Los asesinatos disparan la violencia política en México

En México, la violencia tiene pocos remilgos a la hora de elegir sus víctimas. Políticos y estudiantes han caído a balazos en los últimos días ensombreciendo el clima social y aumentando la sensación de impunidad. Los máximos dirigentes del PRI y del PAN, los dos partidos afectados en sus filas por los asesinatos, han exigido que las investigaciones lleguen hasta el final, pero las esperanzas son pocas en un sistema judicial donde sólo acaban en condenas el 3% de las denuncias.

El último capítulo de esta ola de violencia llegó este fin de semana. Cuando México aún no se había quitado de la retina las imágenes del secuestro del diputado federal del PRI Gabriel Gómez Michel (posteriormente ejecutado), un nuevo asesinato político volvió a mostrar el largo brazo del crimen. En Acapulco, sobre las ocho y media de la mañana del domingo, tres hombres irrumpieron en el restaurante del hotel Mirador, un bello local con vistas al Pacífico. Sin titubear, se dirigieron a la mesa donde desayunaba con su familia el secretario general del Partido de Acción Nacional (PAN) en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda, de 35 años. Le dispararon tres veces por la espalda. El político murió en el acto. Algunos testimonios refieren que, al ver a sus asesinos, intentó huir. Nadie detuvo a los sicarios. La autoría, como tantas otras veces, es desconocida. Esta muerte sorprendió a un país que a esas horas aún seguía conmocionado por la noche de brutalidad policial vivida a apenas 200 kilómetros de Acapulco, en la ciudad de Iguala, donde los agentes municipales, supuestamente con apoyo de comandos parapoliciales, habían ametrallado sin contemplaciones autobuses cargados de estudiantes de magisterio (normalistas). Al menos dos alumnos murieron, otros cinco resultaron heridos graves, y decenas huyeron despavoridos. Anoche seguían en paradero desconocido.

Esta concatenación de muertes violentas ha desatado la alarma en círculos políticos. Altos cargos del PAN han alertado de que si no hay detenciones pronto, quedará la imagen de que el crimen es impune. El máximo dirigente de esta formación, Gustavo Madero, ha exigido una investigación “expedita y profunda”. También que se designe un fiscal especial para el caso de Zaragoza. En un sentido similar se han expresado las otras fuerzas políticas. Lo que está por ver es si estas presiones surtirán algún efecto. Peticiones similares se hicieron tras el hallazgo del cadáver del diputado del PRI, el partido que gobierna México. Pero una semana después de su asesinato, no hay ningún resultado tangible. Sólo indicios de que la muerte fue obra del crimen organizado, algo evidente simplemente viendo las imágenes grabadas del secuestro: al menos cinco coches perfectamente sincronizados, capaces de parar el tráfico en una carretera de tres carriles por sentido y sacar de su coche, sin remilgos y a la vista de otros conductores, a un diputado federal para arrastrarle a una muerte segura. “Ningún caso se resuelve, no se rinden cuentas a la sociedad civil, y esto pone en duda que vivamos en un estado de derecho”, afirmó a este periódico el dirigente panista Raúl Tortolero.

Donde sí que se han registrado avances, al menos aparentemente, es en la investigación del ataque a estudiantes de Iguala. Veintidós agentes municipales han sido detenidos por la Procuraduría por su implicación en las muertes. Esta rápida actuación viene forzada por las proporciones adquiridas por la brutalidad policial, que ha soliviantado a la población local y espantado a medio país.

Los normalistas, erigidos en un poder autónomo en el convulso estado de Guerrero, tienen un largo historial de encontronazos con las fuerzas de seguridad, pero jamás con tantas muertes. Las primeras versiones apuntan a que decenas de estudiantes acudieron el viernes a Iguala a recaudar dinero para sus actividades (el denominado boteo) y que, al llegar la noche, intentaron tomar los autobuses de línea, ya sin pasajeros, para llevárselo a sus centros de estudio y con ellos viajar a la Ciudad de México el próximo jueves y participar en los actos en memoria de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968. “Ni hubo rapto ni amenazas; habíamos hablado con los chóferes de los autobuses y accedieron a hacernos el favor de llevarnos a la escuela normal”, explicó un estudiante a los medios locales.

Ningún caso se resuelve, no se rinden cuentas a la sociedad civil, y esto pone en duda que vivamos en un estado de derecho”

La respuesta policial a esta toma de autobuses fue salvaje. En diferentes puntos de la ciudad, los agentes o comandos que se sospecha que actuaban en coordinación con los agentes, la emprendieron a balazos contra los estudiantes. La mayor carnicería contra normalistas se registró en la avenida Periférico Norte. Tres autobuses fueron baleados de arriba abajo. Dos ocupantes murieron; otros cinco resultaron heridos graves. Medio centenar de estudiantes aterrorizados buscaron refugio por la ciudad. Pero la sangría no terminó ahí. Al filo de la medianoche un autobús que transportaba a jugadores del equipo de fútbol Avispones, de Chilpancingo, fue atacado, junto a dos taxis, por “sujetos armados”, en expresión de la Procuraduría. Murieron un menor futbolista, el conductor del autobús y una mujer que viajaba en taxi. Para rematar esta efusión de violencia, en la misma avenida Periférico Norte donde se registró la muerte de los estudiantes, fue hallado por la mañana un cadáver desollado y con las cuencas de los ojos vacías. Era un normalista.

En Iguala comercios y bares cerraron sus puertas por temor a nuevas matanzas. La ciudad fue puesta bajo control estatal y federal. Para restablecer el orden, se les requisó el arma a 300 agentes municipales; al final, 22 quedaron detenidos y fueron enviados a Acapulco ante la posibilidad de un intento de liberación por sus familiares y compañeros. Ayer, aún seguían la labores de búsqueda de los estudiantes huidos en los ataques. Cientos de padres y compañeros se manifestaron en para exigir a las autoridades que los encontraran con vida. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, afirmó que no pensaba dimitir y que la noche de la matanza no tuvo conocimiento de los hechos, pese a que los agentes dependen del ayuntamiento.