La inteligencia francesa podrá acceder a datos privados sin control judicial

Los servicios secretos franceses tendrán muchos más medios técnicos y una amplia cobertura legal a la hora de interceptar comunicaciones de sospechosos, acceder a redes y bases de datos u obligar a las operadoras a facilitar contenidos. Sus acciones se realizarán bajo control político y administrativo, pero no judicial. Así lo prevé el polémico proyecto de ley sobre los servicios de información cuyo debate comenzó este lunes en el pleno de la Asamblea Nacional tres meses después de los ataques yihadistas de París que costaron la vida a 17 personas.

Las redes sociales, las operadoras, los motores de búsqueda en Internet o las empresas que alojan bases de datos estarán obligados a comunicar a los servicios secretos las actividades de usuarios sospechosos con actividades terroristas o de espionaje. Para ello, deberán instalar unas “cajas negras” para captar automáticamente esas acciones y deberán facilitar los medios técnicos para desencriptar textos o mensajes cifrados.

El proyecto de ley también prevé legalizar prácticas habituales que los servicios secretos realizan hoy al margen o en el límite de las normas. O solo bajo mandamiento judicial. Con la nueva ley, en cambio, podrán colocar micrófonos donde lo crean necesario, entrar en domicilios en situaciones excepcionales, acceder en tiempo real a ordenadores de sospechosos, o colocar balizas de seguimiento en sus automóviles.

Igualmente, podrán usar sistemas denominados Imsi Catcher que, situados en un lugar determinado, pueden registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de sospechosos y de quienes se encuentren en las proximidades.

Siete franceses o residentes en Francia han muerto en atentados suicidas en Irak y Siria, dice el primer ministro

Las autorizaciones para esas acciones de los servicios secretos ya no necesitarán una orden judicial. El permiso lo dará el primer ministro tras escuchar la opinión de una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información, integrada por cuatro parlamentarios, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto en telecomunicaciones.

Los agentes podrán incluso actuar sin autorización previa en caso de “urgencia excepcional” ante una amenaza inminente. Este mecanismo excepcional no podrá ser aplicado a parlamentarios, jueces, abogados o periodistas.

En un gesto extraordinario, el propio primer ministro, Manuel Valls, defendió ante la Asamblea el proyecto. Recordó los atentados de enero y el ataque cibernético de la semana pasada contra TV 5 Monde que interrumpió varias horas las emisiones de esa cadena. También destacó que siete franceses o residentes franceses han muerto en ataque suicidas en Siria e Irak. A estos países han partido ya 1.550 yihadistas franceses y entre 5.000 y 6.000 de toda Europa, una cifra que Valls teme que llegue a 10.000 a fin de año.

“Los servicios de información deben tener los medios para cumplir su misión”, afirmó Valls. “Son medidas excepcionales, pero no excepción”, puntualizó para calificar de “mentirosos e irresponsables” a quienes comparan esta ley con la Patriot Act estadounidense. Para el primer ministro, la ley se justifica por las nuevas amenazas terroristas, pero también por el espionaje industrial que puede costar miles de puestos de trabajo.

Poco antes del inicio de la sesión parlamentaria, varias decenas de personas se manifestaron ante la Asamblea para protestar contra un texto que califica de “liberticida” el Observatorio de Libertades y Sistemas Digitales, creado por asociaciones de derechos humanos, jueces, abogados y sindicatos. Empresas de alojamiento de bases de datos han amenazado con trasladar sus sedes fuera de Francia si se aprueba la ley en esos términos. En el Parlamento, en cambio, apenas hay oposición ni críticas al proyecto. Como prueba de ello, el debate arrancó con el hemiciclo semivacío.

El debate parlamentario coincide con la difusión en Le Monde de una información según la cual los servicios franceses disponen desde hace años sin control alguno, salvo el de sus propios jefes, de un sistema de recogida y almacenamiento masivos de información. Denominado Plataforma Nacional de Criptado y Desencriptado, fue creado en 2007 y tiene su sede en París. “No hay ninguna vigilancia en masa”, ha afirmado Valls en la Asamblea.