo se resolvió pero las desavenencias financieras se mantienen.
Construida de 1904 a 1914 por Estados Unidos, la vía estuvo hasta 1999 bajo control de Washington y luego pasó a dominio panameño.
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