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TRIBUNA

Al encuentro del largo plazo

Michelle Bachelet se enfrenta a una etapa de cuatro años que se hace breve para la envergadura de los cambios prometidos

Tercer tiempo. Así se refieren los analistas políticos al momento que enfrenta el Gobierno de Michelle Bachelet. Aunque suena exagerado por cuanto recién ingresa en el segundo semestre de su primer año, debe colocarse en el horizonte de un periodo de cuatro años que se hace poco para la envergadura de los cambios prometidos. Contribuye el hecho de que el propio Gobierno se impuso un intenso ritmo, con hitos de cumplimiento de su programa, que ha debido combinar con emergencias como terremotos y megaincendios, el aterrizaje de una desaceleración económica que dio sus primeras señales en 2013 y el debate sobre la existencia de fenómenos terroristas frente a los cuales el sistema de inteligencia se observa obsoleto. El estallido de las dos últimas bombas, una con el resultado de una víctima fatal, ha cruzado el umbral de lo aceptable para una sociedad que, a pesar de su apertura económica al mundo, la distancia la hace vivir con una cierta ilusión de aislamiento. A las transformaciones estructurales prometidas en materia tributaria, electoral, laboral, educacional y constitucional, se vienen a sumar los dilemas del crecimiento, con una proyección del Banco Central para lo que resta del año entre 1,75% y 2,25%, así como la seguridad, no contemplada en el libreto. Está por verse si la derecha podrá capitalizar en algo por cuanto ambos temas constituyen sus tradicionales caballos de batalla. El estallido del llamado caso Penta, por el que importantes personeros de la Unión Demócrata Independiente (UDI) habrían recibido aportes irregulares a sus campañas en base al fraude del fisco, poco ayudará a ello. El escándalo viene a sumar la opacidad en el financiamiento de la actividad política a las ingentes tareas del Gobierno.

No hay que olvidar que, a partir del golpe militar de 1973, Chile abandonó el concepto de planificación del desarrollo

Entretanto, el eco de las alusiones al "nuevo ciclo" que caracterizaría la política chilena después del impacto de las movilizaciones estudiantiles del año 2011 se va haciendo más difuso y las pretensiones refundacionales de los sectores de izquierda de la coalición, confiados en mayorías parlamentarias, van cediendo ante la necesidad de conciliar intereses y puntos de vista diversos. La propia mandataria ha señalado que "las mayorías deben importar. Pero no es incongruente con la idea de que el progreso va más rápido por la vía del diálogo". Mientras algunos asocian este giro con una continuidad —en clave conservadora— con los tiempos concertacionistas y su política de acuerdos, en alusión a la coalición que gobernó el país desde 1990, por 20 años, otros ya ven los indicios de los cambios. Uno de ellos sería la reciente promulgación de la reforma tributaria que permitirá recaudar 8.200 millones de dólares cuando sea totalmente implementada, en el año 2018.

Pero hay otras señales como las del aterrizaje de la noción del largo plazo en la forma en cómo se piensan las políticas públicas. Voces como las del expresidente Lagos vienen señalando como un imperativo la necesidad de que el país se dote de una "mirada larga" si es que se quiere dar el salto al desarrollo. En primer lugar, se observa la recuperación de un rol más sustantivo para el Estado, considerado necesario para normalizar un modelo de radicalidad neoliberal inédito en el mundo. No es raro, entonces, la capitalización en curso de varias empresas estatales como la propia Codelco, pero también Banco del Estado, Enap y Enami así como la importancia que se le atribuye a la educación pública en un esquema donde la principal fuente de su previsión ha sido el mercado.

Para que la recuperación del crecimiento sea perdurable, la preocupación por la desigualdad no puede ceder

En segundo lugar, el hecho de que el Gobierno esté discutiendo grandes reformas simultáneamente obedece, entre otros factores, a una mirada intencionada de conjunto. Se asume que, de esta forma, se podrán desmontar los entramados sistémicos, de corte mercantil, cristalizados por más de treinta años. Por último, se observa un esfuerzo por recuperar para la política un pensamiento estratégico que permita anticipar los efectos de las tendencias estructurales en curso y proveer, de esta forma, la visión compartida de la que hoy carece la sociedad chilena. Los interrogantes que levanta la impugnación del modelo de mercado, que se pensaron zanjadas en las urnas por la vía de su preferencia por una fórmula de corte socialdemócrata en base a reconocimiento de derechos, se mantienen vigentes. A ello contribuyen los disímiles datos que proveen intermitentemente distintas encuestas de opinión pero también los disensos que se expresan en la calle. Se constata la realización, en distintos ámbitos, de ejercicios de planificación y de prospectiva que, si bien existieron en el pasado, eran más bien episódicos. Hoy se han convertido en necesidad para un Gobierno que aspira a reformas que trascienden su mandato. No hay que olvidar que, a partir del golpe militar de 1973, Chile abandonó el concepto de planificación del desarrollo. No es casual que la única repartición pública que contenía dicho término, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) dio paso, durante la administración de Sebastián Piñera, al Ministerio de Desarrollo Social. De esta forma política exterior, energía, agua, obras públicas, ciudad, ciencia y tecnología, medio ambiente y transporte son algunos de los sectores donde la prospectiva y la planificación, en perspectiva de más de un período de gobierno, comienza a instalarse. Ello va en línea con las tendencias de buen gobierno que muestran la mayoría de los países de la OCDE. De una muestra de 32 de ellos, 78% tienen planes con sentido estratégico.

Aunque es pronto para ver los resultados de estos cambios, un desafío inmediato para el Gobierno será insistir en la necesidad de que, para que la recuperación del crecimiento sea perdurable, la preocupación por la desigualdad no puede ceder. Lo han advertido la OCDE, la CEPAL y el FMI, sumándose ahora el Foro Económico Mundial. Aunque reconoce que faltan más estudios, el organismo comienza a observar seriamente la desigualdad como el riesgo dominante que enfrenta el mundo, no solamente por la concentración de la riqueza sino también por el incremento de la desigualdad salarial. Sin embargo, en sectores conservadores y algunos enclaves del empresariado, advertencias como ésta parecen no inmutarlos.

María de los Angeles Fernández Ramil es analista política y ex presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Twitter: @Mangeles_HM