México castiga por corrupción a 101 funcionarios en los últimos dos años

El Gobierno mexicano ha castigado por corrupción a por lo menos 101 funcionarios de 11 instituciones públicas federales en los últimos dos años y les ha impuesto sanciones por más de 22 millones de dólares. Solo una decena ha impugnado el fallo y nadie ha pagado un céntimo. “No se cuenta con evidencia documental que acredite que [la multa] fue recuperada”, indica un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de México, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La SFP, creada en 1983, investiga a más de 80 secretarías, institutos y centros públicos que dependen del dinero federal para prevenir el desvío de recursos, el tráfico de influencias o el conflicto de interés. Tiene la facultad de imponer sanciones económicas e inhabilitar a los funcionarios involucrados en malas prácticas, pero según el documento, la gran mayoría de las sanciones queda solo en el papel.

El documento, de 230 páginas, enumera las sanciones que ha impuesto la SFP por prácticas corruptas desde 2000 a 2014 e indica el monto de la multa impuesta, si la decisión ha sido apelada y, de no ser así, si ha sido pagada.

La costumbre de no pagar las multas es arraigada. En los renglones correspondientes al Gobierno de Felipe Calderón, militante del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el espacio dedicado a “monto de sanciones pagadas” está, también, casi siempre en blanco. En los dos años que corresponden a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las multas en solamente 11 instituciones, poco menos de un 15% del total de la administración pública, ascienden a los 339.460.617, unos 22 millones de dólares.

Las multas más elevadas pertenecen a los organismos encargados de entregar recursos a los 53,3 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Ocho funcionarios de Fonhapo (Fondo Nacional de Habitaciones Populares) han sido castigados por casos de corrupción por más de 83.792.683 pesos —unos 5,4 millones de dólares. En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que gestiona los millonarios programas sociales con los que el Gobierno mexicano busca atajar la pobreza, las multas suman 155.619.518 pesos: un millón de dólares.

Solamente en 2014, el Fondo Nacional de Turismo castigó a 16 funcionarios y, en teoría, les obligó a pagar un total de 31.943.584 millones de pesos, dos millones de dólares. En el renglón del pago, la misma leyenda: “No se encuentra evidencia que acredite…”

Un estudio de la Universidad De Las Américas Puebla (UDLAP) difundido apenas este lunes indica que México ocupa el penúltimo escaño entre 59 países en combate a la corrupción y que su práctica provoca pérdidas equivalentes a un 10% del PIB, el doble de lo que el país dedica a la educación pública (un 5,1% en 2011, según el Banco Mundial).

El castigo a la corrupción se ha convertido en uno de los principales temas en la agenda del presidente Peña Nieto, cuya administración ha sido vinculada a casos de conflictos de interés en los últimos seis meses. De acuerdo con varias investigaciones periodísticas, su esposa, la exactriz Angélica Rivera, y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han comprado propiedades de Grupo Higa, una empresa que había obtenido millonarios contratos gubernamentales. Peña Nieto respondió con el nombramiento de Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública, pero la SFP no ha brindado mayor información sobre el avance de las investigaciones sobre los casos que afectan directamente al círculo cercano del presidente.

La SFP ha sido un dolor de cabeza para anteriores gobiernos: el Ejecutivo de Felipe Calderón intentó desaparecer la institución en 2008 y el cargo de titular permaneció vacío por 25 meses antes del nombramiento de Andrade.

Peña Nieto aseguró este lunes frente a un grupo de empresarios que está comprometido al combate a la corrupción. “[El Gobierno de México] ha sido uno que ha puesto especial acento y énfasis en la necesidad de crear nuevos instrumentos que complementen esfuerzos, que se hubiesen hecho en el pasado, y que hoy permitan integrar un sistema integral al combate a la corrupción”.

El Senado mexicano aprobó la noche del martes la modificación de 14 artículos para “prevenir hechos de corrupción e investigar denuncias ciudadanas” y “determinar si en estas existieron conductas irregulares y se aplicaron sanciones”, una práctica que la SFP ha realizado en los últimos 15 años pero que no ha sido aplicada. Un largo debate entre legisladores prosiguió a la solemne aprobación de los nuevos cambios. Pero la experiencia mexicana indica que, por lo menos en los últimos dos años, el pago a los castigos impuestos por el órgano anticorrupción es prácticamente ignorado. Ninguno de los 101 funcionarios castigados por corrupción ha pagado sus multas. O como dice el informe: no hay evidencia que lo acredite.