El final de las ilusiones

Los días pasan muy lentos en San Juan. Las horas se tornan espesas mientras las autoridades contemplan múltiples medidas legislativas para atajar una debacle fiscal de proporciones inéditas, que amenaza con arruinar a los bonistas que financiaron aquel apetito voraz que hoy deviene insostenible. La gente sale indignada a la calle para gritar su descontento con un Gobierno que, por más que lo intenta, no consigue dar todavía con su ombligo para implementar las contenciones necesarias. Otros preparan sus maletas y emprenden viaje procurando horizontes más amables. La economía de Puerto Rico sangra profusamente y más de uno le da pocas probabilidades de supervivencia sin reformas sustantivas, que son poco probables, a las leyes estadounidenses que subordinan a la isla en tanto territorio no incorporado de Estados Unidos. El tiempo apremia.

La isla se encuentra en una coyuntura grave, mirando al abismo. Desde los años ochenta hasta el gobierno ha amasado una deuda pública de 72.796 millones de dólares que, sumada a los compromisos de sus sistemas de retiro y los costos del sistema de sanidad, se convierte en la astronómica cantidad de 167.500 millones de dólares, aproximadamente. Esto es cinco veces el presupuesto consolidado del Gobierno y casi el doble del producto interno bruto (PIB). La dimensión de esta deuda hace que las comparaciones con Grecia resulten inevitables, como bien han señalado publicaciones especializadas como The Economist y Bloomberg al advertir de la singular complejidad en que se encuentra esta isla de 3,5 millones de habitantes, anexada militarmente por Estados Unidos en 1898. El asunto empeora al considerar que Puerto Rico está impedido de invocar la protección de la corte federal de quiebras, lo que lo deja en una postura de indefensión ante sus acreedores, que anticipan ya un escenario de impago.

Las circunstancias apuntan al mal gobierno, la corrupción y la indiferencia de un Congreso estadounidense ante el cual la isla no tiene representación

Las circunstancias que condujeron a este trance apuntan al mal gobierno, la corrupción y la indiferencia de un Congreso estadounidense ante el cual la isla no tiene representación, salvo un delegado con voz pero sin voto. El descenso a estos infiernos comenzó en cierta medida cuando la isla fue retirada de la lista de territorios coloniales de la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución de la Asamblea General en 1953, a raíz de aprobarse la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952. Bajo el argumento de que con ella se ponía fin a la colonia, se apagó el potente foco de atención internacional sobre el tema a pesar de que la constitución quedaba plenamente subordinada a los poderes plenipotenciarios del Congreso, en franca contradicción de cualquier intención descolonizadora. Peor aún fue que esa misma constitución estableció que, en caso de no bastar los recursos para cubrir las asignaciones presupuestadas, se daría prioridad al pago de la deuda pública aunque el efecto fuera en detrimento del mejor interés ciudadano. Esta providencia, sumada a la triple exención contributiva que ofrece la isla para inversionistas en aras de estimular la actividad económica, hizo de Puerto Rico una suerte de paraíso fiscal al interior de la jurisdicción estadounidense.

Nunca faltaron candidatos para acudir a la farra. Tomar prestado para cualquier capricho o deficiencia propia fue un ejercicio fácil y temerario, aunque así se fuera envenenando poco a poco el manantial que hoy es poco menos que un solar yermo. Tal es la sequía económica que se estima que unos 50,000 puertorriqueños abandonan anualmente la isla para procurar mejor porvenir en lugares como Florida y Texas, donde pueden vivir sin visado por ser ciudadanos de Estados Unidos. Este éxodo es un signo que alarma por las consecuencias que comporta para una isla cuya población envejece con rapidez.

Huelgan las razones para que las agencias acreditadoras degradaran el crédito de Puerto Rico a niveles de chatarra, cerrando la puerta a los mercados de capital pero abriéndola de par en par a los fondos buitres, que tienen al Gobierno perfectamente sentado sobre su falda. Usura sería una palabra adecuada para describir sus términos prestatarios, que solo recrudecen lo que será a todas luces un desenlace complicado por demás. Sin un marco legal para renegociar la deuda, se anticipan copiosos litigios y hasta una sindicatura dictada por Wall Street.

Acaso lo peor sea un Gobierno cobarde que no ha querido articular ante sus ciudadanos la magnitud del problema, en espera de una salida milagrosa, como si aún le quedara algún conejo en la chistera, o de las autoridades federales que con gafas oscuras y parados a la vera se cruzan de brazos. De nada sirven las ilusiones cuando no queda nadie con alguna voluntad de creer.

Pedro Reina es historiador y periodista. Puede seguirlo en Twitter: @pedroreinaperez