La Corte Penal suspende sus investigaciones en Darfur

La Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido suspender las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en la región sudanesa de Darfur. Según la fiscal jefe, Fatou Bensouda, la falta de apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para llevar a cabo las pesquisas la obligan “a paralizar el caso para dedicarme a otros más urgentes”. Bensouda ha anunciado su decisión ante la propia ONU, a la que ha pedido “un cambio radical de actitud”. La fiscalía ya ha renunciado a juzgar al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por crímenes contra la humanidad. Supuestamente cometidos tras las elecciones de 2007, no ha podido reunir pruebas por falta de colaboración del Gobierno keniano.

En su comparecencia sobre Darfur, la fiscal ha criticado duramente la “inacción” del Consejo de Seguridad incluso ante denuncias de violaciones en masa. En noviembre, el Gobierno de Sudán pidió a la misión conjunta de efectivos de la propia ONU y de la Unión Africana (Unamid) que cerrara sus oficinas en Jartum, dedicadas a la defensa de los derechos humanos. “Hubo una denuncia de unas doscientas violaciones en la localidad de Tabit que se intentó investigar. Los supuestos causantes fueron soldados sudaneses, pero no se ha podido entrar allí. Este Consejo debería actuar de inmediato”, ha añadido Bensouda. El mayor problema es que China, miembro permanente del mismo, es un aliado tradicional de Jartum y ha vetado hasta la fecha intervenir allí.

La Corte es la única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero no ha logrado arrestar al presidente sudanés, Omar el Bachir. Acusado de genocidio en 2009, Sudán no reconoce la competencia de la justicia internacional. Otros países que sí forman parte de la CPI, como Chad, tampoco colaboran. Ni siquiera ahora que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Por su parte, Yoweri Museveni, presidente de Uganda, ha pedido a los demás países africanos que abandonen “una Corte que solo nos persigue a nosotros”.

El conflicto de Darfur se remonta a 2003, cuando los rebeldes de etnia africana negra denunciaron con las armas la marginación sufrida por parte del Gobierno de El Bachir, de origen árabe. Los milicianos yanyaweed, apoyados por las autoridades, persiguieron a sus compatriotas, y según la CPI, la lucha desembocó en genocidio. En 2005, el Consejo de Seguridad utilizó su prerrogativa de enviar el caso a la Corte para que lo investigara. Según cálculos de la propia ONU, al menos 200.000 personas han muerto en la última década. Otras 430.000 han tenido que abandonar su hogar en lo que va de año. Más de dos millones estaban ya en la misma situación.

La CPI, en vigor desde 2002, tiene procesos abiertos en seis países, todos ellos africanos: República Centroafricana, Libia, Costa de Marfil, Uganda y República del Congo. Hasta la fecha y tras 12 años de vida del CPI, el único caso cerrado es el del señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga condenado a 14 años de cárcel por reclutar niños soldado. Lubanga perdió la apelación sobre su caso el pasado 1 de diciembre.