Tres detenidos por el atentado terrorista en Chile

Diez días después del bombazo que dejó a 14 heridos en un centro comercial cercano a una estación de metro en Santiago de Chile, la policía ha detenido esta madrugada a tres personas sospechosas de ser autores intelectuales y materiales del artefacto explosivo. “Este hecho representa un paso muy importante porque nos muestra que un trabajo coordinado, profesional y permanente es el camino para aclarar los hechos y castigar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables”, ha señalado la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda, luego de participar en el te deum de la catedral de Santiago con motivo del día nacional de Chile.

Los sospechosos tienen entre 22 y 26 años y todos cuentan con un historial de delitos. El presunto autor material del bombazo sería Juan Flores Riquelme (22), con antecedentes por desórdenes en espacios públicos, hurto y robo con intimidación. Los otros dos detenidos son Nataly Casanova Muñoz (26), que está siendo investigada por dos hurtos simples en 2012, y Guillermo Durán Méndez (22), también con antecedentes por hurto y desórdenes. Los tres fueron apresados en la madrugada en una casa de la comuna de La Pintana, una zona popular y humilde del sur de Santiago, en el marco de un amplio operativo policial que involucró a unos 220 agentes.

El jefe de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán, ha informado que los sospechosos forman parte de “una célula bastante compacta y hermética”, mientras que el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, ha indicado que “es una célula anarquista acotada que puede tener mayores vínculos” y que “pueden tener relación con una serie de atentados”. Guzmán también ha señalado que se realizaron pruebas científicas para llegar hasta los sospechosos y ha adelantado que el Ministerio Público pedirá el máximo de penas.

La Fiscalía no ha descartado que haya nuevos involucrados y, durante toda la jornada, se realizarán nuevas diligencias. Las medidas de seguridad se han extremado en estas fechas en que Chile celebra sus fiestas patrias, puesto que las autoridades temían que los grupos antisistema actuaran en el te deum que se celebra este 18 de septiembre o en la tradicional parada militar de este 19 de septiembre, en que las Fuerzas Armadas desfilan frente a la Presidenta.

Desde que se produjo el atentado del 8 de septiembre, se registran diariamente cerca de siete avisos falsos de bombas

Las detenciones han marcado la jornada en que Chile conmemora su independencia –hasta el domingo el país prácticamente se paralizará–, por lo que la Jefa de Estado y sus ministros participan este jueves de distintas actividades protocolares tanto en La Moneda como en la catedral de Santiago, que en esta ocasión está resguardada con mayores medidas de seguridad. Desde que se produjo el atentado del 8 de septiembre, se registran diariamente cerca de siete avisos falsos de bombas.

Los grupos antisistema, a los que se les atribuye la responsabilidad de los atentados, han instalado unos 209 artefactos explosivos desde 2005, de acuerdo a la estadística oficial con la que trabaja el Ministerio Público. De ellos, 29 se han colocado este año.

El 13 de julio, una bomba estalló de noche en un vagón de metro de la estación Los Domínicos. Aunque no dejó heridos, fue una señal importante para las autoridades: por primera vez los autores atentaron en un lugar público y en un horario todavía hábil. Luego, el 12 de agosto, instalaron una bomba cerca de la primera comisaría de Carabineros, en el centro de Santiago, sin que nuevamente se registraran víctimas. Pero la explosión del 8 de septiembre en el Subcentro, una galería comercial a metros de la estación Escuela Militar, traspasó todos los límites: explotó en un basurero de metal a las dos de la tarde, en pleno horario de comida y en una zona altamente transitada.

Por estos tres hechos, el Gobierno se querelló invocando la Ley Antiterrorista, una normativa que está siendo estudiaba en Chile por considerarse deficiente y obsoleta. En paralelo, el Ejecutivo anunció un proyecto de reforma a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con el objetivo de dotarla de mayores atribuciones que permitan adelantarse y evitar los atentados. En este contexto, se ha abierto un intenso debate sobre la conveniencia de tener agentes encubiertos que permitan infiltrarse en los grupos antisistema.

La principal interrogante que cruza estas detenciones es si la Fiscalía cuenta con una cantidad de pruebas contundentes contra los sospechosos para que no se repita lo que ocurrió en 2012, cuando un seis inculpados por el llamado caso bombasfueron absueltos por la Justicia por investigaciones poco contundentes. Dos de esas personas, Francisco Solar y Mónica Caballero, luego viajaron a España y el 2 de octubre de 2013 atentaron con una bomba contra la Basílica del Pilar de Zaragoza. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, los procesó por terrorismo y señaló en su auto que los chilenos habían eludido un proceso en su país por un error procedimental.