La comisión de DD HH mantiene que la matanza de Tlatlaya fue un combate

“Todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”. Aunque la Comisión Nacional de los de los Derechos Humanos emitirá en seis semanas el informe definitivo sobre la matanza de Tlatlaya, el municipio del sur de México donde el Ejército acabó con la vida de 22 presuntos narcos el pasado 30 de junio, el titular del organismo ha descartado este martes, a tenor del relato de algunos testimonios, que las muertes pudieran haberse dado en un contexto diferente. La versión oficial, en un escueto comunicado, informó en su día de que las bajas se debieron a un enfrentamiento armado, pero las declaraciones, hace una semana, de una superviviente de la masacre, dibujaron un escenario muy distinto: la ejecución a sangre fría de 21 detenidos (otro habría fallecido en un tiroteo antes).

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, anunció que la investigación está abierta y que se cuenta con testimonios, peritajes y otras evidencias que son analizadas. La Comisión ha tenido acceso a las necropsias y a testigos y entrevistará a quien haya estado presente en el lugar en caso de ser necesario.

El 17 de septiembre, la revista Esquire publicó el relato de quien sería una de las tres mujeres que sobrevivieron a la matanza y que los militares anunciaron que habían liberado de un secuestro. La testigo negaba al medio haber sido raptada, aseguraba que fue coaccionada durante su detención policial y que los presuntos narcos, vinculados a La Familia según las autoridades, fueron ejecutados a sangre fría por los militares tras su rendición.

A raíz de esta publicación, organizaciones civiles de derechos humanos exigieron el esclarecimiento de los hecho y el propio el Departamento de Estado de EE UU recordó la necesidad de una investigación “fáctica y creíble” por parte de las autoridades competentes.

Cuando sucedieron los hechos el Gobierno no hizo públicas las identidades de los caídos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó el viernes pasado a este diario que disponían de ese testimonio desde hacía semanas, junto al de otros dos supervivientes (dos mujeres que aseguraron haber sido secuestradas). “Los peritos de la Comisión están haciendo su trabajo y se va a solicitar al Ejército que nos entregue un informe sobre los hechos”, afirmaba el segundo visitador general de la Comisión, Marat Paredes Montiel. El organismo también reveló que entre los fallecidos había cinco personas con edades comprendidas entre los 40 y 50 años. Cuando sucedieron los hechos el Gobierno no hizo públicas las identidades de los caídos. El relato oficial afirmaba que un convoy militar que inspeccionaba la zona a las cinco de la madrugada se topó por casualidad con una bodega custodiada por “personal armado” y que este, al ver a los soldados, empezó a disparar.

La investigación está en manos de la Procuraduría (Fiscalía) General de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido acceso a la averiguación previa para la elaboración de su informe. "Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho, y con respeto absoluto a los derechos humanos”, indicó el ministerio público la semana pasada.