La política chilena no logra recuperar la senda del éxito

El fútbol ha sido un bálsamo para los dirigentes políticos chilenos. El triunfo de la selección ante Uruguay, que lleva a Chile a una semifinal de la Copa América por primera vez en 16 años, ha contribuido en parte a distender la situación que enfrenta desde hace nueves meses tanto el oficialismo como la derecha, ahogados por diversos escándalos de corrupción que, con el pasar del tiempo, ha derivado en la instalación de un escenario revuelto y confuso. La gran incógnita es si Bachelet logrará llevar adelante su programa de Gobierno.

El deporte, sin embargo, ha sido apenas un paréntesis en la crisis de mayor gravedad desde el retorno a la democracia en 1990. La Fiscalía sigue trabajando, todos los días se conocen nuevos capítulos de estas tramas y ni el Gobierno ni la oposición parecen en condiciones de retomar la agenda.

El Ministerio Público formalizó el lunes por delitos tributarios a los primeros políticos involucrados en el caso Penta, la causa sobre financiación ilegal de la política que afecta sobre todo a la coalición de derecha, la Alianza por Chile. Cuatro de ellos pertenecen a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más dogmático del conglomerado: dos parlamentarios en ejercicio, Iván Moreira y Felipe de Mussy, el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, y uno de los fundadores y líderes ideológicos, Jovino Novoa, que tuvo que retirarse de la sala por motivos de salud y ser ingresado a una clínica.

La defensa de un quinto dirigente, el exsubsecretario de Interior de Pinochet, Alberto Cardemil, del partido Renovación Nacional (RN), solicitó la reprogramación de la audiencia. En una jornada marcada por agresiones de manifestantes a los políticos que llegaron hasta el Centro de Justicia para mostrar su apoyo a los dirigentes, solo Zalaquett permaneció hasta el final, que decretaron su arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual.

La trama Penta fue, en septiembre, la primera que abrió la temporada de mala racha de la política chilena y promete involucrar a nuevos dirigentes. Luego vino la arista de Soquimich, que investiga los aportes irregulares a derecha e izquierda de la empresa del exyerno de Pinochet, y el caso Caval, los negocios millonarios de la sociedad de la nuera de la presidenta Michelle Bachelet.

Desde que estalló este último escándalo en febrero, el Ejecutivo no ha podido retomar el camino emprendido con éxito en 2014, el primer año de gobierno. La jefa de Estado socialista ha intentado tomar el control de la agenda, pero no lo ha logrado. Después de pedir la renuncia a todo su Gabinete y desmontar su equipo de colaboradores en La Moneda, el 11 de mayo pasado hizo los nombramientos. Veintisiete días más tarde, sin embargo, su ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, tuvo que renunciar a su cargo, tras ser cuestionado por realizar asesorías a empresas mineras cuando se desempeñaba como diputado en el Congreso en representación del Partido por la Democracia (PPD).

Carteras vacías

Su salida dejó al Gobierno en una situación complicada y, desde el 7 de junio, la cartera quedó sin sustituto oficial. La tardanza en el nombramiento de este cargo clave, que tiene la responsabilidad de llevar el diálogo con el Parlamento, desató la polémica desde la oposición y el propio oficialismo.

La presidenta, al ser consultada por los periodistas sobre este asunto, sin embargo, reaccionó con molestia: "¿Saben qué más? Si yo nombro rápido, hablan de improvisación. Si me demoro, dicen que me demoro. Terminemos con la lesera (tontería)".

Bachelet mantiene varios cargos de relevancia sin nombramientos y, junto al caso Caval, ha debido enfrentar un nuevo flanco que también le toca demasiado cerca: la investigación de la Fiscalía al que era su círculo político más íntimo hace bastante poco. El Ministerio Público ha interrogado en calidad de imputado a su exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el hombre de mayor confianza de la socialista en los últimos años, por su participación en un engranaje para financiar irregularmente una supuesta precampaña presidencial entre 2012 y 2013. Los fiscales investigan a la firma AyN, que recibió dinero de empresas y, a su vez, realizó pagos a colaboradores y cercanos de la socialista.

La presidenta, que en esa época estaba en Nueva York liderando ONU Mujeres, ha señalado que no conocía estos mecanismos.