Juncker plantea una gran reforma fiscal ante el escándalo luxemburgués

Jean-Claude Juncker niega por tierra, mar y aire haber sido el arquitecto del alcantarillado en el que se convirtió durante años el régimen fiscal de Luxemburgo, capaz de atraer a multinacionales de todos los sectores con la promesa de ahorrarles los impuestos que deberían pagar en otros países. Tras casi una semana de atronador silencio, el nuevo presidente de la Comisión Europea se defendió este miércoles de las acusaciones por su presunta participación en un entramado de trajes a medida para reducir la factura fiscal de las grandes empresas durante su largo mandato como primer ministro luxemburgués. “No pido disculpas por lo que hice”, dijo ante la Eurocámara. “No se atrevan a describirme como el amigo del capital”, aseveró desafiante.

No se quedó ahí: pasó al contraataque. En un sensacional golpe de efecto, Juncker se sacó de la manga una ambiciosa reforma de la fiscalidad europea, para cerrar las innumerables rendijas legales que deja a las multinacionales. La gran empresa se permite hacer en Luxemburgo, pero también en Irlanda, Holanda, Malta, Chipre o Austria, ejercicios de contorsionismo financiero para pagar tipos impositivos muy bajos, de hasta el 1%, según las informaciones que han destapado 340 pactos opacos de multinacionales como Pepsi o Ikea con el Gran Ducado.

Juncker no dio una sola prueba creíble para resolver el reguero de dudas que ha dejado ese escándalo, que será objeto de una investigación a fondo por parte de Bruselas. En su comparecencia prefirió atribuir el “exceso de ingeniería fiscal”, en Luxemburgo “y en muchos otros países”, a la gran variedad de reglas fiscales nacionales, que permiten a las empresas pagar muy poco sin necesidad de violar ninguna ley. Y optó por un movimiento de contorsionismo político: a pesar de su extenso currículo luxemburgués, fue capaz de ponerse el sombrero de activista contra la evasión y el fraude fiscal con una batería de medidas de calado para las que necesita el apoyo de los socios europeos, siempre díscolos en estos asuntos.

Bruselas redoblará los esfuerzos para desencallar uno de los proyectos de la Comisión Barroso, la armonización de las bases fiscales del Impuesto de Sociedades para intentar evitar que las Haciendas europeas se hagan competencia desleal. En plena era de la austeridad, ese es uno de los boquetes por el que se escurren miles de millones de euros. El tipo impositivo medio de Sociedades en los países de la OCDE ha pasado del 50% en 1975 al actual 22,9%. Y a eso cabe añadir los trajes a medida que ofrecen hasta 22 países en Europa. Juncker propone hacer públicos esos acuerdos, que permiten a las multinacionales pagar impuestos prácticamente a la carta sin sentir vergüenza: “Estoy orgulloso de nuestra estrategia tributaria; se llama capitalismo”, ha llegado a asegurar el consejero delegado de Google, Eric Schmidt. Google paga un 2,4% de impuestos globalmente.

La fiscalidad es uno de los rompecabezas que debe resolver la UE para garantizarse una salida airosa de esta crisis de nunca acabar. Pero es terreno minado. La Comisión ya propuso armonizar los impuestos de sociedades en 2011, pero la negativa de los Estados miembros ha tenido ese proyecto olvidado en un cajón: la fiscalidad es competencia exclusiva de los países, y los socios solo dan pasos adelante a regañadientes. Ante esa indolencia, Bruselas ha activado una ofensiva por varios frentes. Las ayudas de Estado que investiga Competencia —con casos abiertos a Amazon, Fiat, Starbucks y Facebook en tres de los sospechosos habituales: Luxemburgo, Holanda e Irlanda—, los pactos para poner fin al secreto bancario o para mejorar el intercambio de información y directivas que deben aprobarse en breve y que introducen una cláusula para luchar contra los abusos. Bruselas ha conseguido incluso sortear el vetismo que suponía la regla de la unanimidad con acuerdos de cooperación reforzada, como el que ha permitido a 10 países avanzar para crear la tasa de transacciones financieras.

Con todo, Juncker deja un gran interrogante en el alero: como presidente del Eurogrupo patrocinó draconianos ajustes en la periferia con una mano, mientras con la otra cocinaba suculentos acuerdos fiscales que drenaban la recaudación fiscal de esos países y engordaban las arcas de la Hacienda luxemburguesa. “No todo lo que es legalmente posible tiene que ser necesariamente justo”, le criticó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.

El Gran Ducado es un lugar curioso. Con apenas medio millón de habitantes, aloja a 140 bancos: su sistema financiero multiplica por 12 el PIB del país. Y con Juncker —primer ministro durante casi dos décadas— aprendió a competir de tú a tú con el Double Irish (el sistema irlandés diseñado para captar empresas con competencia fiscal a la baja), el sándwich holandés (su equivalente en los Países Bajos) o cualquiera de los paraísos fiscales del Canal de la Mancha, que consideran a Juncker casi uno de los suyos. Nicholas Shaxon, autor del excelente Treasury Islands, calcula que hay más de 2,5 billones de dólares —el doble de la riqueza que produce España en un año— aparcados en vehículos financieros offshore.

“El gran capital tiene mejores amigos en esta casa que yo”, espetó Juncker a los eurodiputados en un momento de su intervención. Nadie le contradijo.