Brasil se precipita hacia un seísmo político por el ‘caso Petrobras’

Un simple trámite jurídico ha desencadenado un terremoto político en Brasil. El fiscal general, Rodrigo Janot, entregó el martes por la noche (miércoles de madrugada, en horario español) al Tribunal Superior una lista que incluye a los políticos que, en su opinión, están implicados en la mayor trama corrupta que jamás ha existido en el país, la de la petrolera pública Petrobras. Desde hacía meses, todo giraba en Brasil sobre la hipotética lista maldita y sobre los nombres que sí o no figurarían en ella. El fiscal prometió entregarla después del carnaval y así ha sido. El listado es aún secreto en teoría, y solo el Tribunal Superior puede dar el visto bueno para que los nombres se conozcan oficialmente.

Pero la prensa brasileña ha filtrado algunos de los implicados y basta un par para dar constancia de la bomba política que se abate sobre el país. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, como el del Senado, Renan Calheiros, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido aliado del Gobierno, se encuentran entre los citados. Cunha, verdadero malabarista de la política, actual pieza clave en el complicado tablero brasileño, al ser preguntado, aseguró que desconocía el hecho, pero luego añadió: “Espero que todo esto no sea una investigación política”.

El listado incluye, en total, 54 nombres, de los cuales, más de una treintena, según las primeras revelaciones, son políticos o expolíticos. Y muchos de gran calibre. Hay, según estas primeras filtraciones, diputados, senadores, gobernadores de Estados y exministros. La mayoría del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Lula. Pero también del citado PMDB, especie de partido bisagra sin ideología clara, especializado en aliarse siempre con el poder y de bajarse en marcha cuando al poder le vienen mal dadas. Y también del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el partido opositor del Gobierno y al que pertenece Aécio Neves, el líder que disputó la presidencia a Rousseff en octubre pasado.

Los implicados están acusados de lucrarse con el engrasado sistema corrupto que atravesaba de arriba abajo Petrobras. O de financiar campañas electorales a través de este sistema.

De hecho, la defensa de buena parte de estos dirigentes políticos será que esta financiación era perfectamente legal. Todos han sido denunciados o bien por un experto en lavar dinero o bien por un ex alto cargo de Petrobras también encarcelado o bien por los empresarios que sobornaban a los ex altos cargos o directamente a los políticos. En una especie de bola de nieve judicial, el exdirector de abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, acusado de embolsarse fraudulentamente unos 100 millones de euros, a cambio de una rebaja en la condena, comenzó a delatar a la policía quiénes más se estaban haciendo ricos con la petrolera. También el considerado cabeza de la trama, el experto en lavar dinero Alberto Youssef, que actuaba de intermediario y acusado de agenciarse millones de euros, accedió a cantar en el calabozo a cambio de menos años de cárcel. De las denuncias de estos dos implicados la policía acusó a un centenar de empresarios que, según la fiscalía, sobornaba a altos cargos de la petrolera (y a políticos) a cambio de contratos con Petrobras. Había dónde elegir: Petrobras es la empresa que más invierte en Brasil, y construye o adquiere desde carreteras a plantas petrolíferas pasando por refinerías o barcos.

También hubo empresarios detenidos que se acogieron al eficaz trueque de años de pena por acusaciones. Y basándose en sus denuncias la policía llegó a los 54 de la lista negra que el fiscal general colocó ayer en manos del Tribunal Supremo. Será este tribunal el que, tras examinar las pruebas y los testimonios, dictamine si la causa sigue para adelante.

Pero, por lo pronto, la mera entrega del listado ya ha desencadenado un vendaval de reacciones y de especulaciones. Muchos observadores temen que las acusaciones envenenen las ya de por sí tormentosas y alambicadas relaciones entre el Gobierno, acuciado por una economía gripada y un país estancado, y un Congreso ultra-fragmentado que Dilma Rousseff no domina. Brasil vivía ya de por sí una precaria estabilidad política. El país vive aún polarizado desde las últimas elecciones, que Rousseff ganó por la mínima en el segundo turno. Un ejemplo de esta división política es que el próximo 15 de marzo hay convocada una manifestación para pedir el impeachment (destitución) de Rousseff.

Además, São Paulo sufre una sequía alarmante que en menos de dos meses puede dejar a las viviendas sin agua cinco días a la semana en un racionamiento de consecuencias económicas y sociales imprevisibles. A todas estas incertezas se suma ahora el vendaval de la lista negra de Petrobras.