El Gobierno estadounidense defiende la detención de familias inmigrantes

El Gobierno de Estados Unidos quiere mantener los centros de detención para niños y familias de inmigrantes que abrió ante la crisis que provocó la oleada de migrantes indocumentados centroamericanos llegados el año pasado. Así lo constata en un documento presentado en la madrugada del viernes ante la Corte Central de Distrito en California.

En julio, ese tribunal había dictaminado que EE UU violó el acuerdo “Flores versus Meese” de 1997, que prohíbe enviar a menores a centros de detención que no cumplan unos requisitos mínimos y que exige también que se dé prioridad a su puesta bajo la custodia de un familiar o guardián legal. La decisión de la juez californiana Dolly Gee tiene el potencial de obligar al gobierno a liberar a gran parte de las familias detenidas en centros como los de Karnes y Dilley, en Texas.

De acuerdo con Michelle Brané, directora del programa de derechos para inmigrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas, el gobierno “liberó a algunas personas tras el fallo, pero luego se detuvo por completo”.

Ahora, el Departamento de Justicia ha apelado el dictamen de la juez Gee, a la que le pide que reconsidere su fallo. En su respuesta, Gobierno asegura que se han implementado una serie de cambios sobre el funcionamiento de este sistema de detención. También advierte de que la liberación de familias podría impulsar una nueva oleada de inmigrantes indocumentados.

“Las políticas destacadas por la corte han sido eliminadas y el periodo de detención de familias en estos establecimientos se ha acortado dramáticamente”, asegura el documento oficial. Antes de que se conociera la decisión de la juez de California, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, ya había ordenado en junio que se redujera el tiempo que las familias indocumentadas deben permanecer encerradas en los centros de detención.

Más aún, el gobierno aseguró que está procesando a las familias de manera eficiente, realizando evaluaciones de salud e inmunizaciones, facilitando la asesoría legal y evaluando si los miembros de la familia son elegibles para algún tipo protección. En vista de la implementación de este tipo de cambios, el Gobierno quiere que la juez reconsidere su decisión.

Pero los abogados que presentaron la demanda y organizaciones de derechos civiles afirman que la defensa de la Administración de Barack Obama está repleta de mentiras.

“No sé de dónde están sacando la información. Yo he visitado varias veces los centros. El sistema que están describiendo en papel no existe. Están manipulando los datos. Las personas siguen detenidas por largos periodos, tienen problemas médicos”, aseguró Laura Lichter, abogada probono en centros de detención para familias.

“El trabajo de la corte no es interpretar Flores. La posición del gobierno es indefendible”, sostuvo Peter Shey, presidente del Centro para Derechos Humanos y leyes Constitucionales.

El Departamento de Justicia especifica en su respuesta judicial que la detención de familias estará enfocada en las personas que no califiquen para obtener asilo u otras protecciones, además de quienes están en trámite de deportación. También indicó que liberaría en un promedio de 20 días a quienes califican para obtener protecciones bajo la ley estadounidense.

En entrevista con EL PAÍS, la directora del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Sarah Saldaña, había recordado que el gobierno tiene “una obligación, le guste o no a la gente”, de responder ante este tipo de flujos migratorios. “Con las reformas anunciadas en junio, realmente estamos dando los mecanismos para que los detenidos puedan hacer escuchar sus quejas”, aseguró.

Estados Unidos paga alrededor de 243 dólares por persona por cada día que está detenida. Saldaña insistió en que se están usando alternativas a la detención como brazaletes de monitoreo, aunque también hay quejas por la estigmatización que conlleva una práctica usada generalmente para supervisar a criminales.

“Debemos asegurarnos de que se presentan ante los tribunales”, señaló la directora de ICE.

Los abogados responderán a la defensa del Departamento de Justicia en una semana. Posteriormente, la juez decidirá si obliga al gobierno a cumplir con la orden derivada del acuerdo "Flores".