La opositora venezolana Machado desafía el veto a su candidatura

La exdiputada María Corina Machado ha reiterado su intención de postularse como candidata a la Asamblea Nacional de Venezuela, que se renovará el 6 de diciembre, pese a la decisión de la Contraloría General de la República que le impide optar a cualquier cargo de elección popular durante los próximos doce meses. “Esto es una decisión política y yo respondo políticamente”, aseguró.

La opositora explicó en una rueda de prensa que la Contraloría, que domina el chavismo, la ha inhabilitado porque no incluyó en su declaración jurada de patrimonio el pago de los bonos de alimentación, conocidos en Venezuela como cestatickets, y que no se computan en el cálculo de las prestaciones sociales. Las personas que se presentaron en la sala para apoyarla en esta hora crucial de su carrera política se echaron a reír, pero Machado prosiguió imperturbable para explicar una medida que su equipo y algunos de los presentes consideraban un absurdo. “Nunca me entregaron esos cestatickets. Por eso no los incluí en el documento que entrego una vez al año”.

La Contraloría General de la República (la institución de control de las finanzas públicas) ha tomado su decisión conforme al artículo 39 de la Ley contra la Corrupción, reformada en julio de 2015, un año y tres meses después de que la parlamentaria fuese cesada de su cargo por el número dos del oficialismo y presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, tras participar como parte de la delegación de Panamá en una asamblea general de la OEA.

“Esto es una decisión política y yo respondo políticamente”, aseguró la exdiputada

Ese artículo permite a la Contraloría comprobar la veracidad de la declaración jurada de patrimonio de un funcionario y notificar al Ministerio Público si sospecha de algún delito.

Machado es la segunda opositora de peso que es inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro para participar en las elecciones de diciembre. A principios de mes se conoció que el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, preso como uno de los responsables de los desórdenes promovidos por un ala de la oposición dirigida por Leopoldo López y la propia Machado, tampoco podría participar en comicios durante 12 meses.

En la política venezolana es una tradición que a los dirigentes políticos presos se los nomine como candidatos a cargos públicos para que recuperen su libertad. Esa práctica se respetó en los Gobiernos anteriores a la llegada de Hugo Chávez al poder. El chavismo se ha encargado de ignorarla con sanciones para evitar que sus adversarios se postulen.