Corregir las debilidades del Estado griego, principal objetivo del rescate

A diferencia de los dos rescates anteriores, que hacían hincapié en los recortes, el tercer programa de ayuda a Grecia, que será negociado a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (Mede), es de índole reformista. No es en absoluto un capricho de los socios, sino un intento puede que definitivo de corregir fallos estructurales del Estado griego (la laxitud fiscal o ante la corrupción, la dependencia de mecanismos de control o la debilidad institucional), que, a juicio de los acreedores, lastran todo intento de sacar al país del pozo de cinco años de recesión y una deuda que supone el 175% del PIB. Esa debilidad congénita del Estado no es de ahora, sino un resultado de su sistema político clientelista y de la impronta histórica, como los cuatro siglos de dominación otomana. Varios expertos analizan cuál es la raíz de su disfuncionalidad y cuáles son las recetas para superarlo.

Los incendios que este fin de semana han calcinado cientos de hectáreas en varios puntos de Grecia recordaron por la intensidad de algunos focos la pavorosa lengua de fuego que en 2007 recorrió durante diez días el Peloponeso, arrasó 180.000 hectáreas, causó la muerte a 65 personas y, sobre todo, demostró la incapacidad del Estado para responder a la emergencia. Años después de la catástrofe, cientos de desplazados seguían viviendo en barracones, a la espera de una solución administrativa a su indigencia.

El de los incendios no es el único ejemplo de la disfuncionalidad del Estado griego, pero sí uno de los más clamorosos: la práctica inacción del Gobierno durante días, la parálisis de sus autoridades, hasta que la llegada de ayuda material de la UE contribuyó a resolver la emergencia. Si se quiere, es sólo una anécdota —muy grave— en comparación con el catálogo de debilidades de Grecia, un país con un fortísimo sentido de nación —de ahí ese nacionalismo que recorre todo el arco político— pero una débil estructura de Estado.

Asuntos capitales como el inveterado fraude fiscal y la corrupción —que supone al menos el 25% del PIB—, la falta de instituciones fuertes como contrapeso al poder político o la dependencia de las autoridades estadísticas del Gobierno —es decir, del partido— de turno revelan una debilidad congénita, que el tercer rescate pretende remediar con un paquete de reformas estructurales que van de las pensiones —un coladero durante décadas, por la existencia de infinidad de cajas recaudadoras, o las jubilaciones anticipadas— al IVA o las estadísticas.

“Gran parte de las exigencias de la troika enfocan directamente al funcionamiento del Estado, las bases fiscales, privatizaciones, la independencia de mecanismos de control”, apunta Dimitris Katsikas, director del Observatorio de Crisis del centro de estudios Eliamep. “La mayor parte de las medidas tienen esa finalidad, fortalecer el Estado, pero estas carencias no son el principal problema. El básico es la naturaleza clientelista del Estado, con una red de intereses políticos y personales en la que el principal objetivo no es servir al Estado, porque no hay noción de tal, sino a los amigos o los votantes”, añade Katsikas. “En Grecia no existe el interés común, por eso la crisis es tan profunda”.

El enchufismo no presenta además ningún valor añadido, salvo la garantía de unos votos. “Pese al enorme tamaño de la Administración [200.000 funcionarios menos desde 2010, ahora superan el medio millón], la contratación de amigos o familiares no implica un aporte de conocimiento y eso explica el déficit de profesionales bien formados en muchas áreas”, añade Katsikas, quien rechaza la definición de Estado fallido para el país. “Eso es Somalia, Grecia es un Estado disfuncional, con una justicia de mala calidad e indicadores de corrupción por debajo de algunos países africanos… pero no fallido”.

Resultaría sencillo achacar la responsabilidad a los dos partidos (la conservadora Nueva Democracia y el socialista Pasok) que han patrimonializado el poder desde la restauración de la democracia, en 1974; es la teoría favorita del escritor Petros Márkaris: “El clientelismo y las dos dinastías y media que nos han gobernado, los Papandreu y los Karamanlís —la media son los Mitsotakis—, son los que han arruinado Grecia”. Sin embargo, muchos de estos fallos estructurales tienen un origen remoto, que se hunde, por ejemplo, en la resistencia a pagar impuestos durante el Imperio Otomano, cuando la población del millet (provincia) griego se negaba a entregar el jaratsi, el tributo, al sultán. O la falta de un catastro, resultado de una tardía y mal ejecutada reforma agraria de tierras que pertenecían a la Iglesia, el vector nacional durante los cuatro siglos de dominación otomana y una de las instituciones más favorecidas por la laxitud fiscal del Estado. Cuando Grecia logró la independencia, en 1830, no lo hizo como otros Estados nación de la época, sino como una idea nacional —y un punto romántica, byroniana— apoyada en estructuras calcadas del Occidente europeo.

Sobre la resistencia de la sociedad incide Nikiforos Diamandouros, que fue responsable de la Academia de Ciencias Políticas griega y defensor del pueblo europeo. “La desconfianza de los ciudadanos frente a un Estado que no responde a sus necesidades explica su resistencia, por ejemplo, a pagar impuestos. La relación antagonista de los ciudadanos con el Estado es algo muy definitorio, pero también una condición estéril, con un coste muy alto”, dice. El académico se remonta a la época otomana para explicar las peculiaridades del país. “La noción de Estado de derecho es muy débil, existe, pero se contraviene a menudo porque las reglas son débiles. El Estado actual es una herencia de un modelo estatal de sultanato, personalista, en el que no existen instituciones que delimiten ese poder”. Resulta imposible no recordar, por ejemplo, el poder omnímodo que desplegó en su primer mandato, en los ochenta, el socialista Andreas Papandreu… y toda la corrupción y la ruina futura que se engendraron entonces.

Diamandouros considera que “las reformas de la troika van en la dirección correcta, porque el Estado necesita modernizarse”, pero otros son más escépticos. Haris Theocharis, portavoz parlamentario del liberal To Potami, dimitió en 2014 como secretario general de Hacienda del último Gobierno bipartito, tras sólo unos meses en el cargo. En una entrevista concedida a este diario en febrero, Theojaris negó, como apuntaron varios medios, que hubiese arrojado la toalla por amenazas. Chocar de frente contra el statu quo fue lo que le hizo renunciar tan rápido. “La élite, obviamente, no quiere que nada cambie, y si la Administración no funciona, se enraíza cómodamente”, aseguraba Theocharis, para quien la base de la corrupción es “la baja calidad de los servicios públicos, que obliga a pagarlos dos veces”.