Polémica por el endurecimiento de la ley del aborto en Portugal

Abortar en Portugal será más complicado. La coalición gobernante de centro derecha, formada por el PSD y CDS, hizo valer su mayoría en el Parlamento el miércoles por la noche para aprobar varias medidas que endurecen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Tras la modificación legal, las mujeres tendrán que pasar obligatoriamente por la consulta de un psicólogo y recibir información sobre métodos de planificación familiar y otras opciones alternativas al aborto. También deberán pagar una tasa por esta prestación sanitaria que hasta ahora era gratuita, salvo que la gestante tenga una dolencia crónica o carezca de recursos.

El endurecimiento de la ley y la fórmula elegida —el cambio fue incluido el último día antes de disolverse el Parlamento— han desatado la polémica en el país. Las organizaciones de mujeres y de derechos reproductivos alertan de que el nuevo sistema atenta contra el derecho a decidir de las mujeres e impone barreras de acceso que pueden conducir a muchas a métodos clandestinos e inseguros. La oposición de izquierdas ya ha asegurado que si gana las elecciones el próximo 4 de octubre anulará el cambio legal. Pocas veces se han escuchado tantas descalificaciones y gritos en el Parlamento portugués como los de la noche del miércoles.

Hasta ahora y desde 2007 —cuando modificó su ley, hasta entonces una de las más restrictivas de Europa—, las mujeres portuguesas podían interrumpir su embarazo sin alegar ningún motivo hasta la décima semana de gestación —el modelo conocido como ley de plazos que también rige en España y la mayoría de la UE—, y después de ese plazo podrían hacerlo si existía algún problema de salud de la mujer o anomalías fetales.

La nueva legislación endurece el acceso a la prestación sanitaria a través de dos vías distintas. Por un lado, la obligatoriedad de la consulta psicológica y de planificación familiar —cambio legal impulsado por la Asociación Ciudadanos por el Derecho a Nacer, que consiguió recoger más de 48.000 firmas y que así se debatiera en la Asamblea de la República—. Algo que, además de dilatar el proceso, abre la puerta, alertan las asociaciones, a que profesionales sanitarios y sociales que hasta ahora tenían vetada la posibilidad de dar consejo sobre interrupción voluntaria del embarazo puedan presionar a las mujeres.

Una veintena de organizaciones han hecho público este jueves un comunicado en el que alertan, además, de que la nueva tasa es una barrera de acceso enorme para las mujeres más humildes. El cambio legal, afirma la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR), supone una "amenaza real" de que los tiempos del aborto clandestino vuelvan a Portugal. "Y esto puede provocar un problema de salud pública importante", dicen.

El Gobierno afirma que en una situación en la que el servicio público sanitario tiene una importante falta de recursos, esta tasa es necesaria —en Portugal ya existen copagos para otras prestaciones sanitarias—. Sobre todo, defienden, porque hay mujeres que han abortado en más de una ocasión. "Infelizmente, parece que algunas mujeres entienden el aborto como un método anticonceptivo", ha llegado a asegurar el presidente del Colegio Nacional de Médicos, José Manuel Silva.

Desde el cambio legal de 2007, el número de abortos ha descendido en Portugal. También la mortalidad de la mujer en interrupciones de embarazo prácticamente ha dejado de existir (no hubo ninguna desde 2011). Por todo ello, parecía que este tema no era uno de los más acuciantes del Parlamento —de hecho, en cuatro años no lo habían planteado—. Y menos aún, que se tomara en consideración y se aprobara en el último día de los cuatro años de su mandato.

La aprobación, en medio de un debate muy violento, fue contestada desde los palcos del público con gritos de “vergüenza” y “la lucha continúa”. Algunos diputados del PDS y CDS —los únicos que votaron a favor— se enzarzaron con los de la oposición y con el público mostrando su dedo anular en ristre.

En su intervención, la socialista Isabel Moreira calificó al legislador de “terrorismo psicológico sobre la mujer”. La representante socialista fue aplaudida por las bancadas del PC, los verdes y el Bloco de Esquerda, que, todos juntos, votaron en contra de la nueva ley. “Para cazar votos”, proclamó Moreira, “la derecha caza mujeres”.

Los portavoces del PC y del Bloco insistieron en la idea de que la nueva ley  “infantiliza” y minusvalora a la mujer, pues esta es obligada a reflexionar con psicólogos y médicos, que sí pueden negarse a asistir el aborto por deontología profesional pero que, desde ahora, pueden acercarse a una mujer que quiera interrumpir su embarazo para convencerla de lo contrario. Toda la izquierda se comprometió a que, si logran la mayoría en las elecciones del 4 de octubre, esta ley será anulada.