Las protestas ensombrecen el foro de derechos humanos de Marruecos

Marruecos pasa desde este jueves y por voluntad propia un exigente examen mundial sobre su comportamiento con respecto a los derechos humanos en el país en un momento crítico. Vigencia de la pena de muerte, tortura, presos políticos y de opinión, represión en las manifestaciones, actos y actividades prohibidas a numerosas ONG y colectivos ciudadanos, nacionales e internacionales, malas condiciones y muchos problemas en las cárceles. El catálogo de quejas y denuncias sobre esos aspectos sigue vigente y en algunos ámbitos, como la situación de la mujer, parece que empeora. Más de 5.000 expertos de 94 países acuden desde este jueves a Marraquech a participar en 52 debates en el II Foro Mundial de Derechos Humanos. Algunas ONG han anunciado su boicot.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la más importante de Marruecos con 14.000 afiliados, explicó este lunes en Rabat las razones de su ausencia y sus máximos responsables fueron contundentes y nada contemplativos: “La Justicia en Marruecos no siempre es independiente a pesar de todas las reformas y leyes anunciadas; se actúa contra activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos; la represión y la impunidad es una práctica corriente; y las denuncias sobre torturas rara vez llegan a los tribunales”.

La AMDH, que sí estuvo en las reuniones previas al foro para sus preparativos, lleva tiempo advirtiendo de que no le gustaba nada cómo se estaban desarrollando los prolegómenos de este evento mundial porque entienden que se ha montado con mucha improvisación (el programa final se cerró el lunes), poca transparencia sobre las discusiones y los invitados, mucho dinero para florituras (se especula con unos 12 millones de euros pero no se ha dado ese dato oficialmente ni quién o cómo se sufraga) y poca realidad de fondo. Esos lamentos los suscriben otras muchas asociaciones asentadas en Marruecos, como las 178 agrupadas en torno a la Federación Internacional de la Liga de los Derechos del Hombre, aunque algunas acudirán a los actos por pragmatismo, para aprovechar la ocasión y los contactos internacionales.

Por ejemplo, NOVACT, el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta, la única española entre las 400 ONG invitadas oficialmente al foro, que opera en Marruecos hace meses aunque aún no está registrada totalmente. Su codirector, Lucas Gervasoni, comparte el malestar de la AMDH y las otras ocho entidades que han firmado el boicot, pero tampoco quiere desaprovechar la oportunidad para “construir redes internacionales y ayudar a los colectivos que intentan cosas”.

El primer congreso de este tipo, que respalda la ONU y la comunidad internacional, se celebró en 2013 en Brasil. En esta edición en Marraquech, desde este jueves y hasta el domingo, más de 5.000 participantes se distribuirán en 12 foros sobre la mujer, 13 de formación, 15 culturales, habrá más de 70 invitados internacionales (la inauguración correrá a cargo de Ban Ki Moon, secretario general de la ONU) y España enviará una pobre representación oficial con la jefa de gabinete de la Defensora del Pueblo. También hablarán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exjuez Baltasar Garzón.

Una de las grandes críticas perennes a Marruecos sobre derechos humanos tiene que ver con lo mucho que anuncia y promete y lo poco que ejecuta. El país se ha suscrito en los últimos años a todos los convenios internacionales sobre la materia, aprobó en 2011 una novedosa y moderna Constitución y tiene en cartera varias reformas de leyes orgánicas básicas. Pero no salen adelante, sobre todo en Justicia e Interior.

Los dirigentes de la AMDH han denunciado, en su completo informe de esta semana, una acusación aún más grave: “El Estado manipula con la lucha contra el terrorismo y la amenaza de los movimientos extremistas para recortar logros conseguidos en los años 90 y atacar a las ONG”. Gervasoni remacha: “A Europa y a España les interesa fomentar la estabilidad del vecino y socio marroquí aunque sea a costa de rebajar la presión sobre los derechos humanos y de financiar las prácticas violentas de su Ministerio del Interior”.

AMDH ha contabilizado un total de 70 actos prohibidos desde el verano a sus distintas delegaciones en más de 20 ciudades del país y también un campamento de jóvenes de Amnistía Internacional. El pasado 15 de julio, además, el ministro del Interior, Mohamed Hassad, su bestia negra, arremetió contra las ONG en el Parlamento al calificarlas en bruto de “hostiles y de recibir fondos del extranjero”.

Las manifestaciones están permitidas, de hecho han proliferado y se han diversificado (16.096 en 2013 por todo el país) pero también se pueden dispersar violentamente sin razones aparentes. Las prohibiciones de los actos de protesta no suelen ser oficiales y evidentes. Se pide un local para una actividad y cuando llega el día el recinto está cerrado. No se entrega ninguna comunicación por escrito. Se hace con una llamada.

La tortura no está permitida pero hasta el ministro de Justicia ha aceptado que se produce de forma no estructurada porque las confesiones policiales tienen valor de prueba y se hacen sin la presencia garantizada de abogado. Las ONG han denunciado últimamente dos casos: el de Wafa Sharaf en Tánger y el de Osama Housn en Casablanca. No hubo investigación. En el país hay libertad de información aparente pero también mucha autocensura. En 2013 la AMDH contabilizó 317 presos políticos o de opinión entre activistas, sindicalistas, jóvenes del 20-F o prosaharauis.