Portugal aprueba la ley que liberaliza el aborto en las primeras 10 semanas

La interrupción del embarazo "por opción de la mujer en las primeras 10 semanas" dejará de ser delito en Portugal. Ayer, 8 de marzo, el Parlamento aprobó, con los votos favorables del arco político de la izquierda, la reforma legal que completa los tres supuestos sancionados en 1984 con la despenalización de la IVE [interrupción voluntaria del embarazo] durante la etapa inicial. Algunos movimientos feministas celebraron la votación, que debe suponer el final de muchas décadas de aborto clandestino, con una concentración ante la Asamblea de la República.

La oposición conservadora, que se opuso a la ley con fisuras (21 diputados del PSD votaron a favor), insistió en su idea de que el Gobierno socialista "ha consagrado el aborto libre".

En 1984, un año antes que España, Portugal aprobó una ley del aborto que incluyó en el Código Penal tres supuestos que permitían excepcionalmente el aborto: el peligro para la vida o la salud de la mujer, las malformaciones del feto y la violación. Más de veinte años después, la ley sólo se aplicaba a duras penas, incluso dentro de esos supuestos. Sólo unas 1.000 mujeres portuguesas lograban abortar dentro de la legalidad cada año.

La objeción casi unánime de los médicos a realizar intervenciones en la sanidad pública, unida a la falta de coraje político para aprobar un reglamento que hubiera permitido al sector privado solucionar el asunto a la pragmática manera española, acabó desembocando en una situación casi única en la Europa del siglo XXI: 20.000 abortos clandestinos, caseros o realizados en el extranjero cada año; docenas de denuncias y de juicios; muertes accidentales y unos 11.000 ingresos en urgencias anuales por distintas complicaciones postaborto.

El primer ministro socialista, José Sócrates, prometió en su campaña electoral que sometería el tema a un nuevo referéndum que repetiría el celebrado en 1998. Dos años después de llegar al poder, cumplió su promesa. El 11 de febrero último, la despenalización ganó por casi 20 puntos. El referéndum no fue jurídicamente vinculante porque la participación no llegó al 50% necesario, pero Sócrates había advertido de que si ganaba el sí mandaría la ley a la vía parlamentaria ordinaria, donde el PS tiene mayoría absoluta. Ayer, la reforma fue aprobada con los votos favorables de cerca del 65% de la Cámara: socialistas, comunistas, Bloco de Esquerda, Verdes y 21 diputados de los 75 que tiene el PSD (que, como los demás, permitió a sus diputados votar en conciencia).

El resultado, que otorga a Portugal una ley del aborto menos restrictiva que la española y similar a la de Francia, fue mal recibido por los líderes del principal grupo de la oposición, el Partido Social Demócrata, de centro-derecha, y por el conservador CDS-PP, que acusaron al Gobierno de consagrar el aborto libre al haber rechazado establecer una consulta previa a la realización del aborto que alentara a la mujer a seguir adelante con el embarazo.

El nuevo mecanismo legal establece, sin embargo, algunas cauciones. Será obligatorio un periodo de reflexión para la mujer "no inferior a tres días". Tras ser recibida en consulta médica "en tiempo útil", tendrá que ser informada de "todo lo relevante" para tomar una "decisión libre, consciente y responsable": sobre "las condiciones en que se practica el aborto y sus consecuencias para la salud"; sobre "la disponibilidad de ayuda psicológica y social" durante el período de reflexión; y sobre "las condiciones de apoyo a la continuación del embarazo y la maternidad". Esta última frase, propuesta por el PSD, fue aceptada el miércoles en comisión por los socialistas.

La ley obligará además a los establecimientos de salud a contar con servicios de apoyo psicológico y de asistencia social, y las mujeres que aborten deberán acudir forzosamente a expertos en planificación familiar.

Ahora, el Parlamento enviará la ley al presidente de la República, que tiene 20 días para decidir si la veta, la promulga o la envía al Tribunal Constitucional. Ribeiro e Castro, el líder del CDS-PP, que tiene doce diputados, dijo ayer que la votación "contraría" el deseo de "consenso amplio" expresado por el presidente de la República tras el referendo, y apeló a que Cavaco Silva ejerza el veto y devuelva la ley al Parlamento. En caso contrario, afirmó, su grupo pedirá que el Constitucional se pronuncie.