Un juez ordena la libertad de los once detenidos por los disturbios del Zócalo

Un juez federal ha dejado en libertad a las once personas arrestadas por los disturbios en el Zócalo tras la marcha del 20 de noviembre en memoria de los estudiantes de Ayotzinapa. El magistrado estima que la Procuraduría General de la República (PGR, la fiscalía) no ofreció pruebas suficientes para sostener las acusaciones que hizo en contra de ocho hombres y tres mujeres por los delitos de asociación delictiva, motín y tentativa de homicidio. “El juez ya ha notificado su decisión y los acusados saldrán en las próximas horas”, ha señalado la abogada Karla Michel Salas a este periódico.

El juzgado también ha notificado su decisión al cónsul de Chile, que había estado cerca del caso tras la detención de Laurence Maxwell, un ciudadano de Santiago, que había sido señalado por las autoridades mexicanas de protagonizar las protestas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se refirió a él la noche del enfrentamiento entre policías y manifestantes. “De los que actuaron con mayor determinación en estos hechos violentos es un extranjero”, dijo el ministro.

Este viernes María Eugenia Ilabaca, la madre de Laurence, se reunió con la presidenta chilena Michelle Bachelet para exigir la liberación de su hijo, que se encuentra en México estudiando un doctorado en Letras en la Universidad Nacional. El encuentro se dio 24 horas antes de que finalice el plazo para decidir si las autoridades mexicanas seguían adelante con el proceso legal.

La fiscalía había acusado a los once de intentar matar al policía Jorge Antonio Juárez Mauro. Basaba su denuncia en las declaraciones de cinco agentes de la Policía Federal que supuestamente los reconocieron. En el sumario, sin embargo, los testigos no pudieron especificar el lugar, tiempo o modo de las capturas, un requisito básico para probar que alguien es detenido en flagrancia mientras se comete un delito. Los abogados de los sospechosos y otros defensores de derechos humanos afirmaban que los acusados habían sido arrestados al azar.

La Fiscalía basó su denuncia en las declaraciones de cinco policías

El policía Juárez Mauro solo pudo mostrar ante las autoridades golpes y excoriaciones que no ponían en peligro su vida y que tardaban menos de dos semanas en sanar. Por ello, el juez 17 de distrito con sede en Xalapa, Veracruz ha informado en su auto de libertad de que reclasificó las acusaciones hechas por el ministerio público de tentativa de homicidio por el de lesiones, un delito menor. Aun así hubo “falta de elementos para procesar” a los imputados.

La fiscalía también tenía indicios de que los once militaban en cuatro asociaciones radicales. Tampoco pudo probar que se conocieran entre sí o que pertenecían a estos grupos anarquistas. Animal Político publicó el pasado 26 de noviembre que una de las pruebas usadas por los fiscales es que los detenidos se decían “compa” entre ellos.

“No fueron detenidos en el lugar donde sostiene la policía”, dice Salas. “Responden a un perfil, a la estigmatización. Es gente que se pinta el pelo, usan un estilo punk, rastas y aros. El anarquismo no es sinónimo de delincuente. Es una corriente de pensamiento”, afirma.

Durante nueve días el caso provocó muchas críticas a la justicia mexicana. El político Cuauhtémoc Cárdenas y los directores de cine Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, entre otras voces, exigieron la liberación inmediata del grupo de supuestos alborotadores.

"Esta consignación se enmarca dentro de una línea política del Gobierno que está criminalizando la protesta social. El hecho de que se consigne a la SEIDO (una subprocuraduría especializada en delincuencia organizada) a personas detenidas en una manifestación es porque se les compara a narcotraficantes”, dice la abogada Salas.