La oposición de Venezuela carga contra la mediación de Unasur

La posibilidad de que el Gobierno y la oposición de Venezuela se sienten a una mesa a dialogar está más lejos que nunca. La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) no es confiable para los adversarios del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Todo ha quedado demostrado a la salida de la reunión que tuvieron en la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas este viernes. Ninguno de los representantes de la oposición –cuatro diputados y dos gobernadores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles- se ha detenido a hablar con la prensa apostada en el sitio. Algunos de ellos han preferido expresar su opinión a través de las redes sociales. “Imposible con presos políticos dialogo con el Gobierno”, ha escrito el diputado de Proyecto Venezuela, Carlos Berrizbeitia. “En nuestro criterio, este encuentro ni siquiera puede calificarse como una reunión”, ha opinado a su vez la representante del Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano (Un Nuevo Tiempo) en su cuenta de Twitter.

El recelo es mutuo. La nueva organización, creada en 2011, se ha encargado de dejar en claro que no reconoce como legítima oposición a la facción antichavista que en 2014 decidió tomar la calle para demandar el inmediato cese del Gobierno. Incluso Unasur ha sido mucho más allá en sus gestos condescendientes con el régimen. Su secretario general, Ernesto Samper, ha asegurado que en Venezuela existe separación de poderes al referirse a la situación del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, preso desde hace quince días por conspiración en un penal militar de los suburbios de la capital venezolana.

Este punto de vista ha sido una provocación para la contraparte, que desde hace muchos años critica la intromisión del Ejecutivo en las demás instituciones y su apego incondicional a los dicterios de Hugo Chávez, primero, y de su sucesor Maduro, después. A esa opinión se han sumado también el modo como Unasur ha convocado la cita, que también ha contado con la presencia de los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, de Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patiño. La organización ha seleccionado a dedo a los participantes de la cita dejando por fuera, por ejemplo, al secretario general de la coalición Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, quien es el principal vocero ante el Ejecutivo y la comunidad internacional, o a la exdiputada María Corina Machado. “No puede ser mediador quien respalda a uno de los bandos”, ha dicho Torrealba en declaraciones a la prensa. Y más tarde, una vez que finalizó la conversación, que ha durado poco más de dos horas, ha escrito en Twitter: “Samper llegó a Venezuela con un discurso parcializado y una convocatoria excluyente. Así no se promueve el diálogo, se confronta. Vino a apoyar le leyenda madurista de golpes de estado imaginarios y guerras económicas ficticias. Está haciendo las relaciones públicas del Gobierno”.

Fue el fin de una jornada que pretendió legitimar al Gobierno de Nicolás Maduro y fustigar a sus contrarios casados con una estrategia distinta de la de solo participar en elecciones. Samper no ha hecho nada por presentarse como un mediador imparcial. “Estamos aquí por invitación del presidente Maduro. Hemos recibido informaciones que registramos con preocupación y frente a esta evidencia queremos declarar de manera enfática que todos los estados de Unasur, sin excepción, rechazarán cualquier intento de desestabilización democrática de orden interno o externo que se presente en Venezuela”. El secretario ha anunciado que sus afiliados ayudarían al gobierno a producir y distribuir alimentos en el país, como una forma de ayudarlo a superar la crítica situación de escasez y desabastecimiento que acogota al país desde hace dos años.

La oposición ha puesto cuatro condiciones para dialogar con el Gobierno. La principal es la liberación de 103 personas consideradas como presos políticos, entre los que se encuentran el regidor Ledezma y el coordinador nacional de la organización Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014. Han exigido a los cancilleres que visite la cárcel de Ramo Verde, donde ambos se encuentran alojados, y un sótano de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia conocido como “La Tumba”, donde estarían detenidos los jóvenes Lorent Gómez Saleh y Gerardo Carrero de acuerdo con denuncias de sus familiares, para constatar las violaciones a los derechos humanos. En la voz de Samper jamás se escuchó esa expresión.