Perú, la pelea por la frontera

Un inusual consenso en todos los frentes políticos fue el hito del mes de enero. El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la delimitación de la frontera marítima entre Chile y Perú, la única pendiente de definir, entregó a Perú más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar, de los que 21.000 estaban en disputa con su vecino, con el que mantiene intensas relaciones comerciales. Luego volvió la rutina política: escaramuzas y acusaciones entre los líderes políticos, incluidos tres expresidentes, y altos funcionarios públicos que enfrentan investigaciones por corrupción y otros delitos.

En abril y julio los nombramientos del nuevo Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y del ministro del Interior, Daniel Urresti, motivaron una crisis política. Ramos es investigado por su posible relación con una red de corrupción y extorsión liderada por César Alvarez, el expresidente regional de Ancash, hoy preso por malversación de fondos públicos. Urresti permanece en el Ejecutivo mientras la justicia decide si lo cita a juicio oral por el asesinato de un periodista en 1988, cuando era oficial de inteligencia del Ejército en un cuartel en Ayacucho, durante la guerra contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Ambos niegan los cargos, pero las investigaciones continúan y provocando una erosión en el ejercicio de de dos puestos institucinales de gran calado.

Los casos de corrupción de cargos públicos son cada vez más frecuentes. El consejero del Gobierno regional de Ancash, Ezequiel Nolasco, un enemigo político del ex presidente regional, César Álvarez, fue asesinado, pese a haber denunciado las amenazas de muerte desde 2013. Ancash es uno de los gobiernos regionales con más presupuesto por el cobro de canon minero: la mayor productora de cobre y zinc en el país opera y tributa allí. Álvarez malversó fondos del Gobierno regional destinados al pago de obras públicas. El esquema delictivo se repitió en los departamentos de Pasco y Tumbes, pero el presidente regional de Tumbes sigue prófugo. Y esa lentitud de los operadores de justicia siembra las dudas sobre la lucha contra la corrupción.

La debilidad institucional del Estado tuvo en septiembre su peor expresión. Cuatro líderes de la etnia asheninka fueron asesinados en la frontera Perú-Brasil, pese a que en 2013 denunciaron ante la Fiscalía a madereros ilegales que talaban en su comunidad –Saweto – y en julio de 2014 pidieron a autoridades estatales en Lima protección ante las amenazas de muerte.

La desaceleración económica empezó ya en 2013, con la baja en el precio internacional de los metales, y la menor demanda china

En noviembre otro prófugo acusado de corrupción y estafa fue detenido en Cali. Las policías de Colombia y Perú capturaron al abogado y empresario peruano Rodolfo Orellana, líder de una red de corrupción que incluía notarios, jueces, fiscales y policías, y que durante 15 años se apropió de inmuebles y terrenos de cientos de personas y de instituciones públicas. Sin embargo, sigue en paradero desconocido otro de los hombres más buscados por la justicia, un amigo y excolaborador de las campañas presidenciales de Ollanta Humala en 2006 y esporádicamente en 2011: Martín Belaunde fue parte de la red de corrupción del gobierno regional de Ancash y es investigado por tráfico de influencias y colusión en la adjudicación de obras públicas en los gobiernos regionales de Cusco, Junín y Madre de Dios.

Así como la lucha contra la corrupción es un reto del gobierno, la economía también lo es. En 2014, el Banco Central de Reserva redujo dos veces la proyección del crecimiento económico, de 5.5% a 4.4% y luego a 3.1%. La desaceleración empezó en 2013, con la baja en el precio internacional de los metales, y la menor demanda china de mineral. Perú es el quinto productor mundial de oro y pretende volver a ser el segundo en cobre en 2016.

El frenazo fue criticado por la oposición y el Gobierno aprobó durante el año cuatro paquetes de medidas para reactivar la economía. El incentivo a las inversiones consistió en reducir estándares medioambientales, y facilitar la aprobación de permisos para proyectos de infraestructura, hidrocarburos y minería. Sin embargo, la más reciente norma de flexibilización laboral, una demanda histórica de la patronal de empresarios, ha sido rechazada por miles de jóvenes en dos marchas realizadas en Lima durante el mes de diciembre.

El nuevo régimen laboral juvenil restringe el derecho a recibir prestaciones, asignación familiar, gratificaciones, y compensación por tiempo de servicios. Además, contempla 15 en vez de 30 días de vacaciones, incluye un seguro de riesgo, seguro social y pago por planilla. El año cierra con la voz de miles de estudiantes retumbando en las calles, la gran mayoría ajenos a partidos políticos, y sin memoria de protesta. Un lema frecuente en las marchas ha sido “Soy cholo (mestizo), pero no cholo barato”, discrepan con la idea de ser un mero coste laboral en una economía que necesita recuperarse.