Condena a Colombia por los hechos de la toma del Palacio de Justicia

En una histórica condena, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el miércoles culpable a Colombia por la desaparición de 10 personas, por la ejecución extrajudicial de un magistrado y por las detenciones, torturas y tratos crueles a otras cuatro. La sentencia juzga los sucesos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, durante y después de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá a manos de un comando de la guerrilla colombiana del Movimiento 19 de Abril (M19), y la recuperación del edificio por el ejército y la policía.

En el veredicto, dictado el 14 de noviembre y comunicado este miércoles al Gobierno colombiano, así como a las víctimas y a sus representantes, se “consideró demostrado que existió un modus operandi tendente a la desaparición forzada de personas consideradas sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”.

Con 35 combatientes, el comando Iván Marino Ospina del entonces M19 —hoy inexistente—, tomó el Palacio y mantuvo a unos 350 rehenes entre magistrados, consejeros, empleados judiciales y visitantes. Tras 27 horas de combates con el ejército y la policía, fue aniquilado. Las fuerzas colombianas rodearon el edificio e iniciaron un violento operativo con tanques y tropas para su recuperación, que se saldó el 7 de noviembre extraoficialmente con 98 muertos —11 magistrados— y numerosas denuncias por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y arrestos y torturas.

La Corte admitió en su sentencia que se ignora el número exacto de muertos y supervivientes. El comando, dirigido por los comandantes Luis Otero Cifuentes, como jefe, y Andrés Almarales, exigió sin éxito que el entonces presidente colombiano, Belisario Betancourt, se presentara en el Palacio, ocupado en esa época por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado, para someterlo a juicio político por la crisis que sufría Colombia. Todos los insurgentes perecieron.

La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que funciona desde 1979 en San José, declaró “responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de estos sucesos”. El máximo tribunal americano de justicia exigió investigar el paradero de los 11 desaparecidos, impuso medidas de reparación y ordenó pagar indemnizaciones a las familiares de las 15 víctimas.

En octubre de 2013, el Gobierno colombiano aceptó ante la Corte IDH su responsabilidad en las torturas que sufrieron dos de los sobrevivientes y la "omisión" en el trato que recibieron otras dos personas. Una Comisión de la Verdad conformada en 2005 reveló que el cartel de Medellín pagó dos millones de dólares a guerrilleros del M19 para tomar la sede judicial, pero también que la reacción de la Fuerza Pública fue “desproporcionada y no buscó salvaguardar la vida de los rehenes”, informa Elizabeth Reyes L. desde Bogotá.

El ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, informó en un comunicado oficial que "el Gobierno cumplirá estrictamente con decisión y la justicia colombiana seguirá con la búsqueda de los culpables".