ONG exigen tratar como asesinato político el caso del periodista Espinosa

La muerte a balazos en un apartamento de la Ciudad de México del fotoperiodista de 31 años Rubén Espinosa y su amiga Nadia Vera, ambos caracterizados por su pasado reciente de activismo en el conflictivo Estado de Veracruz, junto a otras dos jóvenes y la empleada doméstica se debate, cinco días después del suceso, entre detalles revelados por la Fiscalía que apuntan hacia un delito de bajos fondos y el clamor de la sociedad civil de indagar en profundidad un posible asesinato político.

La Fiscalía de la capital, encargada del caso, ha difundido este martes un vídeo filtrado horas antes a la prensa en el que se ve en imágenes de cámaras de vigilancia pública a tres supuestos culpables saliendo del edificio el día del crimen, el viernes pasado, a las tres de la tarde: dos entran en un coche deportivo con una maleta y arrancan, un tercero se va caminando. Se trata del mismo vehículo, un Ford Mustang rojo, que fue localizado este lunes en la delegación de Coyoacán, ocho kilómetros al sur del barrio del multihomicidio, y que de acuerdo a las pesquisas pertenecería a una de las víctimas, una inquilina de la casa de 29 años definida por las autoridades como “presuntamente colombiana”.

El domingo, en su primer parte, la Fiscalía había indicado que el apartamento fue "saqueado", lo que sumado a que la maleta con la que se ve a los sospechosos según el fiscal Rodolfo Ríos podría portar "objetos" pone en primera línea la perspectiva de un robo con homicidios, si bien el fiscal ha hecho énfasis en que "todas y cada una de las líneas de investigación se encuentran abiertas", incluida "la relativa a la actividad profesional de Rubén" y "también a la actividad de Nadia".

Desde el domingo, ya en medio del clamor social por el nuevo asesinato de un reportero en México, la Fiscalía ha recalcado que contempla la posibilidad de que las amenazas por las que Espinosa se fue en junio de Veracruz a la capital pudieran tener que ver con lo sucedido. También ha indicado que se sigue la vía del feminicidio. Según datos aún extraoficiales al menos dos de las jóvenes tenían signos de violación. Además, en algunos medios ha circulado la versión de que los asesinos pudieron haber pasado la noche del jueves hasta el viernes con las víctimas en el apartamento.

Entre los detalles que las autoridades van revelando y el flujo de filtraciones, en el panorama del crimen asoma el contorno de un episodio de criminalidad común. Los datos oficiales y los trascendidos se entretejen en esa dirección mientras que por ahora, todavía en los primeros compases de la averiguación, la Fiscalía no ha aludido a indicio que conecte los hechos con las amenazas a Espinosa por su trabajo en Veracruz, un Estado en el que han sido asesinados 15 reporteros en los últimos cinco años y que es considerado el más peligroso para hacer periodismo en México.

Crímenes impunes

Desde las ONG como la internacional Artículo 19, defensora de la prensa, o la coordinadora mexicana de organizaciones civiles Espacio OSC hasta organismos como la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más un espectro amplio de voces de la sociedad civil, el reclamo de que se investigue sin resquicios la vía del asesinato político es incesante.

La trayectoria de violencia contra la prensa en México —al menos un centenar de informadores asesinados desde el año 2000, siete en lo que va de 2015, y un índice oficial de impunidad del 90% en agresiones a reporteros— explica el apremio a las autoridades.

Espinosa colaboraba con la agencia Cuartoscuro y con el semanario de investigación Proceso, cuya corresponsal Regina Martínez fue asesinada en 2012 en Veracruz en un caso que la averiguación oficial, muy cuestionada, cerró como delito común.

En las semanas anteriores a su asesinato el fotoperiodista había alertado a organizaciones de derechos humanos y denunciado en medios de comunicación que se había tenido que “exiliar” de Veracruz a México DF porque, tras varios años de tensiones con el Gobierno estatal por su activismo, el 6 de junio empezaron a rondarlo y amenazarlo individuos sospechosos. “No confío en el Gobierno, temo por mis compañeros, temo por mí” afirmó.