La decisión del ‘caso Brown’ desata graves disturbios en Ferguson

El agente de policía que mató en agosto a Michael Brown, un joven afroamericano desarmado en Ferguson (Misuri), seguirá libre y no afrontará un proceso judicial. El dictamen ha desatado una nueva oleada de disturbios en la ciudad, con al menos una docena de incendios, lanzamientos de piedras y destrozos en ventanas y coches. Hasta el momento se han producido 61 detenciones, según Jon Belmar, jefe de Policia del condado de Ferguson, que ha calificado los nuevos altercados de "peores que en la peor noche de agosto", haciendo referencia a los incidentes que tuvieron lugar tras la muerte de Brown.

Tras tres meses de deliberaciones, la Fiscalía anunció finalmente este lunes el dictamen de un gran jurado -formado por nueve blancos y tres negros- sobre la muerte de Michael Brown, de 18 años, por disparos del agente blanco Darren Wilson, de 28 años, en un suburbio de San Luis, en el Medio Oeste de Estados Unidos. El jurado decidió no presentar cargos contra Wilson al considerar que no existen suficientes pruebas para procesarle por el asesinato de Brown. El policía está en libertad y mantiene su sueldo desde el suceso, que desencadenó una de las mayores protestas raciales en este país en las últimas décadas.

En varias ciudades del país también se produjeron protestas pacíficas, una de ellas frente a la Casa Blanca en Washington Algunos manifestantes denunciaron el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes pero la policía de San Luis aseguró en su cuenta de Twitter que sólo estaba usando  "humo" para dispersar las protestas. Según informaba Reuters, la policía informó de repetidos disparos de arma automática en un área de Fergurson.

Todo el área de Ferguson estaba esta noche bajo máxima alerta, con el FBI y la Guardia Nacional preparados para intervenir si las protestas derivaban en fuertes disturbios como los que vivió esta pequeña localidad tras la muerte de Brown el 9 de agosto. El aeropuerto de San Luis se cerraba y no se permitía aterrizar ningún vuelo, como "medida de precaución", según las autoridades.

Los disturbios se iniciaban poco después de que el fiscal del condado de San Luis, Robert McCulloch, explicase durante su comparecencia en la noche del lunes que el jurado, formado por 12 ciudadanos, es el único ente que ha tenido acceso a todas las pruebas sobre cómo murió el joven Brown. El jurado, informó McCulloch, se reunió durante 25 días, escuchó más de 70 horas de entrevistas y testimonios de 60 testigos y estudió cinco posibilidades para la imputación del agente Wilson, desde asesinato en primer grado hasta homicidio involuntario. Terminadas las deliberaciones, decidieron que no podía ser procesado por ninguno de esos cargos.

La familia del joven Brown emitió un comunicado minutos después de hacerse pública la decisión del jurado. "Nos sentimos profundamente decepcionados porque el asesino de nuestro hijo no se enfrentará a las consecuencias de sus actos", afirmaron, pidiendo a los ciudadanos de Ferguson que "empleen su frustración para contribuir a un cambio positivo". "Responder a la violencia con más violencia no es lo apropiado, no hagamos ruido, marquemos la diferencia".

La decisión de no imputar a Wilson era esperada por muchos en Ferguson a partir de las filtraciones periodísticas de la investigación, y las intensas preparaciones de policía, escuelas y comercios ante la previsible ola de indignación que desencadenaría un veredicto como este. El temor en el área de San Luis es que las protestas sean aún más intensas de las que se vivieron durante las dos semanas posteriores a la muerte de Brown, el 9 de agosto. Desde entonces, han tenido lugar pequeñas manifestaciones esporádicas. En Ferguson, la expectación por el dictamen judicial era máxima.

McCulloch relató que la proliferación de rumores y testimonios sin verificar durante las horas y días siguientes a la muerte de Brown dificultaron considerablemente la investigación. Después de relatar la decisión del jurado, el fiscal repasó con amplio detalle los minutos anteriores a la muerte de Brown -desmintiendo las declaraciones de varios testigos- y ajustándose a las pruebas obtenidas por la investigación, como la presencia de ADN del joven afroamericano en el interior del vehículo del agente y su pistola.

La expectación por el dictamen judicial era máxima. En la localidad de 21.000 habitantes, la mayoría de la población es negra, pero el Ayuntamiento, la policía y el organismo que rige las escuelas están dominados por blancos. La muerte del joven llevó en agosto a centenares de afroamericanos a denunciar, en un pequeño tramo de una desangelada avenida comercial, lo que consideran un largo historial de discriminación racial de la policía. Las movilizaciones fueron pacíficas, pero un pequeño grupo chocó con policías antidisturbios, que dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos.

Brown murió, en pleno mediodía de un sábado, por el impacto de al menos seis disparos de Wilson mientras andaba con un amigo por la calzada en una calle residencial. La policía sostiene que hubo un forcejeo por el arma del agente, mientras el amigo que acompañaba a Brown asegura que éste alzó sus brazos en señal de rendición.

El gran jurado es el encargado en la justicia estadounidense de decidir si hay pruebas suficientes para presentar cargos contra una persona. En este caso, el jurado está compuesto por nueve personas blancas y tres negras. La familia de Brown, grupos de derechos civiles y manifestantes piden desde el inicio de las deliberaciones que se aparte de la dirección del caso al fiscal McCulloch, cuestionado por ser blanco e hijo de un policía asesinado por un negro.

Ferguson y sus alrededores se habían preparado ante el riesgo de una nueva irrupción de indignación si Wilson no era imputado. Muchas de las tiendas en la avenida en que se desarrollaron las manifestaciones en agosto han protegido sus fachadas con tablas de madera por miedo a que sean atacadas y saqueadas como sucedió hace tres meses. Y la sede del complejo judicial en que se reunía el gran jurado está desde el sábado blindada con vallas.

La policía ha sido entrenada en gestionar protestas civiles y han incrementado sus reservas de material antidisturbios. El FBI ha mandado a 100 agentes de refuerzo. Y el gobernador de Misuri ha declarado el estado de emergencia para poder movilizar a la Guardia Nacional —la milicia militar del Estado— en caso de incidentes, algo que ya hizo en agosto.