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Francia aparca la reforma laboral pese a la presión de Bruselas

El último proyecto sobre empleo solo incluye medidas cosméticas

Protesta contra los planes de reforma del Gobierno francés en Marsella.
Protesta contra los planes de reforma del Gobierno francés en Marsella. REUTERS

Francia ha decidido aparcar una reforma laboral similar a las emprendidas por buena parte de los países europeos pese a las reiteradas recomendaciones y exigencias de las organizaciones internacionales, y especialmente de la Comisión Europea. El último proyecto reformista analizado ayer por el Consejo de Ministros, sobre “el diálogo social y el empleo”, incluye tímidos cambios y ninguno encaminado a esa reforma laboral.

El primer ministro, Manuel Valls, y el titular de Economía, Emmanuel Macron, se han mostrado en varias ocasiones partidarios de esa reforma, pero el presidente de la República, François Hollande, prefiere ser “prudente en estos momentos”, según señalan fuentes de Economía.

La posición de Hollande se produce tras cuatro fracasos electorales seguidos del partido gubernamental (municipales, europeas, parciales al Senado y departamentales) y semanas antes del congreso del Partido Socialista, previsto para comienzos de junio. También después de la jornada “contra la austeridad” organizada el día 9 por los principales sindicatos en toda Francia. O tras la abstención de decenas de diputados socialistas en votaciones sobre reformas menores.

El proyecto presentado al Consejo de Ministros, en el que se esperaba incluir cambios significativos en el estatuto de los trabajadores, se limita a ligeros cambios en las relaciones entre los representantes sindicales y los empresarios. Se reducen, por ejemplo, de 17 a tres los capítulos de diálogo social anual.

También se funden en un solo órgano las tres representaciones de los trabajadores (delegados de personal, comités sindicales y comisión de seguridad). Pero se crean nuevos órganos regionales para representar a los empleados en sociedades de menos de 11 empleados. Y se crea una “prima de actividad” para complementar sueldos bajos de jóvenes menores de 25 años.

El texto legal, sin embargo, no hace referencia alguna a la posibilidad de modificar la ley que fija en 35 horas el límite laboral semanal o la opción de simplificar los 37 tipos de contratos que existen en Francia. Valls y Macron se habían mostrado partidarios de reconsiderar la ley de las 35 horas (el principal sindicato, la CGT, exige rebajar el límite a 32 horas) y de abrir el debate sobre el contrato único.

Bruselas, que tiene bajo especial vigilancia a Francia, dará su veredicto sobre París a mediados de mayo

Las tímidas medidas del proyecto sobre “diálogo social y empleo” se suman a las igualmente mínimas incluidas en el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, enviados a Bruselas la semana pasada. Por el primero, París se compromete a reducir su déficit por debajo del 3% en 2017, tras una tercera prórroga de dos años por parte de Bruselas, que ha exigido un reajuste suplementario de 4.000 millones de euros este año y de otros 5.000 el que viene. Ninguno de los dos prevé una reforma laboral en profundidad.

Sin embargo, en sus recomendaciones de diciembre pasado exigió “reformas laborales complementarias para reducir las rigideces laborales” y consideró “esenciales” los cambios estructurales. A mediados de mayo, Bruselas, que ya tiene bajo vigilancia especial a Francia, dará su veredicto. Pero ya ha avisado en las mismas recomendaciones que considerará “un agravante” si París no pone en marcha “un ambicioso plan de reformas”.

La semana pasada, en Washington, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, contó que en sus contactos con sus homólogos franceses de Finanzas, Michel Sapin, y Economía, Macron, estos le cuentan “amplias historias” sobre las dificultades que se encuentran en el Parlamento y en la opinión pública a la hora de abordar una verdadera reforma laboral.

La última reforma debatida en el Parlamento, contenida en la llamada ley Macron y que prevé mínimos cambios, fue aprobada finalmente por decreto por Valls ante el peligro de perder la votación por la revuelta de decenas de diputados socialistas rebeldes.