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California enmienda la democracia directa

El gobernador aprueba una ley para mejorar la trasparencia y el control sobre las iniciativas ciudadanas

El gobernador de California, Jerry Brown, firma la ley SB1253 el sábado junto a Nicolas Berggruen (a su izquierda) y miebros del Think Long Commitee for California del Instituto Berggruen y otras organizaciones que apoyan la ley.
El gobernador de California, Jerry Brown, firma la ley SB1253 el sábado junto a Nicolas Berggruen (a su izquierda) y miebros del Think Long Commitee for California del Instituto Berggruen y otras organizaciones que apoyan la ley.

El gobernador de California, Jerry Brown, convirtió en ley con su firma este sábado una propuesta que introduce importantes cambios en el sistema de democracia directa del Estado. La nueva ley tiene por objetivo facilitar que se puedan hacer cambios en las iniciativas populares y mejorar la transparencia sobre la financiación que hay detrás de ellas. “La iniciativa popular en California, de un siglo de antigüedad, es una marca de nuestro sistema electoral y hoy damos un importante paso para modernizar y reforzar la democracia directa”, dijo Brown en un comunicado.

En la firma de la ley SB1253, Brown estuvo acompañado por el presidente saliente del Senado de California, Tem Steinberg, autor de la iniciativa, y por Nicolas Berggruen, presidente del Instituto Berggruen, con sede en Los Ángeles, una de las instituciones que han alimentado el debate para mejorar las deficiencias del sistema de democracia directa de California.

La democracia directa de California es una de las más avanzadas del mundo. Básicamente otorga a los ciudadanos el poder de escribir las leyes ellos mismos, y aprobarlas ellos mismos, ignorando a sus representantes. Los proponentes de la nueva legislación se esfuerzan por destacar que los ciudadanos no van a perder un ápice de poder con esta norma (incluso tendrán más días para reunir firmas), sino que tendrán más información a la hora de votar y podrán corregir errores.

Esta ley permite ampliar el debate público de forma que las medidas pueden ser modificadas antes de llegar a la papeleta, evitando consecuencias indeseadas

Nicolas Berggruen, presidente del Instituto Berggruen

Uno de los elementos principales de la nueva norma es la obligación de publicar en Internet información actualizada sobre los 10 mayores donantes a la campaña de una iniciativa, a favor y en contra. Además, introduce un periodo de 30 días de consulta pública al principio del proceso durante el cual los proponentes de una iniciativa la pueden enmendar. El periodo de recogida de firmas se amplía de 150 a 180 días, y por primera vez se da a los proponentes la facultad de retirar una iniciativa.

La ley "mejora el proceso en una forma simple, pero profunda", dijo Steinberg, citado en el comunicado de la gobernatura. "Al permitir al proponente de la iniciativa retirar su medida antes de las elecciones, abre la posibilidad de un compromiso razonable y un mejor resultado entre el gobierno elegido por la gente y la alternativa legislativa popular". Básicamente, al ampliar el periodo de consultas y de firmas se amplía el periodo en el que los legisladores o el gobernador pueden intervenir para, junto con los proponentes, perfeccionar la iniciativa ciudadana o llegar a un acuerdo que permita que se retire. 

Nicolas Berggruen declaró que "la ley SB 1253 refuerza la integridad del proceso de iniciativas, que tiene una influencia única en la vida política de California". "Introduce transparencia en la financiación al tiempo que permite ampliar el debate público de forma que las medidas pueden ser modificadas antes de llegar a la papeleta, evitando consecuencias indeseadas", dijo Berggruen.

Esta ley hace mejoras de sentido común que ayudarán a los votantes a entender qué significan sus votos y les permitirá tomar decisiones informadas

Ronald George, miembro del Think Long Committee for California del Instituto Berggruen

"Demasiado a menudo, las medidas de la papeleta son confusas y están mal escritas, pero no hay ninguna oportunidad para los que las apoyan de hacer ni los cambios más elementales. Esta ley hace mejoras de sentido común que ayudarán a los votantes a entender qué significan sus votos y les permitirá tomar decisiones informadas", dijo Ronald George, miembro del Think Long Committee for California, dentro del Instituto Berggruen de Gobernanza, un think tank con sede en Los Ángeles.

