El 40% de Estados mexicanos no ve como delito la desaparición forzada

La ONU ha criticado con dureza los tibios avances de México en materia de desapariciones forzadas. La atención sobre este delito, que para ser considerado así debe contar con la intervención de funcionarios públicos, se ha redoblado a raíz del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en que participaron policías locales. Una de las reprimendas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en su examen es la deficiente legislación de México al respecto. Ni la ley federal ni las legislaciones de los Estados que recogen este delito cumplen con los estándares marcados por la convención internacional de la que México es firmante. Además, no todos los Estados lo contemplan en sus códigos penales. Tan solo 19 de las 32 entidades del país lo hacen y en algunos casos la ausencia de ley coincide con los lugares con una mayor tasa de desapariciones.

La dificultad de analizar el fenómeno comienza con la imposibilidad de conocer las cifras exactas de desapariciones forzadas en México. No existe ninguna estadística oficial que dé cuenta del problema. El termómetro que más se acerca es el registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas, una suerte de cajón de sastre que no distingue la causa de la desaparición ni desagrega la información por Estados, sexo, edad o nacionalidad de las víctimas. Un reciente estudio del profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) José Merino ha llevado a cabo este tarea de depuración. Según su trabajo, que tampoco distingue la causa de la desaparición, existen 23.701 personas en México de las que se desconoce su paradero.

Seis entidades acumulan casi el 30% de los casos. Tamaulipas, Cohahuila, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Sonora suman juntas 6.703 casos y registran la tasa más alta por número de habitantes. Tan solo dos de estos Estados, Cohahuila y Chihuahua, recogen el delito en sus códigos penales. Tamaulipas, al noreste del país, marca el récord con 5.155 casos, lo que supone una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes, tres veces mayor que los dos siguientes estados más golpeados, Sinaloa y Cohahuila.

Tamaulipas, marca el récord con 5.155 casos —17,2 por cada 100.000 habitantes— tres veces mayor que los dos siguientes estados más golpeados, Sinaloa y Cohahuila

El aumento reciente de la inseguridad en Tamaulipas se debe a la fractura de los grupos del narcotráfico con presencia en la zona. La estrategia de seguridad lanzada en mayo de 2014 por el Gobierno Federal no ha logrado mitigar la disputa por el territorio entre los Zetas y el cartel del Golfo y la violencia aumentó durante el año pasado. Los homicidios dolosos crecieron un 13% y los secuestros, un 24%.

“La tipificación en el código penal de cada uno de los estados en un paso adelante. Pero no creo que sea suficiente. Es necesario adoptar toda una serie de protocolos de investigación y un registro nacional para terminar con el incentivo a la impunidad”, señala Leopoldo Maldonado, abogado de la organización en defensa de los derechos humanos Artículo 19. El reciente secuestro y asesinato de Moisés Sánchez, un periodista local de Medellín Bravo (Veracruz), es en su opinión paradigmático. La investigación apunta a la policía local y al alcalde del municipio. Sin embargo, indica Maldonado, “la fiscalía no ha seguido la instrucción como desaparición forzada. Muchos de los jueces no conocen bien delito y prefieren ir por privación ilegal de libertad o abusos de autoridad”.

“La tipificación en el código penal de cada uno de los estados en un paso adelante. Pero no creo que sea suficiente Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo 19

Este escepticismo sobre los mecanismos que han de ponerse en marcha para perseguir este tipo de delitos es compartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvo presente durante las audiencias ante el Comité de la ONU. Para Ismael Eslava, visitador general del organismo, la legislación mexicana, tanto federal como por entidades, recoge solo en parte las exigencias internacionales: “La Convención establece que por desaparición forzada se entiende el arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado y de particulares que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Este es un punto en que fallan las leyes mexicanas. Muchas se limitan a tipificar las acciones sólo de los servidores públicos”.

El caso de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en septiembre es un ejemplo de las consecuencias que provocan la ambigua legislación mexicana. Por un lado, la Procuraduría General de la República (Fiscalía) da prácticamente por cerrada la investigación al concluir, según su versión, que los jóvenes fueron asesinados por un grupo de sicarios. Por otro lado, el grupo independiente seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos partirá de la premisa de que se trata de un caso de desaparición forzada al haber intervenido en la masacre policías municipales.