Raticida, agujas de tejer y trozos de madera para abortar en El Salvador

"Cristina, estás detenida por el asesinato de tu hijo". A esta situación se enfrentan cientos de mujeres en El Salvador por poner fin a su embarazo o, incluso, por sufrir un aborto natural. La ONG Amnistía Internacional (AI) publicó este jueves un informe (Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador) en el que demuestra que las mujeres salvadoreñas recurren a métodos espeluznantes —como ingerir raticida o introducir objetos punzantes como agujas de tejer y trozos de madera por el cuello del útero— para abortar en la clandestinidad puesto que la interrupción del embarazo está prohibida en todos los casos. La ONG, con sede en Londres, exige al Gobierno la despenalización del aborto en caso de violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre. Hoy, 29 mujeres están en prisión cumpliendo penas de hasta 40 años acusadas de homicidio agravado por haber perdido, de una manera u otra, el feto que llevaban dentro. 

"La terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo y se las castiga duramente si se atreven a hacerlo", declaró Salil Shetty, secretario general de AI en El Salvador. Existen varios testimonios en el informe que relatan cómo las condenas fueron dictadas "en ausencia de pruebas".

Entre 2000 y 2011, 129 mujeres fueron procesadas y condenadas a penas de cárcel por haber puesto fin a su embarazo de manera voluntaria e involuntaria, según un informe de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Hoy quedan 29 en prisión y 17 están a la espera de ser indultadas aunque los informes de la Comisión de Evaluación de las presas "son lamentables", según Alejandra Burgos, miembro de la Agrupación. "Si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir", afirmó Shetty.

El informe de 70 páginas refleja el dilema al que se enfrentan las mujeres —incluídas niñas de 10 años— cuando atraviesan un embarazo no deseado, complicado o, en algunos casos, con riesgo para su propia vida. Maryana (que pidió a AI no ser identificada por su nombre real al igual que Cristina) se sometió a un aborto clandestino del que no se recuperó correctamente y estuvo sangrando durante más de 15 días antes de acudir al médico. "Tenía miedo porque los doctores tienen el poder de decidir si te apoyan o te denuncian", relató con miedo a AI. Según el documento los médicos y el personal que colabore en una interrupción del embarazo puede ser condenado a hasta 12 años de cárcel.

Tuvimos una niña de nueve años que dió a luz a los diez. Fue un caso muy difícil. Nos pidió lápices de colores... ¡No entendía lo que le estaba pasando! Relato de un médico a Amnistía Internacional

Según AI, las niñas y adolescentes en El Salvador tienen más posibilidades de ser violadas que las adultas. "Tuvimos una niña de nueve años que dió a luz a los diez", declaró un médico a AI. "Fue un caso muy difícil. Nos pidió lápices de colores y ahí se nos partió el corazón. ¡No entendía lo que le estaba pasando!", añadió. "Los abusos sexuales [explica Burgos al preguntarle por la posibilidad de que una niña de tan solo nueve años se quede embarazada] aceleran la edad del primer período menstrual".

El Salvador, un pequeño país centroamericano de apenas seis millones de habitantes, tiene la mayor tasa de embarazos de adolescentes de toda la región y en 2011 fue, además, el país con más feminicidios del mundo, hoy desbancado por Honduras. Apenas tiene programas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos, según el documento. "Y ofrece cero ayudas para las mujeres embarazadas", denuncia Burgos.

Desde 1998, El Salvador castiga en todas sus formas la interrupción del embarazo. "Antes era más permisiva", sostiene la defensora de los derechos de la mujer. "En 1999 cambiaron la Constitución para 'proteger la vida desde el momento de su concepción' y ahora es muy difícil de volver a modificar". Burgos achaca la rigidez de la legislación a una amplísima mayoría de hombres en el Parlamento (68, frente a 16 mujeres) y al poder económico y político de la ultraderecha salvadoreña. "El actual presidente [Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] al menos ha propuesto a la ONU que emita recomendaciones sobre el tema", explica Burgos algo esperanzada.

El Salvador es uno de los siete países latinoamericanos que prohíben y castigan el aborto junto con Chile —que está intentando flexibilizar la ley—, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. "Y sin duda es el que lo penaliza con más dureza", sentencia Burgos.