El sistema de democracia directa de California se aprobó en 1911, con el objetivo de dar más poder a los ciudadanos. Desde entonces, los californianos pueden escribir y aprobar leyes en contra del Ejecutivo y el Legislativo, revocar el mandato de cargos electos (el último, el gobernador Gray Davis, al que echaron del puesto en 2003) y rechazar en referéndum leyes aprobadas por sus representantes.

Para presentar una ley a votación es necesario un número de firmas de votantes registrados superior al 5% del número total de votos en las últimas elecciones a gobernador (actualmente, esa cifra es de 504.760 firmas). Para una enmienda constitucional, hace falta el 8%. La Constitución de EE UU, aprobada en 1788, ha sido enmendada 17 veces desde la Carta de Derechos. La Constitución de California, aprobada en 1879, tiene casi un siglo menos de vida y ha sido enmendada más de 500 veces.

Las encuestas siempre han mostrado un gran apego de los californianos por su democracia directa, pero cada vez más estaban de acuerdo en hacer mejoras al sistema

“Originalmente, el sistema fue creado para contrarrestar el control de Sacramento por parte de los grupos de interés”, escribía en una columna hace un año para apoyar la reforma el analista político de Los Angeles Times George Skelton. “Sin embargo, en las últimas décadas, se ha convertido en una herramienta de los grupos de interés con dinero cuando no logran abrirse paso en el Capitolio”.

Las encuestas siempre han mostrado un gran apego de los californianos por su democracia directa. Pero cada vez más estaban de acuerdo en hacer mejoras al sistema. Una encuesta del año pasado del Public Policy Institute de California reflejaba que el 84% estaba a favor de una mayor transparencia en la financiación de las campañas electorales de las iniciativas ciudadanas, un 78% a favor de que hubiera un periodo de tiempo para ver si se puede llegar a un acuerdo con el Legislativo antes de poner una iniciativa en la papeleta, y un 77% a favor de un sistema de revisión que permita corregir errores. La ley SB1253, aprobada este sábado, hace las tres cosas.

El mayor exponente del poder ciudadano en California fue la llamada Proposición 13, aprobada en 1978. Fue una iniciativa para frenar la escalada de los impuestos sobre bienes inmuebles. Por el voto ciudadano, el impuesto sobre las casas quedó fijado para siempre en el 1% del último precio de compra. Solo se puede incrementar un 2% al año. Además, impuso que se necesiten dos tercios de ambas Cámaras para poder subir impuestos. Fue una victoria ciudadana. Pero para muchos, es el origen de los problemas fiscales crónicos de California. El gobernador en aquel momento era, curiosamente, el propio Jerry Brown.

En 2008, una propuesta consiguió prohibir el matrimonio homosexual en California al ganar en las urnas con el 52% de los votos. La llamada Proposición 8 provocó un gasto electoral de 83 millones de dólares (39 millones de grupos a favor de la prohibición y 44 millones de grupos en contra), el más alto hasta el momento en la historia del Estado y la campaña más cara de EE UU aquel año exceptuando la elección presidencial. Fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de EE UU, pero la batalla legal hasta llegar a ese punto hizo que las parejas homosexuales no pudieran casarse durante cinco años en California.

En las actuales elecciones hay otro buen ejemplo de grupos de interés peleando en las urnas. Desde hace un mes los californianos padecen un bombardeo de anuncios a favor y en contra de la Proposición 46, que se vota el próximo 4 de noviembre. Se trata de una ley que elevaría los límites de las indemnizaciones que pueden recibir los ciudadanos por malas prácticas médicas. Para los abogados, es una cuestión de justicia con las víctimas. Para los médicos, es un ataque que tendrá como consecuencia un aumento de los precios de los seguros, y por tanto de la medicina, para todos. La guerra en los medios alrededor de la Proposición 46 es mucho más ruidosa que, por ejemplo, la elección a gobernador, que se vota el mismo día.