EE UU paga la pensión a varios nazis que dejaron el país voluntariamente

Jakob Denzinger es un antiguo guarda del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz (Polonia). Tiene 90 años y vive en su Croacia natal. En 1989 abandonó voluntariamente Estados Unidos al que había llegado tras la Segunda Guerra Mundial, pero hoy sigue cobrando una pensión de jubilación que le paga EEUU. Recibe alrededor de 1.500 dólares (1.170 euros) al mes -casi el doble del sueldo promedio de un trabajador croata-, fruto de su contribución al fisco estadounidense. Denzinger no hace nada ilegal: se beneficia de que ninguna ley establece que un delincuente que no ha sido expulsado formalmente de EE UU tenga que dejar de recibir ayudas del sistema de Seguridad Social.

Este anciano es una de las decenas de personas con un pasado nazi que cobraron o siguen cobrando sus pensiones tras ser forzadas a abandonar EE UU, cuyos casos han sido destapados por una investigación de dos años de la agencia de noticias Associated Press (AP). Desde 1979, al menos 38 de los 66 sospechosos nazis que salieron de EE UU mantuvieron los subsidios. Y de éstos, al menos cuatro -incluido Denzinger- siguen vivos y residen en Europa, según los resultados de la investigación difundidos el lunes. Los pagos de las arcas norteamericanas ascienden a “millones de dólares”.

Ninguna ley establece que un delincuente que no ha sido expulsado formalmente de EE UU tenga que dejar de recibir ayudas públicas

La revelación desató reacciones inmediatas. La Casa Blanca lamentó que los pagos sean legales. “Nuestra posición es que no creemos que estos individuos deban estar recibiendo estos beneficios”, dijo el portavoz Eric Schultz. El Departamento de Justicia se mostró “abierto” a considerar cualquier propuesta de cambio legislativo. Algo que una congresista demócrata avanzó que hará. Hace más de una década fracasó en el Capitolio una propuesta de ley que hubiese hecho que cualquier colaborador del régimen nazi (1933-1945) perdiera las ayudas sociales al salir voluntariamente de EEUU.

Según algunas estimaciones, hasta 10.000 participantes del horror nazi emigraron a este país tras finalizar en 1945 la Segunda Guerra Mundial. De entre casi la cuarentena de casos destapados por AP que siguieron cobrando ayudas sociales tras abandonar EE UU, hay agentes de las SS que protegían campos de concentración; un guarda que participó en la masacre del gueto de Varsovia en la que murieron unos 13.000 judíos; un colaborador que ayudó en el arresto y ejecución de miles de judíos en Polonia o un científico de misiles para los nazis.

La Oficina de Investigaciones Especiales (OSI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, creada en 1979, es el ente encargado de localizar en EE UU a personas que colaboraron con el nazismo. Para la OSI, según apunta la investigación periodística, que los criminales nazis mantuvieran sus pensiones tras abandonar EE UU era percibido como una suerte de mal menor, ya que permitía acelerar su salida del país. Lo que a su vez aumentaba teóricamente las posibilidades de que fueran llevados a los tribunales en Europa, pues en EE UU no podían ser juzgados.

Según la investigación periodística, el Departamento de Justicia usó el mantenimiento de las ayudas para ganar tiempo al persuadir a los sospechosos nazis de que salieran voluntariamente de EE UU

Muchos de los colaboradores nazis habían conseguido la ciudadanía estadounidense. Y revocársela podría acarrear hasta diez años de batalla legal si se demostrara, por ejemplo, que mintieron a las autoridades de migración al ocultar su pasado oscuro. En paralelo, la deportación y la extradición también eran complejas dado que ningún país quería aceptarlos y muy pocos habían presentado cargos contra ellos.

Según documentos y declaraciones de diplomáticos obtenidas por AP, la OSI utilizó el mantenimiento de la pensión de jubilación como una herramienta para persuadir a los colaboradores nazis de que salieran voluntariamente de EE UU y aceptaran la pérdida de ciudadanía. Un extremo que negó el lunes el Departamento de Justicia, aunque admitió que esos individuos se marcharon voluntariamente. La investigación revela que estas prácticas enfurecieron al Departamento de Estado, a la Administración de la Seguridad Social y a varios países europeos. Pero hasta el lunes eran totalmente desconocidas para la opinión pública.