Rechazo a una ley de Indiana acusada de discriminar a homosexuales

Una ley de libertad religiosa aprobada por el Estado de Indiana que facilita el rechazo contra gais y lesbianas por parte de empresarios que aleguen que, en el caso de proporcionarles sus servicios, estarían atentando contra sus creencias, se ha convertido en el último punto de enfrentamiento en la lucha por el avance de los derechos de los homosexuales en Estados Unidos.

El Tribunal Supremo estudiará dentro de cuatro semanas un caso que puede desembocar en el reconocimiento del derecho al matrimonio de los homosexuales. La sentencia llegará unos meses después, pero ya ha sido anticipada como el cruce definitivo de la última frontera en la batalla por los derechos civiles, y los conservadores están agotando sus últimos recursos para impedirlo.

Es el caso del gobernador Mike Pence, de Indiana, un político republicano que está considerando su candidatura a las presidenciales de 2016, por lo que puede convertir este asunto en una de las espinas de la campaña. Esta semana, Pence firmó en su despacho una ley que protege “las libertades religiosas que muchos sienten están siendo atacadas por el Gobierno”.

La ley ha sido rechazada por un gran número de organizaciones y personalidades por su parecido a las leyes que permitieron hace décadas negar acceso y servicios por motivos raciales. El gobernador ha defendido sin embargo que la ley no es discriminatoria. “Si supiera que iba a legalizar la discriminación, la hubiera vetado”, aseguró Pence.

Hillary Clinton rechazó el paso dado por el gobernador Pence y lamentó que esta ley “pueda aprobarse hoy en América”

La normativa establece que desde el próximo 1 de julio, los dueños de restaurantes de Indiana puedan negarse a servir banquetes de boda a parejas del mismo sexo, por ejemplo. Floristas, cocineros o fotógrafos también podrán negar sus servicios a clientes gais si consideran que esto atenta contra su libertad religiosa y serán defendidos por el Estado si son acusados de discriminación, tal y como asegura el grupo Advance America, que ha promocionado la legislación.

El caso es un ejemplo del constante tira y afloja de la sociedad estadounidense entre los derechos de los ciudadanos, frente a las regulaciones federales que, según consideran en este caso los conservadores, interfieren en las libertades de otros. La ley de Indiana puede ser rechazada en las cortes, sin embargo, los jueces deberán demostrar que una persona está obligada a actuar en contra de la religión cuando exista un “interés apremiante” en impedir la discriminación.

El difícil equilibrio de ese interés es el que llevó al Supremo a dar la razón el año pasado a un grupo de empresarios religiosos que se negaban a proporcionar determinados seguros médicos a sus empleadas porque cubrían el gasto de anticonceptivos. Aquel fue el caso conocido como Hooby Lobby y el hecho de que la Corte reconociera que la libertad religiosa de los empresarios estaba por encima del derecho de las trabajadoras a ese seguro médico, inspiró esta nueva estrategia de Indiana.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton y posible candidata a la presidencia en 2016 rechazó en Twitter el paso dado por el gobernador Pence y lamentó que esta ley “pueda aprobarse hoy en América”. Otra de las voces en contra de la legislación fue Tim Cook, presidente de Apple, quien la calificó de “decepcionante”. Y el alcalde de San Francisco ha anunciado el primer boicot a la ley: la ciudad no pagará con dinero público ningún viaje de sus funcionarios a Indiana.

La firma de esta ley coincide además con la llegada de la final de la liga universitaria de baloncesto a Indiana, cuyo impacto económico puede verse reducido si siguen adelante las protestas. El exjugador Jason Collins, el primer baloncestista que reveló su homosexualidad durante su etapa profesional en 2013, preguntó desde su cuenta de Twitter al gobernador si estaba “legalizando la discriminación” contra él cuando viaje a la final.

La controvertida ley de Indiana coincide además con lo que ya advirtió la juez del Supremo Ruth Ginsburg tras la sentencia del caso Hobby Lobby, al asegurar que a pesar de que ese caso solo abordaba una pregunta sobre cobertura de anticonceptivos, la sentencia “invitaba a las empresas privadas a buscar excusas” para incumplir normas basándose en cuestiones religiosas. “¿Qué pasa si un empresario se siente ofendido por las obligaciones de vacunación o porque no cree en que deba pagar lo mismo a un hombre que a una mujer?”. Según la juez, el Supremo acababa de adentrarse “en un campo de minas”.