“México necesita una cruzada por los derechos humanos”

El caso Iguala fue una sacudida política en México. El asesinato de 43 estudiantes empujó al Gobierno contra las cuerdas y del impulso salió disparado el fiscal Jesús Murillo Karam, que fue relevado en febrero del mando de la Procuraduría General. Tres meses después, en mayo, dimitió su encargada de Derechos Humanos. Eliana García Laguna (México DF, 1958) tenía una larga carrera de activismo en la que incluso pasó dos años presa. Aceptó el puesto para promover “desde dentro” la agenda de las organizaciones civiles. En junio de 2014 la nombraron subprocuradora de Derechos Humanos. Duró un año. Resume la etapa con una oración con forma de contorsión: “Logré mantener la lealtad institucional y ser leal a mis convicciones”.

“Era mi tiempo de salir”, se limita a decir cuando se le pregunta por su dimisión. Defiende que este gobierno ha conseguido avances en derechos humanos, pero insuficientes: “No se ha desplegado la cruzada nacional que necesitamos”. Sostiene que durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) la subprocuraduría de Derechos Humanos era “un adorno” y que con Murillo Karam se activó: “Se convirtió en un espacio real de interlocución con la sociedad civil”. Cuando se le pregunta si considera que para el Gobierno actual los derechos humanos son una prioridad, se vuelve a contorsionar: “Yo diría que son un reto que el Estado mexicano tiene que afrontar con todas las herramientas que tiene disponibles y con las que aún tiene pendiente construir”.

La cruz de la Fiscalía de la que formó parte fue Iguala. La instrucción del caso ha sido denostada por sectores de la opinión pública y ha recibido críticas objetivas de expertos internacionales. García Laguna no está comoda con el tema por el que el mundo activista del que proviene zarandeó a Murillo Karam y a su gente. “Mi convicción es que en el tema de la desaparición nunca nada es lo suficientemente satisfactorio, por intensa que sea la labor de la autoridad”, dice. Las familias de los 43 estudiantes secuestrados por narcos y policías no aceptan la versión oficial –que fueron asesinados– y siguen considerándolos desaparecidos.

Para García Laguna las desapariciones son el mayor reto. En México hay más de 26.000 personas sin rastro. “Es una tortura emocional para las familias”. Asegura que durante el año que estuvo al frente de la sección de derechos humanos no hubo nada que le hiciese sentir tanta “impotencia” como esto. “Imagínese tener que dar una respuesta a un familiar de alguien que usted sabe que ha sido quemado, del que no queda nada. ¿Se lo dice? ¿Cómo se lo dice? Lo vital para ellos es saber el paradero de su persona querida y tú sólo puedes decirles que nunca lo sabrán con toda certeza”.

La activista cuenta un episodio que comprime la “frustración” que nunca dejó de sentir mientras estaba en el lado gubernamental del drama de los derechos humanos. En una reunión con familiares de víctimas, una madre tomó de repente la palabra y le dijo: “Yo quisiera que a usted le entregaran a su hijo desmembrado a la puerta de su casa para que sintiera lo que yo estoy sintiendo”.