El precio de escarbar en las tumbas del narco mexicano

“Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Ya está bien de hacerse güey”, decía Miguel Ángel Jiménez mientras conducía una camioneta en dirección a la montaña. Era un mediodía caluroso y las ruedas levantaban polvo a medida que el vehículo se internaba en un camino de tierra. En la parte trasera se apelotonaban hombres de gesto duro armados con picos y palas.

Íbamos a desenterrar cadáveres.

Jiménez, asesinado el sábado en un taxi a los 45 años, ha liderado hasta su muerte la búsqueda de desaparecidos en Guerrero, el Estado mexicano en el que desaparecieron los 43 estudiantes hace casi 11 meses. En una especie de oficina que abrió en la ciudad de Iguala —un tenderete con una mesa y dos sillas— recopilaba toda clase de información de los desaparecidos: nombre, ocupación, fecha de la última vez que lo vieron, ropa que llevaba puesta, posible móvil.

—Señora, ¿cómo se llama su hijo?

—Emilio.

—¿A qué se dedicaba?

—A nada.

—Bueno, no llore. Lo vamos a encontrar.

Jiménez era uno de esos optimistas contagiosos. Hasta ahora había conseguido lo que se había propuesto. En 2013, creó un grupo de autodefensa —civiles armados— en su pueblo cercano a Acapulco, Xaltianguis, con el que expulsó a los narcotraficantes de la zona. Al año siguiente se involucró de lleno en la infructuosa búsqueda de los estudiantes. En esas expediciones por estos cerros selváticos fue destapando fosas clandestinas repletas de cuerpos sin identificar.

Le acompañaba una ristra de hombres de su pueblo, de manos callosas, pieles curtidas por el sol. Gente que sabe arar la tierra, tirar de una mula y usar un machete, pero que las circunstancias les obliga a abandonar el cultivo y empuñar una escopeta. Jiménez, con sus ayudantes, tomaba nota de todos los huesos que iba encontrando con actitud notarial, como si estuviera a cargo de un CSI rural que recopilaba pruebas que después iban a ser analizadas en un laboratorio.

La verdad era otra. Los voluntarios contaminaban la escena del crimen, lanzaban colillas que fumaban mientras cavaban y las osamentas se extraviaban en bolsas de supermercado. En la tarea había más voluntad que rigor, aunque esto era mucho más de lo que se había hecho hasta ese momento en favor de las víctimas.

Así comenzó lo que el propio Jiménez llamaba la búsqueda de “los otros desaparecidos”, aquellos que no estaban en el radar de la opinión pública, sepultados bajo palas de indiferencia. El activista, con los pocos recursos que iba recaudando aquí y allá, emprendió la doble tarea infinita de poner nombre a los cadáveres que iba desenterrando y a la vez encontrar el cuerpo de aquellos de los que no se sabía nada. Barruntaba crear un banco de ADN para cruzar datos. Según el registro de su organización, manejaba la ficha y el perfil genético de 200 casos que tenían que ser investigados.

¿Quién lo mató? Por ahora es un misterio y es probable que sea así para siempre, como en esas películas que acaban con un fundido a negro tras un disparo de alguien a quien no se le aprecia el rostro. Sus allegados sospechan de los narcotraficantes a los que se enfrentó, de las propias autoridades que podían verlo como un incordio y hasta de otros activistas que recelaban de su liderazgo.

Revisando las notas de aquellos días en Iguala hay transcrita una conversación que ahora adquiere significado. Le preguntamos si tenía miedo. “No, nunca”, contestó. Si llevó ese pensamiento hasta el final, hasta el momento en el que un tipo le apuntó en la cabeza, fue un pequeño gesto de rebeldía ante su propia muerte. El desenterrador ya no podrá seguir escarbando en la tierra.