El juicio a Ríos Montt aviva la división en Guatemala

La suspensión el pasado lunes del juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt —el general de 88 años que rigió Guatemala durante uno de los periodos (1982-1983) más violentos de la guerra civil de 36 años que se libró entre 1960 y 1996—, ha evidenciado la división que pervive en el país centroamericano, a la vez que constituye un golpe a la desprestigiada justicia local.

En mayo de 2013, el exdictador fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Dos semanas después, el Constitucional, en un fallo cuestionado por carecer de competencia, anuló la condena por defectos de forma en el proceso y ordenó un nuevo juicio. Pese a los intentos de la defensa por retrasar la vista, Ríos Montt acudió finalmente el lunes en ambulancia y camilla al juicio por el asesinato de 1.771 indígenas desarmados, en el área Ixil (Quiché, norte). La vista fue suspendida por la tarde, al lograr la defensa de Montt la recusación de la jueza Jeannette Valdez, con el argumento de que emitió una opinión sobre el genocidio en una tesis académica en 2004. No hay una nueva fecha fijada para el juicio.

Mientras los grupos de la derecha más recalcitrante celebran el fallo, la izquierda y los defensores de derechos humanos lo ven como un triunfo de la impunidad, en la medida en que la defensa ha logrado impedir que se realice un debate que debería ser esclarecedor de los crímenes de guerra del Ejército, un paso previo para llevar ante los tribunales a los responsables de acciones similares de la guerrilla. De acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, el 90% de los delitos fueron cometidos por el Ejército y un 3% por la guerrilla.

Este juicio ha significado un retroceso de entre 15 y 20 años en temas de cohesión social Raquel Zelaya, miembro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Para Raquel Zelaya, miembro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente), la suspensión del juicio contra Ríos Montt es un dictamen apegado al derecho. "La suspensión y el hecho de mandar a consulta el tema de la jueza recusada garantiza que la sentencia final no pueda ser objetada". Para Zelaya, la condena de Ríos Montt en mayo de 2013 rompió un incipiente proceso de reconciliación, palpable en la convivencia obligada entre viejos adversarios en las comunidades donde los enfrentamientos alcanzaron las más altas cotas de violencia. "Este juicio ha significado un retroceso de entre 15 y 20 años en temas de cohesión social".

La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, cuya fundación acompaña a las víctimas de la violencia en temas como asesoría legal y movilización de los testigos, también califica como correcta la decisión de suspender el juicio, aunque con matices: "Esta suspensión es un golpe profundo a las víctimas. Las pruebas están contaminadas y hay una zozobra en la opinión pública que pone en riesgo la seguridad física de los testigos".

El periodista Gonzalo Asturias Montenegro, exsecretario de Prensa del Gobierno de Ríos Montt, niega la existencia del genocidio y afirma que, por el contrario, el exdictador dio órdenes concretas de que se respetaran los derechos de los habitantes de las zonas de guerra. Con respecto al futuro del proceso que se sigue al anciano militar, Asturias lo ve incierto. "La salud del general es sumamente precaria. Padece de arritmia cardiaca, tiene problemas con los riñones y sufre de hernias en la columna vertebral. ¿Cuánto puede durar el juicio? ¿Y podrá resistirlo Ríos Montt? No lo sé".