California vacía sus masificadas prisiones

Una espiral de droga y prostitución llevó por primera vez a la cárcel a Charsleen Poe hace 20 años. “Pensé que mi vida se había acabado”, asegura. Envió a sus tres hijos a casa de su madre, en Alabama, y acabó viviendo en las calles de Los Ángeles. Hoy ha rehecho su vida, lleva “limpia” siete años y trabaja como coordinadora de A New Way of Life Reentry Project, una organización que ayuda a la reinserción de presos en el sur de Los Ángeles. Pero con cuatro delitos en su historial (por posesión de cocaína y prostitución), a los 56 años no puede rehacer su vida.

Poe presentó el martes una solicitud para reclasificar sus antecedentes de delitos a faltas. Un cambio legal aprobado por los californianos para aliviar el sobresaturado sistema penitenciario permite esa posibilidad —que significa eludir la cárcel— y que, además de dar nuevas perspectivas a miles de exreclusos, ha conllevado la excarcelación de 2.700 presos en cuatro meses.

En tres décadas la población carcelaria creció un 600% hasta llegar a 170.000 reclusos

Una persona con antecedentes, aunque sean delitos menores, tiene muy difícil abrirse paso cuando sale en libertad. Cualquier empleador puede pedir su historial criminal y, si ha estado entre rejas, lo habitual es que no le contrate. Le negarán acceso a un alquiler social o a un préstamo. Hay empleos públicos a los que no puede ni optar. Poe quiere ser enfermera, un trabajo al que ahora mismo no puede acceder por sus antecedentes de hace dos décadas.

California aprobó el pasado 4 de noviembre en las urnas la llamada Proposición 47, que, con efecto retroactivo, reclasifica como faltas una serie de delitos menores, como robos o fraudes por valor de menos de 950 dólares (905 euros), además del uso personal de drogas ilegales. Antes conllevaban penas de cárcel. Si a Poe le dan la razón en los juzgados, tendrá una segunda oportunidad en la vida que “no podía ni soñar” hace solo un año.

La Proposición 47 tiene como objetivo reducir la población carcelaria de California y reinvertir el dinero que se ahorre en programas sociales de prevención, especialmente, tratamientos de drogas y de salud mental. Desde noviembre, 2.700 personas han sido excarceladas y se estima que saldrán más de 10.000 internos de prisión. Cada año, 40.000 personas son condenadas en California por hechos que antes eran delitos y ya no lo son, como la posesión de la mayoría de drogas.

La nueva ley, aprobada en las urnas, reclasifica como faltas algunos delitos con efecto retroactivo, lo que supondrá la liberación de unos 10.000 presos y decenas de miles no entrarán en la cárcel

La población carcelaria de California aumentó un 600% en tres décadas y llegó a ser de 170.000 personas en 2007, el 0,5% del total de habitantes del Estado. Las razones tras este espectacular aumento se pueden resumir en una competición electoralista para ver quién era más duro contra el crimen. La famosa ley de los tres errores (three strikes), se aplicó con más dureza que en cualquier otro Estado. Básicamente, enviaba a la cárcel de por vida a alguien con tres delitos cualesquiera. Además, el lobby de los guardas de prisiones ha sido tradicionalmente un poderoso aliado político. California gasta 62.000 dólares al año por cada preso (sirva de comparación los 9.000 que dedica a cada estudiante de primaria), según cifras de Californians for Safety and Justice, uno de los principales grupos de apoyo a la proposición. Las estimaciones indican que la Proposición 47 supondrá un ahorro de entre 100 millones y 200 millones de dólares al año.

California ha sido reduciendo su población carcelaria desde 2011 por orden de los jueces, que consideraron inhumano el hacinamiento en prisión. Pero con la nueva norma, se pone a la cabeza de una tendencia que recorre Estados Unidos. Es el país con más ciudadanos presos: más de 2,2 millones de personas, más que China. En 1980 eran medio millón. EE UU gasta más de 70.000 millones de dólares al año en prisiones.

La nueva ley tiene partidarios y detractores en ambos partidos. La Proposición 47, por ejemplo, fue apoyada por el excandidato presidencial republicano Newt Grigrich y por el actual presidenciable del mismo partido Rand Paul, junto a decenas de organizaciones sociales. Sin embargo, se opuso la senadora demócrata Dianne Feinstein, alineada con las oficinas de los sheriff y el lobby de los guardas de prisiones. Un Estado muy republicano como Texas tiene programas hace años para reducir su población carcelaria y reforzar la reinserción para cortar la espiral de reincidencia.

La ley de California es la más avanzada dentro de una tendencia nacional de alivio de las cárceles que tiene apoyos en los dos partidos

La tendencia desafía todos los manuales políticos que dicen que ser duro contra el crimen da votos. “El crimen ya no da miedo”, explica el analista Joe Mathews, coautor del libro California crack up (la fractura de California) y columnista del espacio de debate Zócalo. La violencia en Los Ángeles, por ejemplo, ha retrocedido a niveles de los cuarenta. “Hay un cambio nacional en las preocupaciones de los partidos. El crimen ha bajado y los presupuestos están ajustados, así que surge la pregunta: ¿necesitamos a toda esta gente en prisión? Lo interesante será ver si hay una reacción. Yo creo que la habrá”.

Como advierte Mathews, la historia de la Proposición 47 no ha terminado aún. Los críticos aseguran que están aumentando los pequeños crímenes contra la propiedad. Además, los fiscales se han dado cuenta de que no pueden recoger muestras de ADN de aquellos detenidos por faltas, lo que perjudica las investigaciones. Las peticiones para enmendar la ley empiezan a hacerse oír.

Jessica Farris, de la Unión Americana por las Libertades Civiles, uno de los principales promotores de la proposición, sostiene que los verdaderos efectos se verán a partir de los próximos presupuestos, cuando se empiecen a financiar proyectos de reinserción. “Cuando empecemos a ver los programas sociales en marcha veremos bajar las cifras de crimen”, asegura.

Mientras, decenas de miles como Amie Zuniga, esperan que los jueces les reclasifiquen sus condenas. Por sus antecedentes de posesión de drogas y robo de coches, a Zuniga le han negado alojamientos sociales, empleos y alquileres. “Empecé a tomar drogas a los 12 años y a los 13 estaba en una banda”, cuenta. Tiene 34 años y seis hijos. Le quitaron la custodia de cinco de ellos y para poder verlos tiene que demostrar al juzgado que ha rehecho su vida por completo. Solo vive con el pequeño, de dos años y medio, y con el padre. “Si me aprueban [la solicitud] quiero volver a la escuela y ascender. Hay que seguir y dar ejemplo de que si uno quiere hay puertas para ir hacia arriba. Cometimos errores, pero es hora de enmendarlos”.