La Casa Blanca niega el rescate financiero a la ‘Grecia del Caribe’

Mientras el mundo mira preocupado hacia Grecia, otro drama muy similar estallaba en el Caribe. La deuda pública de Puerto Rico es “impagable”, reconocía su gobernador, Alejandro García Padilla. La isla de 3,6 millones de habitantes debe 72.000 millones de dólares a sus acreedores. Y no tiene dinero para pagar. Su estatus jurídico le impide acogerse a la ley de quiebras y Washington no parece dispuesto a ceder. La misma Casa Blanca que lleva insistiéndole a Europa que ayude a Grecia ha descartado un rescate financiero para la isla.

Como en Atenas, el endeudamiento de Puerto Rico no paró de crecer durante años para financiar un gasto público muy superior a sus ingresos y tiene el dudoso honor de ostentar la mayor deuda per cápita de todo Estados Unidos. Una elevada evasión fiscal, problemas de corrupción y falta de transparencia son otros de los problemas que comparten Grecia y Puerto Rico.

Al igual que los europeos, Puerto Rico tiene una moneda, el dólar, pero sin capacidad para aplicar una política monetaria propia. Su estatus jurídico de estado asociado a Estados Unidos, tampoco le permite declararse en bancarrota, una opción a la que se han acogido ciudades como Detroit recientemente.

En palabras que podría haber tomado prestadas del primer ministro Alexis Tsipras, García Padilla advertía de una “espiral mortal” si la isla no logra estimular el crecimiento. “El tamaño de esa deuda nos impide salir del ciclo de recesión y contracción. No se trata de política, se trata de matemáticas”, sostuvo el gobernador puertorriqueño que pide una reestructuración de la deuda.

Si las consecuencias de una quiebra griega se podrían llegar a sentir en toda Europa, las de una suspensión de pagos puertorriqueña podrían afectar a todo EE UU, porque la gran mayoría de sus bonos se negocian en el mercado estadounidense de deuda municipal.

Pero los paralelismos acaban ahí. Para empezar porque mientras Grecia tiene claro a quiénes debe dinero, en el caso de Puerto rico la deuda se distribuye entre una miríada de bonistas —desde individuos a aseguradoras, cooperativas, bancos, instituciones eclesiásticas o planes de pensiones— que hacen más difícil la negociación, advierten los expertos.

Pese a ello, García Padilla acaba de crear un “grupo de trabajo para la recuperación económica de Puerto Rico” cuya misión es intentar lograr, explicó, “una moratoria negociada con los bonistas para posponer, por un número de años, los pagos de la deuda, de forma tal que ese dinero se invierta en Puerto Rico”.

A pesar de las dificultades, la isla pagó el 1 de julio los casi 1.900 millones de dólares que le tocaba ante el vencimiento de algunos bonos, consciente de las implicaciones que tiene un impago de deuda.

Un informe elaborado por antiguos expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial trazó esta semana un duro panorama para una isla que, afirman, no podrá eludir “tiempos difíciles”.

“Problemas estructurales, shocks económicos y finanzas públicas débiles han llevado a una década de estancamiento, emigración y deuda. Los mercados financieros solían hacer la vista gorda ante estas realidades, pero desde entonces han cortado a la isla el acceso normal a mercados. Una crisis se cierne” sobre Puerto Rico, advirtieron.

El informe traza una hoja de ruta que pasa por reformas estructurales para recuperar la competitividad, una reforma fiscal y acciones para recuperar la “credibilidad institucional”. García Padilla admitió la necesidad de hacer ajustes —aunque rechazó algunas de las propuestas de los expertos, como pedir que se exima a la isla de pagar el salario mínimo federal— y llamó a todos los sectores a “asumir nuestra responsabilidad” y aceptar “sacrificios compartidos”.

Quien por ahora parece hacer oídos sordos a su petición de ayuda es Washington. La misma Casa Blanca que lleva insistiéndole a Europa que ayude a Grecia ha descartado un rescate para la isla. Esta semana, las llamadas entre Washington y las capitales europeas se han sucedido sin parar, urgiendo un acuerdo que permita a Grecia seguir en el euro y preservar la estabilidad de los Balcanes.

Las miradas se dirigen ahora al Congreso, con capacidad de modificar la Ley de Quiebras para que Puerto Rico se pueda acoger a ella. Esto le permitiría a las empresas públicas de la isla reestructurar su deuda en los tribunales de bancarrota como hizo en su momento Detroit. En el caso de Puerto Rico, esa deuda asciende a 25.000 millones de dólares, es decir, un nada desdeñable tercio del total. Pero una propuesta en este sentido sigue sin avanzar en la Cámara de Representantes.