Los alcaldes progresistas irrumpen para proteger la reforma migratoria

La “voz de las ciudades” irrumpió este lunes en el debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. Una veintena de alcaldes demócratas liderados por Bill de Blasio, de Nueva York, en representación de unos 25 millones de ciudadanos, se presentó como una nueva fuerza de choque sobre el terreno para garantizar la aplicación efectiva de la polémica orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que protege de la deportación a unos cinco millones de indocumentados. El grupo se conjuró para actuar como un agresivo lobby en favor de una reforma integral en el Congreso que solucione la situación de los otros siete millones de sin papeles.

“La única manera de alcanzar una legislación integral sobre emigración es intensificar la batalla. Esto es solo el comienzo de algo. Se trata de que se oiga la voz de las ciudades en este momento extraordinario en la historia de este país”, dijo De Blasio, rodeado de los alcaldes en el elegante salón de actos de Gracie Mansion, la residencia del regidor junto al East River. “Hemos visto cambiar muchas cosas en los últimos meses. Todo es muy fluido. Hay que aprovechar la situación”, señaló el alcalde en referencia al avance en varios Estados de los matrimonios homosexuales.

La coalición presentada en Nueva York, una iniciativa sin precedentes, pretende constituirse en una suerte de guardia pretoriana de la reforma emprendida por el presidente, capaz de hacer frente a los republicanos —la iniciativa surge pocos días después de que 20 Estados con gobernadores conservadores hayan presentado una demanda federal contra la acción ejecutiva de Obama—y con voluntad de influir en los legisladores de Washington.

Con ella se consolida como actor importante en la escena política nacional de Estados Unidos el alcalde De Blasio, rostro emergente del ala más progresista del partido demócrata, en un momento en que la formación busca superar el batacazo en las legislativas de noviembre y está a la espera de un nuevo liderazgo para las presidenciales de 2016. El regidor neoyorquino lanzó el pasado verano una iniciativa similar para combatir la desigualdad de ingresos y salarios, dentro de su agenda social.

Los alcaldes de ciudades con gran presencia de población inmigrante como Nueva York, Atlanta, Boston, Houston, Dayton, Los Ángeles, Filadelfia, Pittsburgh, San Francisco, Salt Lake City, Seattle o Washington DC, entre otras, establecieron un plan de acción que contó con la colaboración de la Casa Blanca: el secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, asistió a la reunión en Manhattan.

Sólo en el Estado de Nueva York podrían presentarse 250.000 solicitudes en los primeros meses

Entre otras medidas, se decidió establecer un centro de control (war room) para coordinar las acciones a nivel federal e implicar a otros alcaldes del país, crear delegaciones locales del grupo Cities United for Immigration Action, proteger a los inmigrantes de fraudes en la tramitación de sus documentos, llegar al mayor número de gente para que la reforma sea un éxito, garantizar que los servicios para la gestión de las solicitudes funcionen correctamente, fijar un día de presión en Washington de los alcaldes, recabar la ayuda de organizaciones civiles, religiosas o sindicatos y hacer campañas de información.

Los alcaldes se comprometen, cada uno en su ciudad, a crear equipos de trabajo que coordinen los departamentos municipales para dar respuesta en términos de integración, educación, salud y otros servicios a todos los inmigrantes que vean regularizada su situación temporalmente.

La iniciativa de De Blasio no cae en terreno yermo. Antes de él, una cincuentena de municipios, en línea con Welcoming America, una organización que trabaja para facilitar la integración de los extranjeros, se habían declarado abiertos a los inmigrantes y adoptado medidas de alivio para los sin papeles. Baltimore, Detroit, Nashville, Charlotte, Minneapolis o Saint Paul están entre los Ayuntamientos que han adoptado medidas a favor de los inmigrantes por considerarlos una bendición para sus economías.

“Necesitábamos la reforma del presidente. Los que se oponen a ella la necesitaban a alguien enfrente. Aquí estamos nosotros

Edward Murray alcalde de Seattle (Washington)

La coalición de alcaldes se pone en marcha en un momento decisivo. El miedo a que la polémica reforma descarrile por falta de medios ha hecho mella en las autoridades y en las ONG de asistencia a los sin papeles. Estas organizaciones han advertido de la falta de abogados y de la necesidad de reclutar voluntarios, disponer de oficinas, personal preparado, líneas de teléfono y, básicamente, fondos para hacer frente a la avalancha de peticiones prevista para los primeros días. Solo en el Estado de Nueva York se calcula que 250.000 solicitudes podrían presentarse en los primeros meses. Está previsto que la ventanilla abra el 20 de febrero de 2015.

Kasim Reed, alcalde de Atlanta (Georgia), una ciudad cuya población inmigrante no hace sino crecer (desde 2000 a 2012 ha aumentado el 20%), declaró: “Hemos venido a actuar. Tenemos que dar soluciones a los indocumentados, no excusas”. Pedro Segarra, alcalde y militante gay de Hartford (Connecticut), comentó la ausencia de colegas republicanos en la coalición: “Les diría que este no es un tema bipartidista, sino un asunto humanitario. Hablamos de gente que contribuye a la comunidad, que va a pagar sus impuestos. Igual que conseguimos los matrimonios homosexuales, conseguiremos una reforma integral”. Según informaron fuentes del gabinete de De Blasio, varios alcaldes conservadores convocados declinaron la invitación.

“Necesitábamos la reforma del presidente. Los que se oponen a ella la necesitaban a alguien enfrente. Aquí estamos nosotros”, proclamó Edward Murray, de Seattle (Washington). Ed Lee, alcalde de San Francisco (California), recordó su condición de hijo de inmigrantes: “Este es un tema muy personal. El presidente ha mostrado el camino, ahora nosotros tenemos que abrir la senda. La mayor parte de los indocumentados vive en ciudades, así que es nuestra responsabilidad liderar esta reforma”. Marilyn Strickland, alcaldesa de Tacoma (Washington), destacó el beneficio económico que para las ciudades supone la integración de los inmigrantes. “Queremos crecer. Qué mejor manera que ayudando a gente que ha venido a prosperar”, dijo.

Según un estudio de la Americas Society / Council of the Americas con datos de 3.000 condados durante el periodo que va desde 1970 a 2010, por cada 1.000 inmigrantes residentes se crean o conservan 46 puestos de trabajo. Cada inmigrante aumenta el valor de la casa que ocupa una media de 11,6 centavos (solo el 35% de los inmigrantes indocumentados son propietarios de las casas). Por cada 1.000 inmigrantes que llegan a un condado, 270 estadounidenses nativos se instalan allí para atenderles (comercios, despachos de abogados…).