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La expulsión de 770.000 camboyanos llega a la Corte Penal Internacional

El Ejecutivo confiscó un 22% de la superficie del país para planes de empresas

Antiguos residentes del lago Boeung Kak, Borei Keila y alrededores protestan frente a la Asamblea Nacional, Phnom Penh, el 6 de octubre Ampliar foto
Antiguos residentes del lago Boeung Kak, Borei Keila y alrededores protestan frente a la Asamblea Nacional, Phnom Penh, el 6 de octubre AP

La primera denuncia por crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos por el Gobierno de Camboya desde 2002, en decir, en tiempo de paz, llega este martes a la Corte Penal Internacional (CPI). Se refiere a la expulsión de su tierra de 770.000 civiles (6% de la población) para hacer sitio a los planes de empresas afines al poder. Ello ha supuesto la confiscación de 4.000.000 de hectáreas (un 22% de la superficie del país). La principal denunciante es Global Diligence, un asociación de juristas con sedes en París y Londres. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la ONG más antigua del mundo, les apoya y espera que la fiscalía de la Corte abra una investigación preliminar.

Según la petición preparada por el equipo de Richard Rogers, el abogado que representa a 10 víctimas, los traslados forzosos “han ido acompañados de la destrucción de sus hogares y cosechas, dejando a grupos enteros en la miseria”. Si bien todos los afectados eran civiles, “los indígenas, que suman solo el 1,5% de la población, tiene diez veces más posibilidades de perderlo todo”. Para apoyar esta afirmación se aporta otro dato: un 40% de las concesiones autorizadas por el Gobierno para construir en los terrenos vaciados se concentran en el noreste de Camboya”. “Allí viven la mayoría de las comunidades étnicas”.

Entre los que se han opuesto a esta política hay abogados, periodistas, religiosos, ecologistas, sindicalistas y disidentes políticos, además de líderes locales. “Por ello han sido perseguidos, encarcelados y hasta asesinados”, según Rogers. Aunque los traslados forzosos han sido mayores en el campo, las ONG que han colaborado en las investigaciones calculan que entre 2000 y 2013, “unas 145.000 personas fueron desahuciadas solo en la capital, Phnom Penh”.

La suerte de 800 familias de la ciudad es descrita con detalle para apoyar esta afirmación. Todos eran vecinos de Dey Krahorm, en el centro de Phnom Penh. En 2005, una firma cercana al Gobierno ganó el contrato para construir allí y echó al grupo. “La mitad de las familias fueron expulsadas a base de coerción. En 2009, 500 trabajadores de la empresa aparecieron escoltados por 300 policías antidisturbios. En cuestión de horas, se deshicieron del resto de los habitantes”.

Si bien la CPI no ha recibido una demanda parecida desde su apertura en 2002, sí se ha ocupado del traslado forzoso de población, y de la confiscación de tierras, en sus investigaciones sobre Darfur (Sudán), la República Democrática de Congo y Kenia. Dado que Camboya firmó en 2002 el Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte, ésta tiene competencia para ocuparse del asunto si lo cree conveniente. “Aunque la labor de la CPI es complementaria, el Gobierno camboyano no está dispuesto a abordar estos crímenes. Una investigación preliminar frenaría la comisión de nuevos delitos y contribuiría a que Phnom Penh reconsiderara las apropiaciones indebidas de tierra”, apunta Global Diligence. El Gobierno de Hun Sen, que lleva casi tres décadas en el poder, asegura que no hay pruebas para sustentar el caso.