Venezuela y Bolivia se quedan solas

Venezuela y Bolivia, con el respaldo de Nicaragua, “minaron” —en palabras de diplomáticos— este lunes la imagen de unidad que la OEA quería dar aprobando una sencilla declaración de apoyo al inicio del proceso de normalización de relaciones emprendido por Estados Unidos y Cuba. Pero la jugada no les salió del todo bien. 

Durante diez horas, estos países dilataron el proceso con la demanda de que el texto incluyera una mención a la continuación del embargo que EE UU lleva imponiendo a la isla desde hace más de medio siglo.

Visto que no lograban imponerse, acabaron por impulsar una votación pública de la declaración. El objetivo: por un lado, todo lo que no sea consenso dentro de la OEA es interpretado como una falta de unidad. Además, quien no apoyara esa condena al embargo habría quedado implícitamente apoyando una sanción que todos los países de América Latina han condenado durante décadas. 

Sin embargo, los cada vez más frustrados diplomáticos, que vieron cómo una simple declaración positiva se tornaba en una nueva muestra de incapacidad del organismo hemisférico por actuar con una sola voz incluso cuando existe amplio consenso, castigaron la iniciativa con una fácil maniobra: la abstención. 

Para que la propuesta de Bolivia —que fue quien la presentó formalmente— hubiera sido incluida en la declaración, se requería que la mayoría de los Estados miembro, 18, hubieran aprobado su inclusión en la declaración final. 

No fue así. En vez de ello, 27 países —incluido el bloque del Caribe que tradicionalmente ha votado a favor de las iniciativas del Alba— se abstuvo, con lo que la propuesta nunca llegó a entrar en el texto que, finalmente, fue aprobado por aclamación. 

La propuesta boliviana solo recibió el apoyo de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y El Salvador. EE UU votó “no”. 

Caracas y La Paz volvieron a quedarse solos cuando no lograron que en el texto que celebra la “profunda satisfacción del anuncio” se cambiara el término “normalización de relaciones” por “restablecimiento”, bajo el argumento de que no se puede normalizar la relación entre Washington y La Habana hasta que se levante el embargo. 

Finalmente, ambos países tuvieron que conformarse con mostrar su disconformidad con un “pie de página” donde quedaron en letra pequeña sus reclamos. 

Venezuela tampoco logró colar en la declaración su intento de última hora por incluir en la declaración final una condena general a las sanciones a terceros países. El esfuerzo fue interpretado como una revancha por la imposición de sanciones a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro decretada por Washington.

El párrafo que Venezuela intentó incluir, “aprovechando la experiencia de toda esta situación”, según dijo su representante, Carmen Velásquez, rezaba: “Hacemos votos por que se erradique la práctica internacional de imponer sanciones unilaterales contra Estados soberanos”. 

Justo un día después del histórico anuncio del restablecimiento de relaciones con Cuba, el presidente Barack Obama firmó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014. La normativa impone sanciones contra medio centenar de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro considerados responsables de violaciones de derechos humanos en las protestas opositoras suscitadas entre febrero y junio. 

La decisión provocó la indignación de Maduro que, un día después de haber saludado la “valentía” de Obama respecto a Cuba, calificó de “insolentes” las nuevas sanciones. A la par, advirtió a Washington en contra de subestimar “la fuerza y la conciencia del pueblo venezolano”.