Francia tardó 9 meses en informar de los supuestos abusos de sus soldados

El Gobierno de Francia ha tardado nueve meses en reconocer la existencia de un informe de la ONU en el que se acusa a 14 soldados franceses de abusar sexualmente de diez menores en la República Centroafricana durante el año pasado. La doble investigación judicial y militar abierta desde julio, además, no arroja hasta el momento ningún dato concreto sobre lo ocurrido. De acuerdo con la tardía reacción oficial, sin embargo, existe una “total transparencia” en este caso y habrá duros castigos si se demuestra la culpabilidad de los militares.

Oficialmente, el Gobierno se enteró de los hechos el 29 de julio del pasado año. Ese día, los ministerios de Exteriores y de Defensa tuvieron acceso a un informe de la Misión de Naciones Unidas en la República Centroafricana (Minusca), según el cual una decena de niños de entre nueve y 16 años había sufrido violaciones, felaciones o sodomía por parte de soldados franceses a cambio de dinero o alimentos. El documento de la ONU recoge los testimonios de seis menores de nueve a 13 años, cuatro de los cuales aseguraron ser víctimas directas.

Los hechos, aseguran, ocurrieron entre diciembre de 2013 y junio de 2014 en el campamento de refugiados del aeropuerto de M´Poko, en Bangui, capital de la República Centroafricana, bajo protección de soldados franceses de la Operación Sangaris.

El Ministerio francés de Defensa envió el informe de la ONU al Tribunal de Justicia de París, que abrió una causa el 31 de julio. En paralelo, el Estado Mayor del Ejército de Tierra inició una investigación sobre el terreno para determinar si había habido “distorsiones en la cadena de mando”, según informó este jueves el portavoz del Ejército francés, el coronel Gilles Jaron, pero no sobre los hechos en sí, porque “eso corresponde a la justicia”.

El informe interno del Ejército de Tierra no ha sido enviado a los jueces ni estos lo han pedido aún

El Gobierno francés, sin embargo, solo ha reconocido ahora esa doble investigación después de que un periódico británico, The Guardian, difundiera parte del informe de la ONU. El portavoz del ministerio, Pierre Bayle, ha asegurado “transparencia total” en este caso. “No hay ninguna voluntad de ocultar nada”. Sin embargo, ni Jaron ni Bayle aclararon cuántos son los militares acusados, a qué unidades pertenecen o qué concluye el informe interno del Ejército, que está “clasificado”, según aseguraron.

Este documento militar, que se elaboró el pasado verano, no ha sido enviado aún a los jueces. El coronel Jaron precisó que no lo han pedido y que, en todo caso, el informe no descubre hechos graves delictivos. “Si hubiéramos comprobado hechos contra los valores del Ejército, lo hubiéramos puesto en conocimiento de la justicia”, ha añadido Jaron.

El Tribunal de París, por su parte, ha anunciado ahora que pedirá ese documento. También ha señalado que, hasta el momento, no ha llamado a declarar a ningún soldado, si bien varios de ellos fueron interrogados en sus destinos africanos en agosto por gendarmes de una unidad especial. De los 14 sospechosos, solo alguno ha podido ser identificado. Hasta el momento, no hay ningún imputado.

El presidente francés, François Hollande, prometió que será “implacable” si algún militar resulta culpable. “Si algún militar se ha comportado de forma incorrecta, las sanciones estarán a la altura de la confianza que depositamos en ellos”. El Ministerio de Defensa asegura que, “si las denuncias se confirman”, se aplicarán “las sanciones más duras” ante este supuesto “intolerable ataque a los valores de un soldado”.

Francia inició con 1.200 soldados la Operación Sangaris en diciembre de 2013 para poner fin a las matanzas entre cristianos y musulmanes en la República Centroafricana. Uno de los primeros y mayores centros de refugiados se estableció junto al aeropuerto de la capital. “La situación era caótica. No había policía, ni sistema judicial…”, recordaban este jueves en el ministerio el portavoz Bayle y el coronel Jaron. Ante las constantes preguntas sobre el caso, ambos reiteran: “Es el Ministerio de Defensa el que activó una causa judicial, pero hay que ser pacientes para tener resultados”.

La informe de la ONU llegó a la capital francesa después de que uno de sus autores, el sueco Anders Kompass, destinado en Ginebra, se quejara a sus superiores de no actuar con la suficiente diligencia ante esas denuncias. Kompass ha sido investigado después por la ONU como sospechoso de difundir el documento fuera de los canales de Naciones Unidas y de haberlo enviado al Gobierno francés.