La policía respondió al caos en el Zócalo con arrestos arbitrarios

La arbitrariedad de los arrestos tras el intento del sábado de quemar la puerta del Palacio Nacional en México DF, un insólito acto vandálico de un grupo de radicales al final de una manifestación pacífica por la matanza de Iguala, ha exhibido las irregularidades de la policía. Los 18 detenidos por agentes de la capital ya han sido puestos en libertad por la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la lista de arrestados elaborada por la organización de derechos humanos Comité Cerezo, alguno de ellos ni siquiera había acudido a la manifestación. Por ejemplo, Aurelio López Torres, que fue detenido cuando salía de un café con su hermana; Karina Cárdenas Chávez, a quien sacaron del bar donde trabajaba; o Luis Andrés Villegas, que estaba auxiliando a un herido que encontró en su camino.

“La lección que le da la PGR a la policía de la capital es muy importante, porque dice que no existía evidencia para retener a estos chicos”, explica el abogado y defensor de los derechos civiles Jesús Robles Maloof. "Desde hace dos años se repite un patrón de detención de personas a las que se le quiere hacer pagar por actos violentos en manifestaciones, y esos arrestos se dan horas después e incluso a varios kilómetros del lugar”.

Alberto Reséndiz solo quería cenar con su novia el sábado por la noche en el centro histórico de México DF. Decidieron parar en un local de pizzas en la calle Filomeno Mata, a casi un kilómetro de la puerta de Palacio Nacional. A las once y media, un contingente de policías se apostó afuera del local de pizzas. Uno de ellos señaló a Reséndiz y lo detuvieron. El arrestado, un ilustrador de 27 años, cuenta por teléfono que fue amedrentado por los policías que lo detuvieron: “Tú fuiste, sales en las cámaras, ya valiste verga, te vamos a enseñar los vídeos para que te hundas más”.

David Giovanni Hernández, estudiante de Derecho en la UNAM, cuenta que salió de trabajar a las nueve de la noche de un call center en el centro histórico. Había quedado con dos amigos para tomar unas cervezas. Al llegar a Madero, una calle peatonal que desemboca en el Zócalo, donde está el Palacio Nacional, vieron a gente correr y se intentaron alejar, pero en un cruce se encontraron un grupo de policías. “Dijeron 'son esos tres, agárrenlos”. Los arrestados también dicen que trataron de meterles miedo: “Son unos pinches desmadrosos, los va a cargar la chingada por culeros”. Hernández asegura que cuando lo subieron a una camioneta lo golpearon y le rompieron un dedo.

Los arrestados fueron trasladados por la policía del DF a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), una división de la PGR. Hernández dice que ahí sí empezaron a tratarlos "conforme a derecho", aunque como sospechosos que eran les hicieron peritajes de voz y de escritura, les tomaron muestras de sangre y de orina y también las huellas digitales.

“Existe un patrón sistémico de omisión de la autoridad por respetar las garantías y los Derechos Humanos”, explica Robles Maloof, quien forma parte de la Liga de Abogados 1 de diciembre, una organización creada luego de los disturbios y las detenciones ocurridas durante las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto en 2012.

Al respecto de las irregularidades documentadas por organizaciones como el Comité Cerezo o por los abogados del Centro de Derechos Humanos Vitoria, el secretario de seguridad pública, Jesús Rodríguez Almeida, responsable de la policía del DF, señaló en una entrevista que a él no le toca juzgar si las detenciones fueron arbitrarias.