“Si no están vivos no importa, queremos sus restos”

En el armario de Oralia Villaseñor se apilan los regalos que ha comprado a su esposo por el 14 de febrero, el día de San Valentín. “Este año le voy a comprar unas sandalias. Se las voy a adornar con peluches o con paletas de corazones”, piensa en voz alta mientras habla por teléfono en la entrevista. En su casa guarda tres obsequios, uno por cada año de ausencia. La última vez que vio a Fortino fue el cinco de junio de 2011, cuando ocho marinos de la Armada de México golpearon la puerta de su casa y se lo llevaron.

Oralia y sus hijos viven en un barrio popular de Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza con Estados Unidos en Tamaulipas, un Estado al noreste de México que ha sido escenario de la sanguinaria lucha por el territorio que han protagonizado el Cartel del Golfo y Los Zetas desde 2005. La guerra contra el narcotráfico agregó otro elemento a una complicada ecuación: la presencia de las fuerzas armadas. Marinos de la Armada, soldados del Ejército y la Policía Federal patrullaron la zona como parte de la estrategia contra el crimen organizado.

“Una voz le dijo ‘Ven, te vamos a tomar las huellas’. Esperamos diez, quince, veinte minutos y no regresó”, recuerda Oralia. A pocos kilómetros otra familia vivió una tragedia similar esa noche. Entre el cuatro y el cinco de junio se perdió el rastro de seis hombres. Fortino Martínez, José Cruz Díaz, Héctor Rodríguez, Martín Rico, Diego Omar Guillén y Usiel Gómez Rivera fueron detenidos sin órdenes de aprehensión o de cateo.

La Secretaría de Marina negó categóricamente "que personal naval haya participado en dichas detenciones"

Lo que se sabe de esa noche es gracias a Oralia, que movida por la indignación decidió seguir al convoy de marinos que se llevó a su esposo. Antes del amanecer llegaron al Motel Santa Mónica. “Yo les decía: ahí lo tienen, díganme por qué. ¿Cuál es el motivo?” Oralia y sus familiares grabaron la escena en vídeo. Las imágenes ayudaron a defenderse de una de las armas usadas por las autoridades: la mentira.

Diez días después del arresto la Secretaría de Marina (SEMAR) hizo público el comunicado 195/2011 donde negó categóricamente “que personal naval haya participado en dichos aseguramientos”. Las autoridades dijeron a los familiares que era probable que narcos disfrazados con uniforme hubieran secuestrado a las víctimas.

El vídeo de Oralia echó por tierra esa versión. Esa noche un carro fue grabado entre los vehículos oficiales de la Armada en el motel. Era el auto de Usiel Gómez Rivera, uno de los desaparecidos. Su hermana Ana lo reconoció en las imágenes.

Esto hizo corregir la versión de la Armada. En otro comunicado (216/2011) admiten que tuvieron “contacto con seis de las personas presuntamente detenidas”. La tercera versión, que sumó a la confusión en torno a este caso, la dio la Procuraduría General de la República (PGR; la fiscalía) a Amnistía Internacional. La fiscalía aseguró que estas personas habían sido amenazadas por los Zetas y que habían ofrecido protección. Las autoridades aseguraron que habían dejado a Fortino y a los otros cinco hombres en una estación de autobuses del pueblo Miguel Alemán el seis de junio. Dos taxistas, dijo la PGR, habían sido testigos de eso.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la defensoría del pueblo, aseguró en una investigación que los chóferes citados por las autoridades no existían. “Solo diez personas trabajan como taxistas ahí. Ninguna conoce a esas personas”, concluyó la CNDH en 2012. La investigación y las autoridades han dejado claro que ninguno de los desaparecidos formaba parte de algún grupo del narcotráfico.

La CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de Marina por violaciones graves de derechos humanos. La Armada pagó indemnizaciones a las familias de los desaparecidos. “Es una cantidad risible, una burla”, aseguró Raymundo Ramos, abogado de las víctimas. “El pago no condiciona a desistir de las demandas”, explicó. Dos familias han huido a Estados Unidos para tratar de pasar página. Una más se ha mudado a Nuevo León.

La justicia está muy lejos de hacerse presente en este caso. “La averiguación continúa abierta, pero a casi cuatro años de los hechos no hay un solo marino consignado a pesar de que existe un vídeo que identifica a los responsables”, afirmó Ramos. Las familias están resignadas. “Quieren conocer el paradero de sus familiares. En las condiciones que se encuentren. Si no están vivos no importa, queremos sus restos”, dice el abogado.

Este es uno de los casos que ha llegado a Ginebra al comité contra desapariciones forzadas de la ONU. En México, Oralia ha buscado una explicación para entender las penas que ha dejado en su casa el paso del torbellino de la guerra contra el narcotráfico. Se ha refugiado en la religión. Con fe cristiana asegura que verá volver a su esposo a casa. Y por gozar un instante de felicidad suele imaginar la cara que pondrán sus hijos y su suegra cuando Fortino vuelva a cruzar el umbral de casa. Después, con un dejo de amargura, dice:

-“Yo le pido a Dios que incomode a los marinos. Que no los deje vivir tranquilos. Le digo: ‘tócales su corazón. Que sepan que hicieron mal”.