La Casa Blanca, “preocupada” por la desaparición de estudiantes en México

El drama de Iguala ha llegado hasta la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no se ha pronunciado públicamente por el momento —ni hay planes para ello— sobre el crimen ocurrido en el estado mexicano de Guerrero (sur del país), en que murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de magisterio, pero su Gobierno considera que los reportes que ha visto sobre el caso son "preocupantes", afirmó este martes su portavoz, John Earnest.

Que Washington sigue, con discreción, el problema que ha puesto en jaque al Gobierno de su aliado regional, que encabeza Enrique Peña Nieto, es algo que se conoce desde comienzos de mes, cuando el Departamento de Estado se pronunció sobre el tema.

Este “inquietante crimen” requiere de una “investigación completa y transparente” para que los responsables del mismo “sean llevados ante la justicia”, dijo el 7 de octubre la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.

El caso de Iguala volverá a ser discutido en Washington esta misma semana, pero en un escenario distinto, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de las cinco audiencias sobre México programadas para este jueves. Una de ellas está dedicada precisamente a “denuncias de impunidad por graves violaciones de derechos humanos en México” y otra a los “derechos humanos y la protesta social” en ese país.

Apenas unos días después de la denuncia de la desaparición de los jóvenes, a finales de septiembre, la CIDH otorgaba el 3 de octubre medidas cautelares que instaban al Estado a adoptar “todas las medidas requeridas para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados como desaparecidos o no localizados con el fin de proteger su vida e integridad, así como para proteger a los estudiantes heridos que ingresaron en un hospital, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará el caso el jueves en Washington

Siete días más tarde, la CIDH volvió a expresar su “profunda preocupación” por el caso y la falta de resultados, y reiteró la urgencia de que el gobierno mexicano ubique a los desaparecidos.

El propio secretario ejecutivo del organismo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, que el 13 de octubre se reunión en Ciudad de México con familiares de los desaparecidos y altas autoridades mexicanas por el caso, calificó días atrás de “hecho gravísimo” lo sucedido en Iguala y la matanza de civiles en junio en Tatlaya y consideró que ambos requieren de una “discusión muy severa” sobre la “eficacia de la política pública”.

El Gobierno mexicano confirmó este mismo jueves su participación en las audiencias, así como en una “reunión específica” sobre las medidas cautelares para los estudiantes para darle “seguimiento” a su cumplimiento. En el encuentro la delegación mexicana “analizará” además una propuesta de “asistencia técnica” realizada por la CIDH para ayudar a encontrar a los estudiantes y llevar ante la justicia a los responsables del caso, según un comunicado oficial.